El titular lo extraigo del panel inicial del X Congreso Nacional de Auditoría del sector Público moderado por Luis Álvarez Arderius, Jefe de Servicio de Asuntos Económicos y Presupuestarios del Parlamento de Canarias. Participaban como conferenciantes Joan A. Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) y Eduardo Cano Romera, Jefe de Unidad en la Oficina Antifraude Europea (OLAF). El primero participaba en remoto y el segundo presencial como pueden ver en la foto adjunta.
En opinión de Llinares, de nada sirve exigir al ciudadano comportamientos éticos si quienes están en la cúspide del poder no dan ejemplo:
“El marco de la integridad pública en un Estado de derecho es un sistema jurídico que se construye a partir del propósito de quienes gobiernan de cumplir la ley y en consecuencia combatir la corrupción. Son necesarias normas legales seguidas de conductas ejemplares en su firme cumplimiento. Sin normas y sin cultura de cumplimiento es imposible poner fin a las inercias que nos vienen de siglos de abusos y desvíos de poder y de apropiación de lo público en beneficio de intereses privados. Con normas, pero sin cultura de cumplimiento le abrimos las puertas al cinismo social».
Insistió en la forma de luchar contra la corrupción en nuestras administraciones públicas, que pasa por establecer un marco de integridad y medidas de prevención de la corrupción que se articule desde arriba hacia abajo:
«Códigos éticos y de conducta para todos, cargos electos y funcionarios con comités de ética con amplia capacidad de actuación; mapas de riesgos estructurados para fortalecer los puntos débiles; canales de denuncia y alertas que permitan la participación ciudadana y de los propios empleados públicos en la detección de irregularidades e infracciones de la legalidad; sistemas de protección para los alertadores y sobre todo el cumplimiento de la Convención de UN contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2006, estableciendo órganos de prevención y combate contra la corrupción como los que han venido creando algunas comunidades autónomas operando a través de programas y sistemas que ayuden a las administraciones públicas a prevenir, detectar, corregir y perseguir los fraudes y corruptelas donde los haya».
Por su parte, Eduardo Cano de la OLAF recalcó la necesidad de promover la cultura ética y del comportamiento ético en general, insistiendo también en el liderazgo como ejemplo de integridad. Dejó como pautas de reflexión, la existencia de regímenes éticos diferentes según se pertenezca a la plantilla de personal o de Altos Cargos, que además tienen regímenes jurídicos diversos según las instituciones a que pertenezcan. En cualquier caso, marcó como líneas de trabajo futuro afinar y armonizar los sistemas que regulan las actividades profesionales tras el cese en el servicio a la UE, armonizar las reglas sobre obsequios e invitaciones, aumentar el rigor y la transparencia en las declaraciones de intereses financieros de las Miembros de la Instituciones y por ultimo acelerar los procedimientos sancionadores y aumentar su ejemplaridad.
En su opinión, este es el camino para garantizar que el personal y los miembros de las Instituciones Europeas sirven ante todo al interés público, administran adecuadamente los recursos públicos y toman decisiones justas lo que sin duda reforzara la confianza de los ciudadanos en nuestras Instituciones.
Terminó presentando las estadísticas del trabajo de la OLAF en las Instituciones comunitarias, que parecen indicar no existe un problema de corrupción en esas organizaciones (quizás las altas retribuciones ayuden) pues durante los tres años pasados se iniciaron un total de 107 investigaciones de las cuales concluyeron 76.
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