Un artículo de Javier Ocaña en la entretenida revista Cinemanía de ese mes de abril recordaba como el Gobernador protagonista de El político (Robert Rossen, 1949), reflejaba la ascensión de un tipo honesto en sus inicios. “Están intentando hundirme”, clamaba “¿Sabe qué? La mierda es una cosa curiosa, se pega a todo el mundo”. Incluso a los honrados. Por eso, todos los esfuerzos son pocos en la lucha contra la corrupción. Entre las herramientas más desinfectantes destaca la normativa sobre transparencia y buen gobierno.

Para comprobar nuestro grado de higiene, acaba de hacerse público es estudio de KPMG titulado “El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas” elaborado a partir de una encuesta entre gestores públicos durante los meses de mayo y septiembre de 2015. La obra pretende ser una reflexión no solo del grado de implantación en las organizaciones públicas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013 y su alcance real.

Entre sus conclusiones destacamos que el 61% de los encuestados considera que la Ley está cambiando la forma de gestionar las Administraciones Públicas, aunque tres de cada cuatro matizan que el impacto está siendo moderado hasta el momento. Cuando se pregunta en qué áreas creen que va a ser más visible su impacto, casi un 30% de las respuestas apuntan a que se dejará sentir en la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Este es el perfil de las entidades integrantes de la encuesta:

• 12% Centro o Dependencia de la Administración del Estado
• 12% Centro o Dependencia de la Administración Autonómica
• 22% Entidad Local
• 33% Organismo o empresa pública
• 2% Fundación
• 9% Universidad
• 2% Consorcio
• 2% Entidades gestoras de la Seguridad Social
• 6% Otros

En relación al buen gobierno en la Administración, casi ocho de cada diez encuestados afirman que su organización dispone de un sistema de control y gestión del presupuesto para prevenir malas prácticas en materia financiera.

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La sociedad civil se ha reinventado

No debemos perder de vista que, junto a esas herramientas, un papel protagonista en el siglo XXI debe tenerlo la sociedad civil madura y democrática. Transparencia Internacional argumentaba recientemente en su blog que “no hay bala de plata para la lucha contra la corrupción” e incorporaba algunas fórmulas que permitirán a los ciudadanos y los gobiernos hacer progresos ese camino: un marco legal fuerte con un sistema judicial independiente y eficaz; cerrar el acceso a los paraísos fiscales como acaba de hacer la UE aprobando la 4ª Directiva sobre blanqueo de dinero exigiendo a los estados miembros registros de los propietarios reales de las empresas establecidas dentro de sus fronteras; reformas en la mejora de la gestión financiera con el fortalecimiento los organismos de auditoría.

Otras dos tienen mucho que ver con la sociedad civil. Por una parte, reconocen que los países triunfantes en la lucha contra la corrupción tienen una larga tradición de gobierno abierto, de libertad de prensa, de transparencia y el acceso a la información. Pero sobre todo, las actuaciones que dan poder a los ciudadanos para hacer rendir cuentas a los responsables públicos. Como reconocía Manuel Villoria junto a miembros de la asociación +Democracia, hace unos días en El País que “en España la sociedad civil se ha reinventado”.

Estos días también se ha hecho público un informe de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) que entre otras cosas presenta (pág. 97) el nivel de conocimiento por los ciudadanos de la Ley de Transparencia. Para nuestra sorpresa, los entrevistados entre 45-54 años son los que en mayor medida afirman conocerla o haber oído hablar de ella (61%). Contrariamente, son los más jóvenes, 18 a 24 años, los que expresan un menor nivel de conocimiento (34%).