La política de vivienda como reto

Representantes de la Administración local y autonómica, de las empresas de promoción y construcción de viviendas así como de la banca participaron ayer en una jornada organizada por el Club LA NUEVA ESPAÑA bajo el título “Vivienda. Análisis y soluciones”. Se pasaron revista a los principales puntos de vista y las críticas al escenario actual, con interesante equilibrio político y territorial.

Desde el punto de vista de la fiscalización de los fondos públicos, el seguimiento de las políticas de vivienda que comprometan contratos y subvenciones son una prioridad en todas las Instituciones de control. A nivel nacional, el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 2024- 2027 incluye entre sus objetivos las “grandes políticas” entre las que se encuentra la vivienda pública, que se concreta en el plan anual de fiscalización con un trabajo durante 2026 sobre “Fiscalización de la promoción y gestión de viviendas de protección pública en las comunidades autónomas, ejercicios 2023 y 2024”.

Mientras llega ese informe horizontal, varios Órganos de Control Externo han acometido sus propios informes, por lo general en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Es el caso de la fiscalización de las ayudas a las actuaciones de rehabilitación y de mejora de la eficiencia energética en viviendas de la Sindicatura de cuentas de la Comunidad Valenciana, que busca evaluar la eficacia y coherencia de las medidas de intervención (convocatorias de ayudas) diseñadas por las consellerias. En términos generales, concluye que contribuyen eficazmente al cumplimiento de los principios básicos que regulan el PRTR. También reconoce que no es posible obtener una trazabilidad real del grado de avance en la ejecución de la ayuda a través del sistema de información implantado para el seguimiento de la actuación (CoFFEE).

Piden incluir, dentro de las bases reguladoras de las próximas ayudas convocadas para la rehabilitación, un sistema de indicadores, así como un sistema de gestión interno de que contenga una adecuada pista de auditoría que permita realizar la trazabilidad de cada una de las respuestas de los cuestionarios propuestos en el anexo II de la Orden HFP/1030/2021.

Termina con una alerta: “el riesgo de doble financiación es significativo al coexistir este tipo de ayudas con otras muy similares que cubren parcialmente el mismo tipo de actuación”.

En la Comunidad de Madrid también fue objeto de fiscalización la gestión económico-presupuestaria derivada la aplicación de los fondos estatales a los diferentes programas de subvenciones 2018-2022 en materia de vivienda y su seguimiento. Afectaba a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación como responsable de la elaboración, desarrollo y ejecución de los planes y programas de actuación en materia de vivienda y rehabilitación. Se trata de centros de trabajo sobrecargados, hasta el punto de que el informe incluye una seria limitación por:

“una deficiente colaboración de la entidad fiscalizada, habiendo expresado los responsables de las distintas unidades competentes para la ejecución de los Planes de Vivienda 2018-2022, continuadamente y, únicamente de forma verbal, la imposibilidad de atender las solicitudes, habida cuenta la carga de trabajo que soportan, así como la insuficiente dotación de personal (…) una parte de la documentación se ha entregado de forma masiva (al menos, 795 archivos) sin organizar ni estructurar”.

Pide a la Consejería que “desarrolle de manera eficiente” la aplicación informática para la gestión de las convocatorias referentes a las subvenciones de ayudas al alquiler de vivienda de modo que se subsanen las debilidades descritas a lo largo del Informe y que ya habían sido puestas de manifiesto por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. También incorporar en los Presupuestos anuales y en la Memoria de cumplimiento, los objetivos e indicadores que permitan valorar que la gestión de los recursos se realiza de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y economía.

Por último, debe “reclamar al Estado una cuantía de 7.391.256 euros que ha compensado en exceso”.

Para finalizar el repaso, una referencia a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña que ha publicado el informe sobre la Agencia de la Vivienda de Cataluña, parque de viviendas, ejercicios 2021 y 2022. Se trata de una fiscalización operativa enfocada a valorar la eficacia y la eficiencia del parque de viviendas que administra la citada Agencia, entidad de derecho público encargada de gestionar y ejecutar las políticas públicas de vivienda que son competencia de la Generalitat. En total, el número de viviendas gestionadas por la Agencia era de 21.875 en el ejercicio 2022, más del 80% de las cuales de titularidad pública. Un número de viviendas que el informe califica de “insuficiente para las necesidades de vivienda social” con una tasa de ocupación del 87% en 2022.

Entre sus conclusiones destacamos la inexistencia de contrato programa ni documento alguno de planificación anual, si bien el grado de consecución de los objetivos del programa presupuestario correspondiente, en 2022, es correcto, aunque presenta carencias de elaboración, seguimiento y supervisión. El plazo de entrega de las viviendas disponibles entienden que es razonable.