Responsabilidad de los auditores

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UE limita la responsabilidad de los auditores

La semana pasada fueron noticia dos sentencias que afectaban a la responsabilidad de compañías privadas de auditoría, como consecuencia de un mal ejercicio de su “lex artis”.

En la primera, Audiencia Provincial de Madrid condena a los auditores que firmaban los informes de auditoría de los ejercicios 1991 y 1992 de PSV, porque no se advertía en ningún caso de la existencia de una situación de crisis financiera inminente que fuera a dar lugar, como así fue, a la suspensión de pagos de la misma.

Como dice el periodista: «había incumplido sus compromisos con los cooperativistas, al haberles privado de la necesaria información sobre la imagen fiel del patrimonio y situación financiera de la sociedad, al no haber advertido a dichos cooperativistas».

La responsabilidad profesional de los auditores es un asunto de una gran relevancia para el sector, en un momento donde las crisis empresariales estan aumentando día a día y comenzaremos a ver más demandas de este tipo. El Gobierno español aun no haya iniciado la transposición de la Octava Directiva, que limita esta responsabilidad en otros países comunitarios, como nos recuerda el titular de prensa que preside hoy esta entrada.

Por otra parte, la prensa económica se hacía eco de otra importante sentencia, en este caso del Tribunal Supremo ( Civil) de 5 de Marzo del 2009 (ponente Antonio Salas Carceller) que ha consolidado la doctrina que impone a los auditores la obligación de responder de todos los daños y perjuicios producidos no sólo a las sociedades auditadas sino también a terceros, como consecuencia de los errores cometidos en sus informes, sin que se tenga en cuenta la responsabilidad que en la comisión de estos errores puedan tener los administradores de la auditada. He aquí un resumen.

STS 5-3-2009

Se pedía declarar la responsabilidad de una firma privada de auditoría por incumplimiento de sus obligaciones contractuales con EUSKAL AIR, S.A, en relación con la emisión del Informe de Auditoría de sus Cuentas Anuales relativas al ejercicio 1.990.

En concreto se exigía al auditor abonar a la masa activa de la Quiebra los daños y perjuicios correspondientes pues:

la demandada había incurrido en responsabilidad con ocasión de la emisión del informe referido y le condenó a abonar a la masa activa de la quiebra de Euskal Air S.A. los daños y perjuicios ocasionados consistentes en la diferencia entre el valor patrimonial, calculado con criterios de empresa en liquidación, de la masa de la quiebra en la fecha de su declaración y el que hubiera tenido en el caso de disolución el día 14 de junio de 1991, fecha de emisión del informes.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia con fecha 5 de mayo de 2003 contra la sociedad de auditoría como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas, en relación con la auditoría.

Dicha sentencia fue confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Álava en Sentencia de 4 de noviembre de 2003

Los auditores formalizaron el recurso de casación que fue desetimado, con los siguientes Fundamentos de derecho:

Primer motivo

En el primero de los motivos del recurso, los auditores denuncian la infracción de lo dispuesto en, en relación con el artículo 1104 del Código Civil . Este motivo resultará desestimado pues el artículo 11.1 de la Ley 19/1988, de 12 julio, sobre Auditoría de Cuentas, según redacción vigente entonces afirmaba «Los auditores de cuentas responderán directa y solidariamente frente a las empresas o entidades auditadas y frente a terceros, por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones», mientras que el artículo 1104 del Código Civil define la culpa o negligencia del deudor en el sentido de «la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar», para añadir a continuación que «cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia».

En el desarrollo del motivo se viene a negar que la auditora incurriera en responsabilidad por culpa o negligencia en la emisión del citado informe.

Dicha responsabilidad nace para los auditores, según dispone el artículo 11.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas , del “incumplimiento de sus obligaciones” que en este caso presentan un aspecto técnico por lo que están representadas por el cumplimiento de las reglas del arte o profesión (lex artis).

La sentencia impugnada se refiere a dicho “incumplimiento” en su extenso fundamento de derecho primero en los siguientes términos: «… no se puede aceptar que el informe de auditoria diera una plena y correctísima información respecto de la marcha de la ampliación de capital, y, frente a tal tesis, la sentencia [de primera instancia] refleja los defectos. La entidad auditoria debería haber reflejado el estado de la ampliación a día 31 de diciembre de 1990, lo que no hizo, e incluso las incorrecciones en la forma de contabilización de la citada ampliación. Así, resumidamente, por reflejar los errores más evidentes se puede indicar que se refleja en el Balance de las Cuentas un capital suscrito de 1.200 millones de pesetas, cuando nunca se llegó a suscribir tal cifra de capital; el informe de auditoria asegura que la SPRI había suscrito 130 millones de ptas. y tal entidad del Gobierno Vasco no había suscrito (ni suscribió nunca) ninguna suma y el informe de auditoria da el visto bueno como activo del patrimonio a una partida de 311 millones de ptas. en concepto de accionistas (sic) pendiente de suscribir, que, no hace falta ser un experto jurista o economista (basta el conocimiento que puede ofrecer el plan de estudios jurídicos-económicos de una Universidad) para darse cuenta que no es un derecho, activo o fondo propio (es más bien nada)».

