Los días 28 y 29 del pasado mes de noviembre he participado en Cuenca (Ecuador) en el curso de Postgrado en Organización, Gestión y Evaluación de Instituciones Públicas que imparten la Universidad Panamericana y la Universidad de Alicante en esa ciudad andina. Se trataba de aprovechar mi última semana de vacaciones para hablar desinteresadamente sobre herramientas de planificación, de indicadores, y de control de gestión.
Allí, he podido conocer la gran polémica suscitada en ese país por la revisión de las condiciones en que se habían suscrito 3.800 millones de dólares de la Deuda Pública de Ecuador durante las últimas tres décadas.
En junio pasado, el Presidente Correa designó una comisión de notables para “auditar” ese proceso histórico, que entregó hace unos días el informe final, de 172 páginas, permitiendo declarar al Presidente de la República del Ecuador su intención de “no pagar algunos tramos de la deuda externa, por ilícitos y corruptos”. No obstante, se tiene cuidado de calificar esa deuda como “ilegítima”, pues la ilegalidad solo la determinan los tribunales. Lo que no es el caso.
El presidente de la citada comisión, Alejandro Olmos, denunció las condiciones exorbitantes en que se obligaba a asumir la deuda: “¡El Ecuador renunció a todas sus defensas del derecho nacional y del internacional!”
En efecto, para recibir el importe de aquellos préstamos, el Estado ecuatoriano debió renunciar a ejercitar derechos tan elementales como la presentación de demandas judiciales o el reconocimiento de que el pago de la deuda debe hacerse prioritario frente a las necesidades de alimentación, salud y educación de su población. Una práctica que exigía, por ejemplo, al Fiscal General de Ecuador, suscribir como propios, los informes que le enviaban los abogados de los prestamistas: “ … solicitándole se sirva emitir dictamen de acuerdo al modelo que se le adjunta”, se decía en un documento.
Otro problema añadido es que sólo el 14% de la deuda se dedicó a pagar proyectos de desarrollo. Y un 80% es sólo un nuevo préstamo para hacer frente a los intereses acumulados … Según la Comisión “el endeudamiento violó los derechos humanos”. En fin, que aumenta el respaldo social a la decisión del gobierno de no hacerse cargo de una deuda.
Brasil es uno de los países acreedores y teme que, a ejemplo del Ecuador, otros países de la región decidan demandar ante la justicia internacional los préstamos que recibieron de organismos brasileños. El Presidente Lula ha retirado su embajador en Quito.
Mientras tanto, Ecuador busca el asesoramiento de un grupo de juristas especializados en derecho internacional para acudir a los tribunales nacionales e internacionales, pues creen contar con suficientes argumentos del derecho internacional como para llevar adelante, e incluso ganar, esos juicios.
La Contraloría General de Ecuador está al margen de todo este proceso que, sin embargo denominan de «auditoría», lo que induce a pensar que se trata de crear un escenario favorable para renegociar la deuda, en un país con unas elevadas bolsas de pobreza.
Hay que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos. (Más)
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