Nos encontramos inmersos en un momento social, político y económico dinámico, donde todo se publicita velozmente gracias a las nuevas tecnologías de la información y donde conceptos como objetividad, neutralidad y transparencia cobran más importancia que nunca.

Mercedes Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo, Doctora por la Universidad de León y autora de diferentes libros como “Grupos públicos de sociedades”, “Redes inalámbricas municipales. Nuevo servicio público” o “La Comisión Nacional del Mercado de Valores”, entre otros, trata dichos temas con maestría en su nueva publicación, “Neutralidad de la red: ¿realidad o utopía?” (Marcial Pons, 2014).

En el mundo jurídico que nos desenvolvemos existen normas, leyes, decretos, instrucciones que regulan en su mayoría todas las actividades, servicios, y funciones que podemos desarrollar y/o prestar. No obstante, y a pesar de que de acuerdo a lo reflejado en el estudio realizado por la ITU (Telecommunication Development Sector) afirma que, a finales del ejercicio 2014, existían en el mundo más de 3.000 millones de usuarios en Internet (dos tercios de los cuales se corresponden con usuarios de países en desarrollo), existe una mínima regulación sobre éste extremo. Unas cifras que ratifican que las tecnologías de la información y comunicación siguen siendo el motor de la sociedad actual, razón por la cual se origina un intenso debate sobre el tema.

¿Cuáles son algunos de los pros y contras, por ende, de la mayor regulación del acceso y uso neutral a Internet?

El beneficio principal, de acuerdo a la autora, es la defensa de los derechos fundamentales (intimidad, libertad de expresión y comunicación) ya que “la razón esencial para exigir una adecuada actitud neutral en el tráfico de las redes radica en reconocer que Internet se ha convertido en la actualidad en un medio común donde los ciudadanos manifestamos nuestra personalidad” siendo así mismo un aspecto positivo a destacar la eficacia de Internet en las relaciones privadas.

Por otro lado, y con respecto a los ‘contras’ podríamos mencionar, entre otros, la posibilidad de que las empresas que prestan el servicio de acceso a Internet aprovechen la coyuntura para discriminar en la utilización de sus servicios, la creación de ‘lobbys’ entre grandes empresas que dificulten la incursión de emprendedores en el mercado y como consecuencia de ello la reducción de la investigación e innovación, existencia de un control del tráfico en internet lo que repercute directamente, tal y como apunta Mercedes, en la calidad de la sociedad democrática.

Una de nuestras conquistas democráticas más queridas ha sido la libertad de expresión, un ámbito en que es muy recomendable la lectura de otro reciente libro de Santiago Muñoz Machado, Los itinerarios de la libertad de palabra, (Ed. Crítica, 2013) que también acoge los problemas derivados de la comunicación a través de Internet.

En fin, tras la amena lectura del libro, suscribo la opinión de su autora, que concluye afirmando la necesidad de precisar mejor en la legislación las concretas técnicas para defender la neutralidad de Internet. La aspiración de una Internet abierta y neutral ha sido una de las principales causas de su espectacular desarrollo. La evolución de los mercados y los avances técnicos parecen incidir en esas esenciales características de las redes tan conectadas, no sólo con el desenvolvimiento de la vida actual, sino con la libertad y la igualdad de los ciudadanos. De ahí el intenso debate que existe sobre una mínima regulación de Internet.