No se niega por la Audiencia que el informe ofreciera incertidumbres y reservas ya que, según señala la propia sentencia «el informe contenía aquéllas, pero al final autorizaba las Cuentas Anuales y el informe de gestión y no emitía un informe desfavorable, no reflejaba fielmente lo que ocurría en la sociedad, su mal estado económico. Podía inducir a pensar a muchas personas (accionistas, acreedores, la Administración, etc.) en el mejor de los supuestos para la recurrente que había complicaciones, pero no les advertía en absoluto que estaba incursa en causa de disolución».

Dentro de las cuentas anuales, el balance es el documento contable del que debe resultar, con claridad y precisión, la situación patrimonial de la sociedad al final de cada ejercicio. Pone de manifiesto el estado patrimonial de la sociedad y supone la declaración de conocimiento de los administradores ante los accionistas, pero al mismo tiempo esta declaración no sólo es relevante para los socios, ya que les permite conocer el valor actualizado de sus acciones, sino también para los acreedores sociales, que así podrán conocer la consistencia patrimonial de la sociedad, e incluso para otros terceros que puedan entrar en relación con la sociedad. Por ello las sociedades de capital tienen obligación de depositar y dar publicidad a sus cuentas anuales a través del Registro Mercantil (artículos 218 y ss. TRLSA y 365 y ss. RRM). Como garantía de veracidad y ajuste a las normas de contabilidad, se exige el informe de auditoría que ha de acompañar a las cuentas anuales y que tiene por objeto la verificación y dictamen sobre si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio social (artículo 1.2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas ). Es la propia ley la que determina la forma en que los auditores han de ejercer su función para cumplir dicha finalidad de garantía, de modo que el incumplimiento de sus obligaciones se erige por sí en fuente de responsabilidad profesional (artículo 11.1 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas ) pues supone la falta de diligencia, que les resulta exigible más allá de la normal que se requiere del deudor común según el artículo 1104 del Código Civil. De ahí que en el caso la diligencia en el cumplimiento de la obligación no puede establecerse por remisión a dicho precepto de carácter genérico, que se afirma infringido, el cual está en relación con un modelo de diligencia no especializado o profesionalizado. La propia obligación contraída puede expresar “la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento” salvando el carácter supletorio de la norma (artículo 1104, párrafo segundo ) y en el presente caso ello viene concretamente determinado por la legislación específica que contempla las obligaciones profesionales de los auditores de cuentas.

En consecuencia, el motivo ha de ser desestimado.

Segundo motivo

El segundo motivo de recurso (tambien desestimado) denuncia la infracción de lo dispuesto en el citado artículo 11.1 de la Ley 19/1988, de 12 julio, sobre Auditoría de Cuentas , en relación con los artículos 1101 y 1106 del Código Civil , y se refiere especialmente a la necesidad de cumplida prueba del daño sufrido por la otra parte como requisito ineludible para que, en sede de responsabilidad contractual, nazca el deber de indemnizar.

Se aplica el motivo en su desarrollo a defender que, en este caso, se trata de una genuina responsabilidad contractual nacida de un convenio que ligaba a la quebrada con la auditora sin que, en consecuencia, pueda atenderse a daño alguno derivado para los acreedores que eran ajenos a dicho convenio y al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

Tal conclusión es compartida por el Tribunal Supremo. La responsabilidad profesional que nace para los auditores del artículo 11.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas, según redacción vigente entonces viene definida en la propia ley y se produce frente a las empresas o entidades auditadas y frente a terceros, lo que determina que no se circunscribe a una responsabilidad meramente contractual ya que ninguna relación de tal clase aparece entablada con dichos terceros, como son los acreedores de la sociedad quebrada. Por otro lado, la sindicatura actora representa a la quiebra y con tal carácter defiende los intereses de la masa de acreedores que pueden ser antagónicos o coincidentes con los del quebrado. De ahí que no pueda excluirse, como se pretende en el recurso, la finalidad de reparación del daño causado a los acreedores de la empresa auditada. El artículo 1 de la Ley de Auditoría de Cuentas , establece en tal sentido que «se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de documentos contables, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un informe que pueda tener efectos frente a terceros».

