En los últimos años, el Tribunal de Cuentas Europeo ha venido constatando mejoras en el control interno de la Comisión, así como una disminución global de los pagos irregulares. Sin embargo, continúa advirtiendo en sus informes de un elevado nivel de pagos irregulares en ámbitos fundamentales del presupuesto, así como la posibilidad de mejorar aspectos importantes de varios programas y regímenes de gasto de la UE. Por esa razón, acaba de aprobar un interesante y breve documento de apenas diez páginas, que pretende ofrecer una síntesis del contenido esencial de sus recientes informes anuales con el fin de identificar (¡y divulgar!) los principales riesgos y desafíos que plantea una mayor reducción del nivel de irregularidad, así como la mejora de la calidad del gasto de la UE.

Estas son las dos partes del Dictamen 1/2010 aprobado por el Tribunal de Cuentas Europeo el 14 de enero pasado y titulado “Mejora de la gestión financiera del presupuesto de la Unión Europea: Riesgos y desafíos”.

1.- Mayor reducción del nivel de irregularidad

El tribunal ha constatado los mayores niveles de irregularidad en los pagos destinados a cohesión y Ayuda exterior, desarrollo y ampliación, incluida la preadhesión y los programas de vecindad. Además, se ha detectado un elevado nivel de pagos irregulares en el caso del programa marco para investigación y desarrollo tecnológico y de los gastos en desarrollo rural.

Las irregularidades que se producen con mayor frecuencia se derivan de solicitudes no subvencionables presentadas por los beneficiarios o de declaraciones excesivas de costes subvencionables, y del incumplimiento de las condiciones de pago, en particular de las normas de contratación pública.

La Comisión ha declarado en repetidas ocasiones que la “naturaleza plurianual” de los gastos permite detectar y corregir la mayor parte de errores antes del cierre de los programas de que se trate, aunque el Tribunal no lo puede garantizar.

El Tribunal recomienda a la Comisión “esforzarse por desarrollar las correcciones financieras y los mecanismos de recuperación”. No necesita mucho estímulo la Comisión en esta área. Quienes hayan percibido fondos europeos y sufrido las duras fiscalizaciones de los auditores de la Comisión saben de la gran exigencia de sus correcciones financieras (reintegros por  irregularidad) cuando encuentran algún reparo, por nimio que parezca.

A medida que aumentan los controles y disminuyen los porcentajes de error, los costes de control pueden comenzar a sobrepasar los beneficios obtenidos de una mayor reducción en el porcentaje de error, hecho que ha sido reconocido por la Comisión. Para el Tribunal “actualmente, se precisa información de gran calidad sobre los costes de control en los ámbitos de mayor riesgo como base para establecer dónde se sitúa el equilibrio apropiado. y en caso de que no sea posible hallar tal equilibrio, es conveniente reformar o reconsiderar los programas y regímenes en cuestión”.

La simplificación sigue constituyendo una prioridad en la reforma de las normas y reglamentos aplicables a los programas y regímenes de gasto nuevos o existentes, ya que si estas normas y reglamentos son claros de interpretar y simples de aplicar no sólo permitirán disminuir el riesgo de error, sino también los costes de control. Sin embargo, es preciso garantizar que también se dedica la debida atención a los efectos probables en la calidad del gasto de la introducción de la simplificación con el fin primordial de reducir el nivel de irregularidad.

2.- Mejora de la calidad del gasto (Economía, eficacia y eficiencia)

En particular, el tribunal ha venido reflejando en sus informes ejemplos de los ocho problemas siguientes:

– programas y regímenes de gasto que no aporten un auténtico valor añadido europeo;

– objetivos de las políticas demasiado amplios, poco claros o en cierta medida contradictorios;

– instrumentos y recursos en materia de políticas que resultan insuficientes para alcanzar los objetivos fijados;

– falta de una “lógica de intervención” explícita que establezca los vínculos causales entre las actividades financiadas y los efectos previstos;

– criterios de subvencionabilidad demasiado complejos o imposibles de verificar, lo que incrementa los gastos administrativos y el riesgo de incumplimiento, además de debilitar el control y la fijación de metas;

– falta de claridad en la definición de funciones y competencias (problema específico en los ámbitos de gestión compartida y de ayuda al desarrollo), lo que debilita la responsabilidad del proyecto y reduce la eficacia y la sostenibilidad;

– deficiencias en los sistemas de evaluación y seguimiento;

– acceso inadecuado a documentos e información en algunos ámbitos de gestión conjunta vinculados a organismos internacionales, lo que dificulta un seguimiento eficaz;

En definitiva, para seguir desarrollando los avances logrados en la reducción del nivel de pagos irregulares a partir del presupuesto de la UE, el Tribunal entiende imprescindible la simplificación de los marcos legislativos pertinentes, así como unos sistemas de control y supervisión con una mejor relación coste- eficacia.

La mejora de la calidad del gasto debería constituir una prioridad de gran relevancia para las instituciones de la Unión Europea y, por consiguiente, debería convertirse en un objetivo esencial.