Manuel Conthe publica hoy en la edición de papel del diario Expansión un elocuente artículo titulado “Casandra en las democracias”. Podéis leerlo en su blog o gastaros un euro comprando el periódico, lo que permitirá mantener los medios escritos. Comienza el eminente economista glosando la obra del exministro Miguel Sebastián “La falsa bonanza” una suerte de autocrítica de los excesos que padeció la economía española en la década 1998-2008. Casi nadie alertó de los peligros que nos venían encima. Recuerda Conthe que “los poquísimos artículos o textos que apuntaban en esa dirección eran despreciados y atacados, algo que me tocó padecer en primera persona desde que el Informe Inmobiliario 2002 del área de estudios del BBVA apuntó la existencia de la burbuja. Hubo voces que directamente abogaron por mi despido. Hablar de la burbuja parecía algo prohibido, estaba mal visto».

Para evitarlo, el libro destaca la importancia de que existan instituciones no electivas que alerten sobre los posibles desequilibrios macroeconómicos, como la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y la Autoridad Fiscal Independiente (AiREF). Razona Conthe que “la escasez de análisis ecuánimes sobre vulnerabilidades latentes y la falta de debate sobre ellas se ve reforzada por la competencia electoral entre partidos y el efecto deletéreo que la franqueza tiene para cualquier político” lo que bautizó como «Síndrome de Van Dyck«, en honor al pintor flamenco cuyos clientes salían retratados más guapos.

La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha sido siempre un ejemplo de cómo hacer bien estas cosas. Hemos venido dejando constancia de ello. Así, en 2010 hablábamos de “finanzas al límite”, en 2009 de “Gastar en tiempos revueltos”, en 2008 “las razones del déficit sanitario” sobre las cuentas del 2007. Está claro que los parlamentos no hicieron bien su trabajo, pues todas las causas del deterioro actual de las finanzas valencianas están en esos informes, incluso resumidas en unas sencillas conclusiones al principio de los cientos de páginas. Así que no nos llamemos a engaño.

La situación sigue siendo crítica

Nuevamente esta semana, el síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha entregado al presidente de les Cortes Valencianas el Informe de Fiscalización del Sector Público Autonómico, en esta ocasión correspondiente al ejercicio 2014. Lo hizo dentro del plazo de seis meses desde la rendición de la Cuenta General y, como viene siendo habitual cada año, es uno de los primeros que se aprueba y publica a nivel nacional sobre el conjunto del sector público autonómico, conteniendo la fiscalización del año inmediatamente anterior. Además, en esta ocasión es también el primero que se publica bajo las nuevas normas de fiscalización ISSAI-ES, adoptadas por el conjunto de órganos de control externo.

El informe concluye con una opinión con salvedades, pues la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2014 se presenta, en general, de acuerdo con los principios contables y con la normativa legal que son de aplicación con las salvedades y limitaciones (muy importantes, eso si) que aparecen convenientemente detalladas: 

a) No ha sido posible verificar el saldo del inmovilizado del balance a 31 de diciembre de 2014, que asciende a 18.610,9 millones de euros, ni su impacto en la cuenta del resultado económico-patrimonial. La contabilización de los colegios y sus equipamientos, construidos por la empresa pública CIEGSA, no ha sido adecuada, estando infravaloradas las cuentas “Otro inmovilizado material” en 2.148,0 millones y “Resultados de ejercicios anteriores” en 2.378,6 millones de euros; los “Resultados del ejercicio” deberían recoger un menor ingreso por 230,6 millones de euros.

b) Las cuentas no recogen 148,5 millones de euros de estimación adicional de los intereses de demora devengados al cierre del ejercicio 2014.

c) La contabilización de los convenios con la Feria de Muestras Internacional y con las universidades públicas supondría un pasivo adicional de 767,9 millones de euros.

d) El epígrafe “Acreedores no presupuestarios” del balance, recoge 432,9 millones de euros correspondientes a “Convenios deuda sanitaria” que deberían reclasificarse a cuentas a largo y corto plazo con entidades de crédito. También debería reclasificarse a largo plazo el saldo de la cuentas “Convenios con universidades públicas” por importe de 388,6 millones de euros.

e) Dentro del epígrafe “Acreedores presupuestarios” del pasivo del balance figura la cuenta 409 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” con un saldo a 31 de diciembre de 1.291,8 millones de euros. De la cantidad anterior 659,3 millones de euros corresponden a la Conselleria de Sanidad y 193,4 millones de euros son ayudas concedidas al amparo del Plan de Vivienda. Si estas obligaciones se hubieran aplicado a los presupuestos de los ejercicios en que se contrajeron, el resultado presupuestario del ejercicio 2014 disminuiría su saldo negativo en 647,6 millones de euros.

