Nuria Josa Arbonés es Interventora de la Diputación de Girona y una de las profesionales más reconocidas de la fiscalización de fondos públicos. Cuenta con el apoyo de un destacado equipo de funcionarios que son la envidia de todo el sector. Nuria tiene su propio tag en esta bitácora, premio exclusivo para quienes innovan, colaboran y se esfuerzan muy por encima de los demás. Sus presentaciones en cualquier jornada técnica son muy esperadas (la podréis escuchar en Córdoba, en un mes, aunque en su papel directivo y de relator) pues intenta exponer con rigor la situación actual del control junto a las nuevas tendencias que plasman las primeras experiencias.
Por eso no podía faltar en el programa del extraordinario congreso que organizó ayer y anteayer el Consello de Contas de Galicia, en La Coruña para conmemorar los cuarenta años de dos importantes leyes que contribuyeron a construir el actual Estado constitucional español: La Ley 7/85 LRBRL y la creación del propio Consello. Los anfitriones lograron un ambiente entrañable (ya sabéis que” gallegos y asturianos: primos hermanos”) y un programa muy meditado para que nada faltase. En los próximos días intentaremos rescatar algunas ideas que se presentaron en las ponencias.
El panel de Nuria giraba sobre los nuevos enfoques y metodologías de una función interventora que constituye una de las piezas esenciales del control interno en nuestras Administraciones Públicas. Recordó como a lo largo de la historia, ha evolucionado al compás de los cambios normativos y sociales: desde el Estatuto Municipal de 1924 hasta el Real Decreto 424/2017, pasando por la Ley de Bases de 1955 y la Ley de Haciendas Locales de 1988. Cada etapa ha aportado nuevos marcos y herramientas, pero siempre con un objetivo común: garantizar la legalidad, la eficiencia y la buena gestión de los recursos públicos.
Como no podía ser de otra forma, Nuria animó a “repensar nuestro papel en un contexto marcado por la transformación digital, la automatización y la creciente complejidad de la gestión pública, y adaptar el ejercicio del control a la realidad actual”.
En su opinión, la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos sigue siendo el eslabón básico de la labor de los interventores locales. Se trata de verificar aspectos como la existencia de crédito adecuado, la competencia del órgano gestor, la validez de los documentos justificativos o la efectiva realización de la prestación. No obstante, recordó que este modelo tradicional “debe adaptarse a nuevas realidades: actuaciones administrativas automatizadas, tramitación electrónica y exigencia de controles más rápidos, precisos y eficientes”.
Uno de los retos más importantes es “aplicar los principios de buena gestión financiera –eficacia, eficiencia, economía y calidad– no solo a la actividad que controlamos, sino también a la organización de los propios recursos humanos y materiales de las intervenciones. No podemos permitirnos eso de casa de herrero, cuchillo de palo”.
En este sentido, la experiencia de la Diputación de Girona resulta ilustrativa. Allí se han desarrollado proyectos de automatización robótica de procesos (RPA) para la intervención previa en subvenciones en régimen de concurrencia y en contratos menores. Gracias a estos sistemas, un volumen de 5.000 a 6.000 informes anuales puede tramitarse con mayor agilidad, liberando a los equipos de tareas repetitivas y garantizando trazabilidad y uniformidad en los controles.
La ponente señaló el origen del proyecto de robotización en un cambio metodológico en la gestión del departamento de intervención, orientado a incorporar metodologías ágiles y a establecer un sistema de imputación de horas a cada tarea/proyecto. Reconozco que es la primera vez que veo tan claro el dedo en la llaga. El objetivo es disponer de un cuadro de mando que facilite la toma de decisiones y la planificación estratégica.
La adopción de Scrum y Kanban ha supuesto un salto cualitativo en la organización del trabajo: se asignan equipos a iniciativas concretas, se fijan reglas claras de seguimiento y se mantiene un portafolio de tareas/proyectos dinámico y flexible. De esta manera, el departamento no solo gana en eficiencia, sino también en capacidad de adaptación, ofreciendo una respuesta más ágil a los retos de la gestión pública contemporánea.
Paralelamente, el cómputo de horas imputadas a cada tarea/proyecto ha permitido generar indicadores clave de rendimiento que sirven de base para el cuadro de mando. En su opinión, esta información resulta esencial para analizar la productividad real, planificar con mayor rigor y replantear metodologías y herramientas cuando sea necesario. Como consecuencia, se optimiza el uso de los recursos materiales y técnicos del departamento, fomentando una cultura de mejora continua y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Sin embargo, advirtió de que la robotización también plantea límites. En el caso de los contratos menores, “el robot no puede determinar por sí mismo si el crédito presupuestario es el adecuado, ya que esto exige criterio interpretativo”. La solución está en combinar la automatización con inteligencia artificial (IA) entrenada para clasificar económicamente los gastos conforme a la normativa presupuestaria. “De este modo, la máquina no sustituye al interventor, sino que se convierte en un aliado que amplifica su capacidad de análisis”.
Nuria Josa: «La modernización de la función interventora no es una opción»
Su conferencia concluyó con una metáfora incontestable: “Intentar trabajar hoy como interventores sin adaptarnos a las nuevas tecnologías es como querer hacer una videollamada con un teléfono de disco de los años 70”. Podemos marcar números y establecer una comunicación mínima, pero nunca tendremos pantalla, ni compartiremos documentos, ni recibiremos alertas en tiempo real. Lo mismo sucede en el control interno: “si seguimos aferrados a metodologías del pasado, cumpliremos con la función formal, pero renunciaremos a precisión, agilidad y conexión con la realidad actual”.
En fin, su mensaje final fue rotundo: la modernización de la función interventora no es una opción, sino una necesidad para que el control interno siga siendo útil, confiable y legitimador en el siglo XXI.
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