Cada año se producen en la UE más de mil grandes incendios forestales, con un promedio anual de más de 350.000 hectáreas quemadas. Así que tampoco es extraño que el Tribunal de Cuentas Europeo evalúe la manera en que la Comisión y los Estados miembros hicieron uso de la financiación de la UE para abordar la prevención, la preparación y la restauración frente a los incendios forestales.
Así, el reciente informe 16/2025 del Tribunal de Cuentas Europeo constató que la Comisión tenía una visión incompleta del importe de la ayuda de la UE dedicado a medidas relacionadas con los incendios forestales y sobre los resultados obtenidos. Los Estados miembros aumentaron su uso de fondos de la UE para la prevención de incendios forestales, aunque la sostenibilidad a largo plazo de los resultados no siempre estaba garantizada.
Sin embargo, la conclusión más cruda es que la financiación europea de medidas de prevención contra los incendios forestales no siempre se gasta eficazmente sobre el terreno. Tampoco de manera sistemática donde las necesidades y los riesgos son más elevados, ni con una perspectiva a largo plazo, pese a que este enfoque es crucial para obtener resultados tangibles, y de vital importancia, ya que los incendios forestales se han vuelto más frecuentes e intensos en la UE en los últimos años.
En Portugal, por ejemplo, los auditores de la UE observaron que el porcentaje dedicado a la prevención aumentó del 20 % al 61 % entre 2017 y 2022. Del mismo modo, en España, en la zona de Galicia, la prevención ha constituido la mayor parte del presupuesto de incendios forestales desde 2018. Para el Tribunal son señales alentadoras, ya que, en general, los expertos consideran que este cambio hacia la prevención es necesario para reducir la probabilidad de incendios y su impacto.
No obstante, los incendios forestales se han intensificado en los últimos años, tanto en número como en dimensiones. Los auditores no dudan de que el cambio climático influye en esta tendencia. El número de incendios forestales que afectaron a más de 30 hectáreas se triplicó en la UE entre los períodos 2006-2010 y 2021-2024, alcanzando una media anual de casi 1 900 en este último período. Por consiguiente, la superficie afectada también ha aumentado significativamente, hasta una media anual de más de 5 250 km² en los últimos cuatro años. En otras palabras, cada año, el equivalente a la superficie de Cantabria es pasto de las llamas en la UE.
«El refuerzo de las medidas preventivas contra los incendios forestales es sin duda un paso en la dirección correcta», afirmó el miembro del Tribunal responsable del informe Nikolaos Milionis, durante la presentación.
Los auditores consideran que los proyectos seleccionados para recibir fondos de la UE no siempre se centran en ámbitos en los que el impacto será mayor. En algunas regiones españolas, por ejemplo, el presupuesto se repartió entre todas las provincias, independientemente de los riesgos y necesidades. Además, los auditores constataron que algunas de las medidas financiadas se basaban en información obsoleta. En Grecia, por ejemplo, donde la superficie quemada en 2023 fue más del triple de la media anual en el período 2006-2022, la lista de zonas propensas a los incendios forestales tiene más de 45 años. Los auditores observaron que, en Portugal, se dio prioridad a una zona parcialmente inundada para recibir dinero de la UE a fin de luchar contra los incendios forestales. La razón era que el mapa de riesgos no estaba actualizado, por lo que no se tuvo en cuenta que se había construido una presa hacía varios años.
El Tribunal de Cuentas de España actúa con rapidez
En 2021 se registraron 18 grandes incendios forestales (incendios forestales que superan las 500 hectáreas) frente a los 56 de 2022, con un total de superficie forestal afectada de 85.369 hectáreas, frente a las 267.947 hectáreas de 2022. Para paliar los efectos de la situación de emergencia descrita se aprobó el Real Decreto-ley 15/2022 introduciendo modificaciones en la Ley 43/2003, de Montes, en los ámbitos de prevención, extinción y mantenimiento y restauración de los terrenos forestales afectados, entre las que se encuentra la obligación para las Comunidades Autónomas de aprobar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó la semana pasada el Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones del Informe de fiscalización aprobado en 2024 titulado ¿Han adaptado las Comunidades Autónomas de Cantabria y Extremadura sus planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales a las condiciones actuales de expansión y desestacionalización de incendios?
El Tribunal consideró conveniente efectuar una fiscalización de carácter exprés, con objeto de que, en el supuesto de que las Comunidades Autónomas seleccionadas (Cantabria y Extremadura) no hubieran aprobado sus Planes anuales, la puesta de manifiesto de dicha circunstancia por parte del Tribunal en el Informe, con suficiente antelación, pudiera impulsar que se adoptasen las medidas correctoras oportunas.
Los grandes incendios forestales sufridos en el verano de 2025, cuando ya habían concluido las actualizaciones fiscalizadoras, ratifican su oportunidad.
En el Informe cuyas recomendaciones son ahora objeto de seguimiento se constató, en el caso de Cantabria, la inexistencia del citado Plan Anual y en el de Extremadura, que el Plan Anual aprobado carecía de varios de los contenidos establecidos. Por este motivo se incluyeron tres recomendaciones cuyo cumplimiento se ha considerado oportuno comprobar y que constituye el objetivo de la fiscalización aprobada el 25 de septiembre pasado.
El seguimiento de recomendaciones es una herramienta fundamental para la mayor eficacia de la actuación fiscalizadora del Tribunal, más aún en este caso, en el que el informe cuyas recomendaciones son objeto de seguimiento pretendía impulsar la adopción de medidas correctoras.
Principales conclusiones
1. Cumplimiento de la recomendación relativa a la obligación, por parte de la Comunidad Autónoma de Cantabria de elaborar un Plan Anual de Prevención Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en virtud del artículo 48.1 de la nueva redacción de la Ley de Montes. En concreto aprobó los planes correspondientes a 2024 y 2025, publicando ambos en su Boletín Oficial.
La Comunidad Autónoma de Extremadura, como ya sucediera para el año 2023, aprobó los Planes Anuales del Territorio de la Comunidad Autónoma para los años 2024 y 2025.
2. Cumplimiento de las recomendaciones relativas al contenido de los Planes Anuales de Prevención previsto en la nueva redacción de los apartados 4 y 5 del artículo 48 de la Ley de Montes que incluye un contenido mínimo. Aquí, el Tribunal constata que el Plan de Cantabria es menos completo que el extremeño, aunque concluye reconociendo el cumplimiento en gran medida de las tres recomendaciones incluidas en el informe objeto de seguimiento.
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