La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha hecho público esta semana el Informe sobre el sector local, 2014. El documento intenta proporcionar una visión global de la última Cuenta General rendida por la Entidades Locales (2014) y, en concreto de su composición, del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del ciclo presupuestario, de la calidad de las cuentas rendidas, así como de la evolución de las magnitudes presupuestarias agregadas.

Se trata de 675 entidades locales (542 municipios, siete entidades locales menores, tres provincias, 64 mancomunidades, dos áreas metropolitanas y 57 consorcios) y 174 entes participados íntegramente por aquéllas (73 organismos autónomos, cuatro entidades públicas empresariales y 97 sociedades mercantiles). Casi la mitad de la población vive en municipios de más de 50.000 habitantes, mientras que hay 386 municipios con población inferior a 5.000 habitantes, en los que apenas se concentra un 9% de la población valenciana.

Rendición de cuentas

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del ciclo presupuestario, el Informe pone de manifiesto un relevante incumplimiento de los plazos, ya que la gran mayoría de las entidades locales no aprobaron su presupuesto dentro del plazo legal (65%), siendo relevante también el número de las que no aprobaron en plazo la liquidación (30%), no elaboraron en plazo la Cuenta General (43%) o no aprobaron en plazo la misma (41%), a pesar de los recordatorios y requerimientos habituales realizados por la Sindicatura.

Sin embargo, el número de entidades que no cumplen su obligación de remitir las cuentas se mantiene en niveles bajos, tal como menciona el Informe, ante la imposibilidad de percibir subvenciones de la Generalitat en el caso de no estar al día en la rendición de cuentas a la Sindicatura. El número de entidades que remitieron sus cuentas en plazo legal es de 540, cuya población representa el 99% de la totalidad de la Comunidad.

La Sindicatura de Comptes ha revisado las cuentas remitidas en soporte informático por las entidades locales a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas. Dichas revisiones se realizan gracias al denominado “motor de reglas” de la Plataforma, que permite detectar incoherencias contables o el incumplimiento de determinados equilibrios presupuestarios. Las entidades locales pueden validar sus cuentas antes de remitirlas, lo cual está permitiendo la reducción de las incoherencias y la detección previa de las incorrecciones.

Como consecuencia de este proceso de validación y revisión, la Sindicatura requirió a 336 entidades para que corrigieran o justificaran las incidencias detectadas. Las más frecuentes son la existencia de un remanente de tesorería para gastos generales negativo, de un resultado presupuestario negativo y la falta de estimación de importes de dudoso cobro en la determinación del remanente de tesorería.

Estados financieros

En cuanto a los agregados, cabe destacar que el remanente de tesorería para gastos generales agregado es positivo en todos los tipos de entidad, destacando los 517.568.150 euros de los ayuntamientos (lo que supone un 11,63% de las obligaciones reconocidas netas) y los 320.444.367 euros de las diputaciones (lo que supone el 42,42% de sus obligaciones reconocidas netas). Sin perjuicio de los ajustes que se podrían derivar de la fiscalización de las cuentas individuales, y del hecho de que existen entidades con remanente negativo (hay ocho municipios con remanente negativo que han tenido, además, un resultado presupuestario negativo en 2014) , las magnitudes mencionadas reflejan una situación del sector globalmente saneada.

En 2014, el resultado presupuestario ajustado de los municipios, siendo positivo, se redujo en un 7,9% con relación al ejercicio anterior y su remanente de tesorería para gastos generales creció un 15,9%, lo que pone de manifiesto que la situación global ha mejorado con relación al ejercicio anterior. Lo mismo ocurre con la reducción del endeudamiento entidades de crédito, tanto a largo plazo (12,9%) como a corto plazo (3,6%), así como la reducción en un 40,7% del saldo de las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (las popularmente conocidas como “facturas en los cajones”) del conjunto de entidades sometidas a contabilidad presupuestaria.