Las Cortes de Castilla y León designaron la semana pasada a los tres miembros del Consejo de Cuentas y los tres del Consejo Consultivo. El año pasado ya habían modificado la composición de ambos órganos estatutarios y reducido de cinco a tres el número de consejeros. La austeridad manda en la política presupuestaria de nuestras Instituciones. Todavía queda alguna vuelta de tuerca más.
El Consultivo será también resolutivo en contratos
La Ley 1/2012, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, ha creado el nuevo Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, con sede en Zamora. Sus miembros serán los mismos que componen el Consejo Consultivo, no percibirán retribución adicional por ello -«no debiendo originarse aumento alguno del gasto público»- y declarando ambas actuaciones compatibles entre sí. Esto si que es añadir valor a coste cero.
No hace falta tener la bola mágica del mago Merlín para presagiar que la contratación, más pronto que tarde, “se comerá” al consultivo.
Se trata de una institución -el Tribunal de Recursos Contractuales- ya presente en Aragón, Andalucía, País Vasco y Madrid, junto al Central para la Administración del Estado y que a pesar de su reciente implantación, está siendo valorado muy favorablemente por la doctrina académica y profesional, así como por la ciudadanía. Resoluciones oportunas y baratas para las partes y la Administración.
Horarios y jornada
En la citada Ley 1/2012 de CyL se regula también la revisión de la jornada de trabajo – vuelve desde 35 a 37.5 horas semanales- en los distintos ámbitos de la Administración autonómica y que, de acuerdo con su preámbulo, “se entiende imprescindible para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas en una etapa en que la reducción de costes resulta obligada ante la caída de los ingresos”. Las medidas afectan a todo el sector público, en cualquiera de sus ámbitos: administración general y servicios, educación y sanidad. En la práctica: menos interinos.
Se produce así una ”alteración sustancial de las circunstancias económicas que presidieron la firma de los Convenios y Acuerdos que en virtud de esta ley quedan sin efecto” y supone la causa del ejercicio de la potestad excepcional prevista en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del EBEP, que permite “la suspensión o modificación del cumplimiento de los pactos o acuerdos celebrados y firmados”. En fin, que también llegan malos tiempos para el empleado público.
Fiscalizacion.es 
Siempre se dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. El magnífico chiste final nos lo recuerda, oportunamente. Seguimos estando mejor que los empleados del sector privado con la permanente espada de Damocles del ERE.
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La comunidad autónoma de Castilla y León tiene tanta necesidad de un consejo consultivo como de un «tribunal» de recursos contractuales: ninguna. Os invito a leer los dictámenes emitidos y a ponderar su número y la entidad real de las materias que tratan. Son dignos de mejor causa los denodados esfuerzos propagandísticos de su presidente para convencernos de que el cielo caería sobre nuestras cabezas si desapareciera. La atribución al consejo consultivo de la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación es una verdadera argucia de trilero («nada por aquí, nada por allá, miren donde aparece la bolita»). Otro aspecto en el que nadie parece haber pensado es la compatibilidad de ese órgano de recursos contractuales en régimen de «pluriempleo», con las rigurosas exigencias de la Directiva en cuanto a las condiciones y régimen jurídico del órgano que conozca del recurso especial. Miedo me da.
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No solo Castilla y León reduce costes e intenta racionalizar el sector público. Si analizais la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha (DOCA del 29 de febrero) vereis el «recorte de los derechos sociales» que se ha planteado para los trabajadores del sector público de Castilla-La Mancha
Por poneros un ejemplo del «recorte», el personal sanitario de centros de salud de más de 55 años, (para no perder podr adquisitivo, según el acuerdo celebrado en su momento entre la Administración Regional y los Sindicatos) percibía, en el caso de un enfermero, alrededor de 900 euros al mes por trabajar 5 horas semanales por encima de las 35 fijadas en tareas teóricamente asistenciales, sin ningún tipo de control, en la mayoría de los casos, lo que se traducia en la práctica en hacer en esas 5 horas lo que se debería hacer en la jornada laboral.
