Todos los años, mediado el otoño, se hace público el informe del Tribunal de Cuentas Europeo que fiscaliza anualmente los ingresos y los gastos del presupuesto de la UE (en 2014, un total de 142 500 millones de euros) y emite una opinión sobre la medida en que estos son conformes a las normas y reglas aplicables y las cuentas anuales son fiables.

El presupuesto de la UE es acordado anualmente, en el contexto de marcos financieros de siete años, por el Parlamento Europeo y el Consejo. Por su parte, la Comisión Europea (junto con las demás instituciones y órganos de la UE) es la principal responsable de velar por que el presupuesto se gaste de forma adecuada. Una responsabilidad que es compartida con los Estados miembros en el 80 % del gasto (fundamentalmente agricultura y cohesión).

Este año, el informe correspondiente al ejercicio 2014 emite una opinión sin reservas sobre las cuentas y llegan a la conclusión de que “la recaudación de los ingresos de la UE estaba exenta de errores”. Sin embargo, el porcentaje de error estimado por los auditores, en relación con el gasto fue del 4,4 % (frente al 4,5 % en 2013). No debe entenderse este porcentaje como un indicador de fraude, ineficacia o despilfarro, sino como una estimación de los fondos que no tendrían que haberse abonado al no haberse utilizado con arreglo a las normas de la UE.

Cambio total en los fondos europeos

El informe no parece satisfecho con los aspectos metodológicos de la gestión de los fondos europeos. Así, el TCEu considera que “los responsables de la elaboración de políticas de la UE deben desarrollar un enfoque totalmente nuevo para la gestión del gasto de la UE y las inversiones en el futuro”. En su opinión, la próxima revisión a medio plazo del programa de planificación financiera de la UE ofrece una oportunidad para considerar cuál es la mejor forma de reducir errores y de mejorar el rendimiento global del presupuesto de la UE. Entre tanto, subrayan la necesidad apremiante de que la Comisión y los Estados miembros tomen medidas para gestionar los retrasos financieros que se han acumulado. En algunos Estados, el importe total que aún no se ha declarado de los fondos de la UE representa una parte significativa del gasto anual de sus Gobiernos.

En su Comunicado de prensa, el TCEu recomienda abordar esos frecuentes retrasos de orden financiero acumulados “a fin de liberar fondos y poder utilizarlos donde sean más necesarios”. Algunos Estados miembros tienen dificultades para absorber los fondos europeos que les han sido asignados. La Comisión facilita los fondos a los Estados miembros “sin analizar suficientemente su capacidad para invertirlos”.

Un ejemplo: Galicia

Si vemos el Informe de Fiscalización Fondos Europeos. Ejercicio 2013 del Consello de Contas de Galicia (pág. 212) se reitera, al igual que en anteriores informes de ejercicios que afectan al marco 2007-2013, que los proyectos con financiación europea muestran índices de ejecución dispares entre los diversos departamentos de la Administración Autonómica, siendo además inferiores (en algunos casos “muy inferiores”) a los índices de ejecución general presupuestaria de las diversas secciones o departamentos.

Para solventar estas diferencias y de cara al nuevo marco operativo 2014-2020 pide “evitar los retrasos en las certificaciones o descertificaciones por incumplimiento de condiciones o de plazos y demás anomalías que se vayan detectando y poder así proceder a la resolución de las mismas en un menor espacio de tiempo”.