La sociedad moderna ha hecho del espectáculo y de la práctica deportiva uno de los aspectos esenciales para comprender nuestra convivencia.

Este escenario de intereses cruzados, con fuerte implicación pública en su organización y financiación, merece una reflexión a raíz de recientes informes de fiscalización de las ayudas a federaciones y clubs.

Las federaciones deportivas son entidades asociativas sin ánimo de lucro, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, que ejercen funciones públicas de carácter administrativo (como agentes colaboradores de la Administración estatal, autonómica y local) y deportivo (organización de las competiciones oficiales, control disciplinario, etc).

No desconozco las miserias internas de las federaciones deportivas minoritarias, cuya administración suele ser un voluntarioso desastre en manos de aficionados, con mejor intención que preparación. Un “curiosu”, decimos en mi tierra, al que pagan sus servicios al margen de cualquier normativa laboral. ¿No hay otra forma de resolver la vida federativa cotidiana?

¡Que difícil es gestionar el deporte!

Con esta tarjeta de presentación, no es extraño que el Consello de Contas de Galicia tuviera serios problemas para encontrar una justificación adecuada (o simplemente: documentada) de la actividad financiera federativa, durante la realización del informe de fiscalización de las ayudas a federaciones y clubs deportivos de los ejercicios 2002 a 2005.

Tras su lectura, la prensa entiende que “la gestión de las ayudas públicas no pudo ser más desafortunada” y se enumeran sus múltiples deficiencias. Pueden mencionarse, como ejemplo, los pagos a directivos y colaboradores (“se aceptaron recibís como justificación válida”) ¿Cómo cobra un árbitro minoritario? Pues, visto lo visto, a tanto alzado y sin ningún soporte justificativo.

Así, muchos colaboradores y profesionales perciben ayudas por su participación en campeonatos o realizan trabajos para las federaciones, de manera continua y con dedicación plena, aunque sin una relación laboral. Se trata de entrenadores, jueces, árbitros o simples deportistas, sobre los que el informe observa lo siguiente:

– Su retribuciones están obligatoriamente sujetas a IRPF, llevando aparejada la retención correspondiente a las actividades profesionales.

– No existiendo relación laboral por cuenta ajena, no pueden percibir dietas ni locomoción en el régimen anteriormente expuesto. No obstante, en función de los términos establecidos, en cada contratación externa, los gastos de locomoción, manutención y estancia en que incurra pueden ser abonados directamente por la federación o el profesional; en este último caso, nos encontraríamos ante la realización de un gasto por cuenta de tercero, cuya reparación por la federación supondría en todo caso un mayor ingreso para el profesional, permitiéndole deducir únicamente los gastos de locomoción, manutención y estancia debidamente acreditados mediante facturas y demás justificantes.

En las federaciones es muy el elevado el porcentaje de la subvención total percibida, detraídas las ayudas a clubs, que supone la percepción de dietas y manutención por parte del personal directivo y colaborador, casi todos sin vínculo de carácter laboral, detectándose la satisfacción generalizada de remuneraciones en forma encubierta en concepto de dietas y locomoción que, además no figuraban debidamente acreditadas, ni resultan admisibles como justificación de la percepción de subvenciones.

Recomendaciones

El trabajo, de 275 páginas recomienda, a la Dirección Xeral do Deporte,  una exhaustiva reforma en el sistema de gestión de esas subvenciones, concretada en nueve recomendaciones, la primera de las cuales hace referencia a establecer de forma precisa el marco jurídico de la actuación de las federaciones deportivas en la gestión de las ayudas.

Para empezar, se reclama una mayor cooperación entre las distintas Administraciones Públicas que asegure una distribución equitativa de las ayudas, evitando la «sobrefinanciación» de algunas entidades en perjuicio de las restantes.

Se considera imprescindible también que antes de asignar una cantidad se estudien las necesidades reales del club o la federación solicitante. En muchos casos, algunas perciben grandes cantidades económicas a través de publicidad, mientras, el pastel de ayudas queda sensiblemente mermado para atender a aquellos que realmente si las necesitan.

Justificación

El consello percibió además graves defectos en las convocatorias de subvenciones. Exige que estas se ajusten a la legalidad y que sean publicadas en plazo las cantidades asignadas a cada solicitante. También pide que se proceda a establecer «con carácter detallado» cuáles son los medios para la justificación del correcto empleo del dinero recibido. Por supuesto, les preocupa la ausencia de certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y sociales. Supongo que, sencillamente: no están al corriente.

También recomienda la implantación de los “modelos de justificación” previstos en el artículo 30.1 de la Ley General de Subvenciones, como la cuenta justificativa, el gasto por módulos o la presentación de estados contables. Asimismo sugiere establecer un modelo simplificado de cuenta justificativa donde se informe de las actuaciones desarrolladas y los ingresos y gastos vinculados.

Una regulación más detallada sería exigible en relación a la naturaleza de los gastos que revisten carácter subvencionable, “limitándolos a los estrictamente afectados a la consecución de finalidades públicas”, dice el informe.

A modo de conclusión

Se trata de la previsible crónica de una auditoría anunciada. Sus resultados son los esperados: precariedad, improvisación, gente con ilusión que administra la miseria, entrampando como puede, año tras año. En Francia, las 90 federaciones deportivas cuentan con 426 empleados (un tercio en fútbol) pero se benefician de la presencia en su seno de 1.700 consejeros técnicos y deportivos, que son funcionarios del Estado, al que cuestan 85 millones de euros al año.

Un reciente informe de la Cour des Comptes de Francia recordaba que 9 federaciones presentaban situación financiera «frágil» (fondos propios inferiores al 10% del activo) y otras 9 estaban en situación «degradada«, es decir, con fondos propios negativos. Pero de eso, hablaremos en la próxima entrada.

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