Sin embargo, los compañeros menores de 55 años debían realizar 4 guardias al mes de 17 horas (eso si, con descanso al día siguiente)
Con todos mis respetos, el que una administración pública con mi dinero y el de todos los que leais este comentario, y también con el de los que no lo lean, pague a alguien una gran suma de dinero por hacer un «trabajo» equivalente (5= 10 en matemática pura, pero sin posible equivalencia en cuanto a la carga de trabajo y de responsabilidad) al de alguien que perturba su vida familiar y social y que sufre la posibilidad de decidir entre la vida y la muerte de una persona, me parece que no es necesario ni comentar.
Entiendo a los gobiernos autonómicos que no se han atrevido a llevar la aplicación de los principios de gestión eficiente hasta sus últimas consecuencias, por el riesgo de un presumible «estallido social» alentado por los Sindicatos, pero sigo pensando que con «mi dinero» no se juega y, gracias a la alocada carrera de irresponsabilidad de TODOS nuestros gobernantes en los últimos años, mi nivel de vida sea en el 2012 equivalente al de 1995-1998.
Sin embargo, también creo que no debemos permanecer indiferentes o expectantes en un momento de tanta gravedad y pedir, como ciudadanos, que se acaben privilegios no justificados, soy funcionario y asumo que soy un privilegiado, tanto de funcionarios como, sobre todo, de políticos, que dejen de existir duplicidades administrativas sin sentido (Defensores del Pueblo u Órganos de Control Externo Autonómicos, por poner dos ejemplos) que no estén justificadas con unos resultados mensurables y, en suma, que cada euro de mis impuestos sirva para crear riqueza en este país, no para hacer viajes de representación a las Chimbambas en clase VIP para hacerse una foto o disfrutar del «ambiente» local como, desgraciadamente, hemos conocido en estos últimos años.
Después de todo este «panfleto» simplemente quiero indicar una cosa; en este país ha existido durante años la posibilidad cierta de controlar el gasto público pero, al parecer, a NADIE le ha interesado. Si eso cambia gracias a la desgraciada situación que atravesamos (6 millones de personas en el paro a finales de año, casi seguro) habrá que reconocer que las crisis pueden tener algún aspecto positivo.
Si todo sigue igual, creo que debemos plantearnos lo del chiste de la época de Franco (España Una, porque si hubiera otra, nos iríamos todos a ella)
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No conozco el curriculum del resto de los miembros de este nuevo Tribunal de recursos contractuales, pero como todos sepan de contratación pública lo mismo que el primero que aparece en la foto…,
Estos Tribunales están teniendo éxito en lugares como Aragón en donde al frente del mismo se ha puerto a personas realmente expertas como Gimeno Feliu. En fin, que más vale que se gasten algo de dinero y lleven a dos buenos técnicos de la Administración de la Junta a resolver los recursos po será un fracaso.
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Desde luego, el de Javier es un «panfleto»; él mismo lo ha calificado.
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En la Comunidad andaluza el Partido Popular sigue esta tendencia. El Candidato Arenas considera que la difícil situación económica por la que atravesamos conlleva que la austeridad llegue «a todos los estamentos públicos».
Asçi, el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, ha ofrecido este viernes a los grupos parlamentarios alcanzar un acuerdo para recortar el número de miembros de los órganos de extracción parlamentarios, al considerar que la difícil situación económica por la que atraviesa Andalucía conlleva que la austeridad llegue «a todos los estamentos públicos de Andalucía».
Arenas, que participado en un acto de campaña en Bailén (Jaén), ha propuesto reducir de siete a cinco los consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de 18 a 12 los del Consejo Consultivo. En lo que se refiere a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, que actualmente cuenta con cinco designaciones políticas, ha planteado que se reduzcan a tres.
Otros órganos de extracción parlamentaria a los que el líder de los ‘populares’ andaluces ha hecho referencia son el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que pasaría de tener once miembros a siete; y el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que reduciría sus miembros a nueve, frente a los 15 con los que cuenta en estos momentos.
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Estos temas los tratan mejor que nadie los humoristas:
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/21/leon/1332360841.html
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