f) La memoria de la Cuenta de la Administración es excesivamente extensa (más de novecientas páginas) debido a que incluye información muy detallada sobre asuntos de escasa importancia relativa y, sin embargo, debería completarse con información sobre otros aspectos.

g) Contrato de reafianzamiento con la SGR. Las obligaciones de pago derivadas de las operaciones fallidas de este contrato con la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) no implican el reconocimiento de un activo para la Generalitat, sino que representan un gasto o pérdida que debe contabilizarse en la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio en que se devengan e imputarse al presupuesto cuando sean exigibles. Así, el saldo de 118,3 millones de eurosde la cuenta “Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo” debería darse de baja y pasar 109 millones de euros a gastos de 2014 y los restantes 9,3 millones de euros a resultados negativos de ejercicios anteriores.

h) Están en trámite o pendientes de aprobación 26 liquidaciones anuales de cinco contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral. Al no conocerse los importes definitivos de dichas liquidaciones, no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración.

i) En 2014 se han reconocido derechos netos por 132,3 millones de euros del “Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito”, tributo autonómico que fue anulado por los tribunales. La Sindicatura considera que dichos derechos no debieron ser contabilizados. En el año 2015 se han anulado los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados.

j) La provisión para insolvencias debería incrementarse en 282,2 millones de euros para cubrir la totalidad de los derechos que se estiman de dudoso cobro.

Aunque la Sindicatura no califica la evolución del resultado presupuestario, baste decir que en los últimos ejercicios, ha empeorado paulatinamente desde los -1.965 de 2009 hasta los -4.479 millones de euros del ejercicio fiscalizado. Los ingresos presentan, tras el fuerte descenso experimentado en el periodo 2009-2011, una situación de estancamiento en los últimos años como consecuencia de la crisis económica general “y del deficiente sistema de financiación autonómico, que como viene denunciando reiteradamente la Sindicatura en sus informes penaliza de forma notable a la Comunitat Valenciana”.

El fuerte incremento del endeudamiento en los últimos años es consecuencia directa de esos resultados presupuestarios negativos tan importantes y de la necesidad de su financiación. Además el aumento del endeudamiento en 2014 ha permitido reducir de forma muy importante las deudas con los proveedores respecto del ejercicio anterior. En especial, en los tres últimos años se han aplicado mecanismos extraordinarios de financiación puestos en marcha por el Estado. La financiación total utilizada de los mecanismos extraordinarios estatales ha sido de 23.299,4 millones de euros (10.902,4 millones en 2012, 4.119,5 millones en 2013 y 8.277,5 millones en 2014). Como ya se ha comentado estos mecanismos especiales de endeudamiento deberían sustituirse por la reforma del sistema de financiación autonómico de forma que se dotara a la Comunitat Valenciana con recursos similares a la media del resto de comunidades autónomas.

En relación con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2014 emitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP) el 24 de abril de 2015, indica que el déficit de la Comunitat Valenciana ha sido del 2,35% del PIB, superior al objetivo del 1% establecido por el Consejo de Ministros.

En conclusión …

Si se tuvieran en cuenta el conjunto de las observaciones expuestas, la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014 sufriría los siguientes efectos netos:

– Balance.

• En el activo: las inmovilizaciones materiales aumentarían su importe en 2.148,0 millones de euros, y los deudores y las inversiones financieras temporales disminuirían en 414,6 millones de euros y 118,3 millones de euros, respectivamente.
• En el pasivo: el resultado del ejercicio 2014 aumentaría su importe negativo en 902,7 millones de euros (pasando a -3.984,7 millones de euros); los acreedores financieros a largo plazo y corto plazo aumentarían en 959,5 millones de euros y 389,8 millones de euros, respectivamente, y los acreedores no financieros disminuirían en 821,5 millones de euros a corto plazo y aumentarían en 388,6 millones de euros a largo plazo.

– Liquidación del presupuesto. El resultado presupuestario del ejercicio disminuiría su importe negativo en 522,6 millones de euros, pasando a -3.956,5 millones de euros.

– Memoria. El remanente de tesorería incrementaría su importe negativo en 414,6 millones de euros (pasando a -3.395,3 millones de euros). Los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros aumentarían su importe en 987,6 millones de euros.