Hoy, la noticia está en la propia noticia. Podía pasar desapercibida como una reseña periodística más en la prensa local, pero queremos destacarla. Ponerla en valor, que decimos algunos pedantes. La Sindicatura de Cuentas ha presentado su informe sobre el Canal Segarra-Garrigues en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida. La síndica Llum Rodríguez, ponente del informe, acompañada de la síndica Maria Àngels Cabasés, profesoa de economía de esa Universidad, han desmenuzado los datos más relevantes de la fiscalización. El acto ha sido presentado por Jordi Graell, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Lleida, y ha tenido lugar el 7 de julio en el Campus de Agrónomos de esa Institución académica.
La síndica ponente ha presentado las principales conclusiones del trabajo realizado, uno de los más exhaustivos que ha acometido la Sindicatura y que da cumplimiento a una resolución del Parlament de Catalunya. El informe abarca desde el año 2002, cuando el Gobierno de la Generalitat autorizó la licitación de la obra, hasta el año 2016, e incorpora datos actualizados en marzo de 2022. De un documento de tal magnitud pueden los estudiantes y profesionales del sector sacar muchas e interesantes conclusiones y justo es destacar que se les haya acercado para darlo a conocer y defenderlo ante los iniciados.
La Sindicatura estima una desviación del coste de la infraestructura respecto a la previsión inicial del 16,5%, de acuerdo con los datos disponibles en marzo de 2022, y certifica también una desviación temporal y de uso, con 11.647 hectáreas en riego respecto a las casi 65.000 previstas después de las modificaciones medioambientales derivadas de sentencias de la Unión Europea. ¿Una desviación importante? Sin duda, pero la labor de los auditores es lograr el convencimiento de su correcta justificación.
Del análisis efectuado por la Sindicatura de la ejecución del Canal Segarra-Garrigues, se ha evidenciado la existencia de desviaciones desde tres vertientes : económica (exceso de costes), temporal (demora en la ejecución) y de uso (superficie que puede ser regada y en riego inferiores a las inicialmente previstas).
Un ambicioso proyecto
El Canal Segarra-Garrigues nació con la finalidad de transformar en regadío las tierras de secano del margen izquierdo del río Segre de las comarcas del llano de Lleida. El Canal se estructura, por un lado, en una red de regulación y transporte con un canal principal para el transporte de agua de 84,76 km de longitud, que une el embalse de Rialb con el de Albagés y, por otro lado, en una red de distribución de regadío para llevar el agua a las fincas, para la que inicialmente se preveía una longitud total de 3.500 km; actuaciones de concentración parcelaria en 45.530 hectáreas; 43 embalses de regulación y 17 estaciones de bombeo y otras actuaciones complementarias como la construcción de 1.500 km de red de nuevos caminos rurales, la red de drenajes y desguaces, 2 líneas eléctricas y la red de abastecimiento de agua potable en alta a 73 municipios.
Como es habitual, los condicionantes medioambientales derivados de la ejecución de diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2007, han comportado cambios significativos en el proyecto inicial, en las superficies de exclusión de riego y en las dotaciones de agua, reduciendo la superficie de riego de transformación y aumentando la destinada a riego de apoyo. En consecuencia, el Canal ha tenido que modificarse para hacer compatible el desarrollo del riego y la conservación de fauna y hábitats, con medidas como la disminución de la dotación y la exclusión del riego en una parte del ámbito afectado. Estas medidas dieron lugar a la necesidad de cambios en el régimen de ejecución de los proyectos, el Plan de explotación y mantenimiento, el régimen de ingresos del adjudicatario para la explotación de las redes de riego, el Plan económico-financiero y el calendario de explotación.
En la construcción y explotación del Canal Segarra-Garrigues participan el Estado, la Generalidad de Cataluña y la Comunidad General de Regantes del Canal Segarra Garrigues. La construcción de la red de regulación y transporte corresponde al Estado, mediante la empresa estatal CASEGA, con la financiación del 50% por parte de la Comunidad de Regantes, que asumió la Generalidad mediante un convenio firmado en el año 2006, sin perjuicio de la posterior repercusión de los costes a los beneficiarios finales.
Como puede verse, es un proyecto complejo en su concepción y en su evolución por múltiples razones. Bueno es que los estudiantes de ingeniería sepan lo que les espera y no salgan corriendo. Felicitaciones por la iniciativa de la Sindicatura y de la Universidad. Ambas cumplen así la misión para la que han sido creadas.
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