La STS de 14 de octubre de 2008 , tras referirse a la propia Exposición de Motivos de la Ley, según la que «la auditoria de cuentas es, por tanto, un servicio que se presta a la empresa revisada y que afecta e interesa no sólo a la propia empresa, sino también a terceros que mantengan relaciones con la misma, habida cuenta que todos ellos, empresa y terceros, pueden conocer la calidad de la información económico contable sobre la cual versa la opinión emitida por el auditor de cuentas» , dice que «por ello -como señala el considerando 19º de la Directiva 2006/43/C – los auditores, obligados a llevar a cabo su trabajo con la diligencia debida, son responsables de los perjuicios financieros que hayan causado por negligencia. Y, hay que añadir, no sólo frente a quienes a ellos estén vinculados por la relación contractual en cuyo funcionamiento se produjo el deficiente cumplimiento de la prestación, sino también frente a los terceros que se relacionen con la sociedad auditada -como expresamente establecía el artículo 11.1 de la Ley 19/1988 , en la redacción vigente cuando la demanda fue interpuesta-, claro está, siempre que concurran los requisitos precisos para afirmar una responsabilidad extracontractual conforme a las normas generales del Código Civil -a las que se remite el artículo 11.1 citado, en la redacción dada al mismo por la Ley 44/2002, de 24 de noviembre -» ; y añade que «la declarada infracción de las reglas de la “lex artis” por parte de los auditores demandados, aunque no hubiera sido la causa principal de la crisis económica de la sociedad auditada y, por ello, del incumplimiento por la misma de sus compromisos frente a los actores, contribuyó a ese resultado, pues privó a estos, como socios, de la necesaria información sobre la imagen fiel del patrimonio y situación financiera de aquélla».

En este sentido la sentencia impugnada al referirse al daño causado a la propia entidad auditada y también a los acreedores afirma que «la decisión fundamental que se debería haber adoptado inmediatamente es la de disolución de la sociedad auditada, por estar incursa en la causa de disolución consistente en haber experimentado pérdidas que habían dejado reducido su patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital, y la resolución atacada cita el art. 262 del TRLSA , por lo que, resulta obvio que los administradores deberían haber convocado la junta para que adoptara el acuerdo de disolución, como de hecho ocurrió más tarde; cualquier accionista podría haber requerido a los administradores para convocar dicha junta, o incluso cualquier interesado, en fin, entre ellos los acreedores podrían haber interesado la disolución de la sociedad, como también sucedió posteriormente» (fundamento de derecho primero) , a lo cual añade que «en definitiva, tal falta de disolución ordenada de la sociedad en crisis se traduce en la reducción de lo que los acreedores van a poder percibir, detectándose en efecto, frente a la opinión de la recurrente, un daño efectivo, el resultante de la diferencia entre lo que el acreedor hubiera podido obtener de su crédito si se hubiese disuelto de modo diligente y lo que puede obtener ante la negligencia. Este perjuicio real y cierto produce sus efectos directos en el patrimonio social, que se reduce sin necesidad, propagándose luego el perjuicio a los acreedores» ; razonamientos de los que se desprende la inexistencia de vulneración alguna de las normas que se dicen infringidas y que conducen a la desestimación del motivo.

Tercer motivo

El tercero, y último, de los motivos del recurso vuelve a denunciar la infracción de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas , en su redacción originaria, en relación con los artículos 1101, 1106 y 1107 del Código Civil y jurisprudencia que los interpreta, pues de acuerdo con los citados preceptos y con la doctrina del Tribunal Supremo sentada en su aplicación, la responsabilidad por daños exige la cumplida prueba de la existencia de relación de causalidad entre los daños y perjuicios y la conducta o el comportamiento, activo u omisivo, del deudor.

Partiendo de que los únicos daños o perjuicios a considerar serían los sufridos por la sociedad Euskal Air S.A., que “ni desde la teoría de la causalidad adecuada ni desde la doctrina de la imputación objetiva, cabe sentar la existencia de tal relación causal entre el informe de auditoría y la decisión de demorar unos meses la disolución de la sociedad, que fue una decisión deliberada de los administradores sociales, adoptada con perfecto conocimiento de la situación social, mientras intentaban obtener nuevas fuentes de financiación, nuevos accionistas y nuevos capitales”.

El Tribunal Supremo no acepta la afirmación de los auditores recurrentes en el sentido de que “un informe es por sí solo inidóneo para producir un daño salvo los que puedan derivarse de los costos de la actividad necesaria para corregirlos o sustituirlos, pues fuera de tales casos son las propias decisiones tomadas sobre la base de tales informes y de la confianza en su corrección las que los producen”.

Por el contrario, precisamente la actuación errónea basada en dicha confianza es la que se trata de prevenir desde la fijación de un régimen de responsabilidad derivada de la función de auditoría.

