El lunes 28 de enero, Gabriel Álvarez Fernández, Secretario General de la FEMP, (en la foto a la izquierda) inauguró el seminario sobre estabilidad presupuestaria y contabilidad pública. Acompañado por el Vicerrector de Economía de la Universidad de Salamanca, José Ignacio Sánchez Macías, ofreció una conferencia titulada “Retos financieros y presupuestarios de los gobiernos locales” que puso sobre la mesa algunos aspectos críticos de la nueva normativa.

Respecto al reciente Reglamento de estabilidad presupuestaria, Gabriel Álvarez recordó que la Federación Española de Municipios y Provincias propuso, sin éxito, que cuando el incumplimiento de la estabilidad tenga su origen exclusivamente en modificaciones de crédito financiadas con Remanente de Tesorería que se deban a incorporaciones de créditos financiados con remanente de tesorería libre para gastos generales o con recursos afectados generados en ejercicios anteriores, el plan económico-financiero se limitara a poner de manifiesto las circunstancias expresadas.

Abordó también algunos problemas técnicos que plantea la normativa, destacando:

– Diferentes criterios de valoración que aplica el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y regionales de 1995 (SEC-95) en relación con la vigente normativa contable y presupuestaria
– La gran diversidad de Entidades Locales existente y la falta de especialización de los interventores de Administración Local en el campo macroeconómico
– La peligrosa indefinición de algunos de los artículos de la Ley, que podría conducir a interpretaciones diversas

En su opinión, los aspectos más conflictivos de la nueva normativa se refieren a:

– la delimitación del ámbito subjetivo
– la fijación del objetivo de estabilidad
– la medición de la capacidad de financiación.

Por ello, las propuestas de la FEMP buscaban revisar, desde la realidad local, las actuales normas en el contexto del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en lo que se refiere al control de su endeudamiento y analizar las excesivas cargas procedimentales, modulando las mismas de acuerdo con el tamaño de la Entidad Local y su presupuesto, como ya sucede con las “instrucciones de contabilidad”.

Para los grandes municipios pidió:

– La posibilidad de incurrir en déficit tal y como estaba prevista en el borrador de anteproyecto (con la salvedad, eso sí, de que fuera potestativa) para las Entidades locales incluidas el en artículo 111 del TRLHL -se trasladaría a las 56 Diputaciones Provinciales (incluidos los Cabildos y Consejos Insulares)- para las que no se contemplaba tal posibilidad, si bien reconsiderando el porcentaje de déficit establecido en el borrador.

– Evitar la doble regulación a que están sujetos (Ley de Estabilidad Presupuestaria y TRLRHL) para el control sometiéndolos exclusivamente a los preceptos recogidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Para el resto de los municipios, la FEMP propuso:

– La aplicación de los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se realizaría a través de una remisión, en la propia Ley, al cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 53 del TRLHL

– Modular la obligación de remisión trimestral de información a presentar al Ministerio.

– La necesidad de implantar un sistema de costes vinculado a la contabilidad

Disponer de una metodología común para el cálculo de costes supone dotar a los Ayuntamientos de una importante herramienta de gestión de vital trascendencia para:

a) Conocer la situación financiera de los servicios compartidos con otras instituciones pero gestionados y prestados por los propios Ayuntamientos
b) Mejorar la gestión municipal, introduciendo criterios de racionalidad y de eficiencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos,

Por eso, la 9ª Asamblea de la FEMP incluyo en la Resolución Undécima la siguiente declaración:

“La FEMP seguirá impulsando el conocimiento de los costes de los servicios, mediante la aplicación de la metodología común de costes basados en las actividades, así como el establecimiento de indicadores para la comparabilidad, y realizará cuantas actuaciones sean precisas para su consolidación y expansión, así como para la colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado en la realización de recomendaciones.”