La responsabilidad contable es enjuiciada, de manera exclusiva, por el Tribunal de Cuentas de España (TCu). Supone uno de los conceptos fundamentales en la construcción de nuestro sector público, que debemos conocer todos los empleados públicos.

Por eso, hay que saludar la publicación de  un nuevo libro “La responsabilidad contable de los gestores públicos y de los perceptores de subvenciones en la jurisprudencia“ (Editorial Reus, 2009. 336 páginas y 29 euros) que presenta de manera práctica sus elementos, con abundante jurisprudencia.

Su autor, Luis Vacas García-Alós, es Magistrado de lo Contencioso-Administrativo y Doctor en Derecho. Ha sido Director de la Sección de Enjuiciamiento del TCu, durante diez años. Como gran experto en la materia, analiza los diferentes aspectos constitucionales y legales de la responsabilidad contable en que pueden incurrir los gestores de fondos públicos y los perceptores de ayudas y subvenciones públicas.

Se trata de un asunto complejo. Hemos tratado algunas de sus aristas en la bitácora, analizando sus principales características en otra entrada.

Es difícil estar al día de las distintas y significativas innovaciones de los tribunales. Al respecto, una buena práctica es leer la memoria del Tribunal de Cuentas, que de manera muy pedagógica (en esta parte) expone las principales novedades de la Sección de Enjuiciamiento, a partir de la página 87. Si gestionas caudales públicos te recomiendo que el lunes (¡en horas de oficina!) le eches un vistazo.

En este sentido, podemos hacer referencia a las Sentencias TCu 4/08, de 1 de abril, 15/08, de 1 de diciembre y 18/08, de 3 de diciembre, en cuanto reconocen la condición de gestores de fondos públicos a los miembros del Consejo de Administración de una sociedad mercantil pública y analizan la responsabilidad contable de éstos cuando tienen delegadas sus funciones en un Gerente. Mirad lo que dice:

Si bien los administradores pueden delegar sus facultades —salvo las que la Ley considera indelegables, entre las que se encuentra la formulación de las cuentas anuales—, dicha delegación no exime a los mismos de responsabilidad por los actos u omisiones de quien ejercita las facultades delegadas, máxime cuando delegaron, no algunas, sino todas las facultades que les eran propias y cuya delegación no estaba prohibida por Ley. A ellos les corresponde la responsabilidad última de la gestión social, sin que sirva como excusa, para desentenderse de dicha responsabilidad, el hecho de que contrataran un Abogado, un Economista y un Auditor para controlar la gestión del Gerente.

El extraneus

Esporádicamente, el Tribunal Supremo corrige la ya tímida evolución de la jurisprudencia contable. Entre las últimas aportaciones, que Luis Vacas comenta en el libro, aprovecho para traer a nuestra bitácora la STS de 17-4-2008. Se trata de una importante sentencia que supuso un jarro de agua fría para las pretensiones del Tribunal de Cuentas (TCu) que había declarado, en 11 de Septiembre de 2001, la “existencia de un alcance en los fondos públicos del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios que se cifra en el importe de ciento veintinueve millones ochocientas treinta y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesetas” señalando los responsables contables directos y condenándoles al pago solidario, incluidos los intereses correspondientes.

En el recurso de casación, que resuelve el Tribunal Supremo, se pretendía ampliar la condena en concepto de responsables contables directos del alcance a  los socios y administradores solidarios de las sociedades y firmas comerciales que se crearon y fueron el instrumento para ocasionar el perjuicio a las caudales públicos, que lo serian solidariamente con los ya condenados.

El TS concluye que sólo pueden ser sujeto de responsabilidad contable aquéllos que tengan la condición de gestores de fondos públicos, sin perjuicio del supuesto especial de los perceptores de subvenciones u otras ayudas del sector público. Lo dice así:

Si se sostuviese la tesis contraria de que la extensión subjetiva de la responsabilidad contable alcanza a cualquier persona, entonces la responsabilidad contable incluiría, en términos generales, la responsabilidad civil de terceros frente a la Administración Pública, con la consiguiente invasión en la esfera de competencias de otros órdenes jurisdiccionales.

Por otra parte, la posibilidad de condenar al «extraneus» en los tipos delictivos específicos previstos para castigar a sujetos activos caracterizados por su especial cualificación, no puede ser aplicable en el ámbito de la Jurisdicción Contable, ante la falta de un precepto específico que permita condenar junto a un cuentadante a un tercero por razón de unos mismos hechos, existiendo concierto de voluntades y un consiguiente alcance de caudales públicos.

Cuenta con un interesante VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado D. Emilio Frías Ponce. Ya sabemos que los votos particulares de hoy son las sentencias del futuro.

Evolución

El Dr. Vacas entiende que los diversos supuestos de exigencia de responsabilidades contables “deben necesariamente adaptarse a ls nuevas realidades derivadas de la gestión publica de nuestros días”. Pone varios ejemplos: la aplicación de las modernas técnicas de auditoría y la extensión de la jurisdicción contable a parcelas de la gestión pública como la actividad financiera derivada de las nuevas contrataciones administrativas, la administración electrónica y las nuevas tecnologías, el medio ambiente y el urbanismo.