Situados en el terreno de la causalidad no puede desconocerse la relación entre el contenido de la auditoría, que omitió la necesaria formulación de un juicio desfavorable sobre el contenido de las cuentas auditadas -el cual era procedente según razona la Audiencia desde la propia valoración de los hechos acaecidos- y el resultado del perjuicio patrimonial producido; relación que en el caso cabe establecer tanto si se parte de la teoría de la “equivalencia o de la condición sine qua non”, como si se atiende a la “causalidad adecuada” o a la “causa eficiente”. Ahora bien, sentada la virtualidad de la causa, es cierto que habrá de atenderse a criterios de imputación objetiva respecto de la actuación que se ha considerado relevante para la producción del daño o perjuicio.

La sentencia del propio TS (civil) de 11 de junio de 2008 establece al respecto que «la determinación del nexo causal entre el acto causante del daño y la actividad del agente a quien se imputa la responsabilidad civil constituye una cuestión de hecho, salvo en el terreno de la llamada imputación objetiva. Esta modalidad de imputación consiste en que, establecida una relación de causalidad física o fenomenológica entre el agente y el resultado dañoso, debe formularse un juicio mediante el cual se aprecia si las consecuencias dañosas de la actividad son susceptibles de ser atribuidas jurídicamente al agente, aplicando las pautas o criterios extraídos del Ordenamiento jurídico que justifican o descartan dicha imputación cuando se ponen en relación con el alcance del acto dañoso particularmente considerado, con su proximidad al resultado producido, con su idoneidad para producir el daño y con los demás elementos y circunstancias concurrentes. Este juicio de imputación se integra en la quaestio iuris [cuestión jurídica] y es susceptible de ser revisado en casación ( SSTS 30 de abril de 1998, 2 de marzo de 2001, 29 de abril y 22 de julio de 2003 , 17 de abril de 2007, rec. 1007/2007 )».

Para el TS “la puesta de manifiesto en el informe de la concurrencia de causa de disolución de la sociedad habría forzado a los administradores a iniciar el procedimiento de disolución (…) además de generar la responsabilidad solidaria de los administradores (…) y se habría advertido a los terceros de la situación de la sociedad con los efectos que ello conllevaría en cuanto a sus relaciones económicas con la misma”.

Tampoco acepta el Triubunal la negación de la responsabilidad de los auditores porque el informe por sí mismo no sea susceptible de causar daño alguno, pues “conduciría en definitiva a la exclusión de responsabilidad derivada del ejercicio de la función de auditoría pues siempre serían otras actuaciones las directamente causantes del daño”. Se desconocería de este modo la propia existencia de “una responsabilidad derivada de la posición de “garante” que la ley les atribuye en relación con el reflejo fiel de la situación patrimonial de la sociedad expresada en las cuentas auditadas, con claros efectos para la propia sociedad y para los terceros”. Una frase rotunda que resume toda la argumentación.

En consecuencia, también este motivo tercero fue rechazado por el Tribunal Supremo, confirmando la responsabilidad profesional de la firma de auditoría, en los términos establecidos por la Audiencia Provincial de Álava.

Plural: 3 comentarios en “Responsabilidad de los auditores”

  1. Estas sentencias que informa Antonio Arias, así como las significativas sanciones que viene imponiendo últimamente a los auditores ejercientes el órgano regulador de la auditoría de cuentas en España (ICAC), hacen presagiar que la disciplina, cultura de la responsabilidad y buenas prácticas profesionales puestas de manifiesto desde hace décadas en el desarrollo de las funciones contable y de control del sector público se van asentando –muy poquito a poco, eso sí- en las distintas actividades económico-financieras del ámbito privado.

    Es hora, pues, de que el mismo rigor y deontología profesional brindados por los garantes de la información económico-financiera del sector público -desde hace tanto ya- sean exigidos también, ni más ni menos, a los profesionales que ejercen la auditoría de cuentas en el sector privado.

    ¿Acaso los accionistas o socios, acreedores y resto de stockholders de las compañías mercantiles –por pocos y/o pequeñas- no son dignos de la misma protección y garantías que la sociedad en su conjunto dispone respecto de la actividad económico-financiera del sector público? … entre otras, pero especialmente, ¿de la calidad de su información contable?

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  2. Caro amigo Antonio:
    A divulgação dessas decisões dos Tribunais Superiores da Espanha, envolvendo a responsabilidade dos auditores no âmbito privado, demonstra a preocupação que há, no momento, sobre a necessidade de regulação, principalmente da atividade econômico-financeira, uma vez que foi a inexistência de regulação do sistema bancário paralelo que levou a eclosão da crise de 2008. Pois, como diz a professora Bridget Hutter, diretora do Centro de Análise de Risco e Regulação da aclamada e reconhecida “London School Of Economics”, “estamos testemunhando grandes erros nos processos de governança corporativa, e isso demonstra que não podemos depender da autoregulamentação das corporações”. Portanto, um dos fatores relevantes da regulação é a responsabilidade profissional dos atos praticados, onde se inclui a responsabilidade dos auditores.

    Um abraço desde Porto Alegre, RS, Brasil.

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