
Lo había venido anticipando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los últimos meses. Por eso, no nos ha cogido por sorpresa la noticia con que hoy abre, la edición –papel- en castellano del diario francés Le Figaro. El memorándum (no difundido) de la Comisión Europea con el Reino de España para el rescate de nuestra banca incluiría una clausula para adaptar la jornada de los funcionarios españoles a sus homólogos comunitarios: de 8 a 17 horas.
Han sido variadas las causas de esta medida. La menos importante parece ser el servicio público. El ahorro en costes de calefacción y luz de las oficinas ha acabado por decantar esta crónica anunciada. Se contará con una hora de pausa para comer y otra media hora de descanso, para el cafelito. En total, la jornada de trabajo será de 40 horas, en lugar de las 35 horas que venía siendo lo habitual.
Si los funcionarios cuentan con el complemento de productividad se establece una jornada de 45 horas semanales. Para compensar, el Ministerio estudia la opción de una jornada especial, de siete de la mañana a ocho de la tarde, que permitirá no tener que acudir a trabajar los viernes.
Los sindicatos han dado la voz de alarma y exigido comedores laborales al efecto. También la Patronal Intersindical Nacional de Cafeterías y Horchaterías (PINCHO) ha declarado su abierta discrepancia frente a una medida que “pone en un nuevo riesgo al sector más deteriorado por al crisis”, en alusión a la posible (y lógica) apertura de comedores a precios asequibles., como el inaugurado estos días y que puede verse en la foto:
Más contundente ha sido la nota de prensa de la Federación de Restaurantes de Alto Standing de Ciudades y Aeropuertos (FRASCA) que hace referencia a la imposibilidad de los Altos Cargos para acudir a las habituales comidas de trabajo que, hasta ahora se desarrollaban entre las 15 y las 18 horas y siempre terminaban con generosas bebidas espirituosas, y que ya no podrán celebrarse: “un tentempié a media mañana pone en riesgo centenares de puestos de trabajo en este sector y en el vitivinícola”, concluye.
Para terminar, la sorprendente y dura nota de la Sociedad Ibérica para el ESTudio de la Agilidad (SIESTA) que acudirá en amparo al Tribunal Constitucional por violación del artículo 43CE que impone a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, que estaría en cuestión al suprimir el hispano pigazo diario tras la comida doméstica. Exigirá que se habiliten zonas apropiadas de reposo para los empleados públicos. Estaremos atentos.

Replica a Juan Álvarez Cancelar la respuesta