La evidencia en auditoría pública

Aspectos subjetivos de la auditoría pública: “la evidencia”

Manuel Lagarón Comba
Tribunal de Cuentas de España

Algo que quizá resulte paradójico de nuestra profesión es el contexto subjetivo en el que intentamos desarrollar un trabajo que se valora precisamente por su objetividad. En este caso nos referimos al contenido de algunas pruebas de auditoría que nos proponen tanto los Órganos de Control Externo (OCEx), como el Tribunal de Cuentas (TCu) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Si analizamos éstas con detalle, quizá concluyamos que tienen un carácter tan “personal” que podrían generar cierto desconcierto en el auditor que se proponga llevarlas a cabo con ecuanimidad, lo que supone un verdadero acto de fe por parte de quienes deban supervisarlas posteriormente.

Nos referimos a pruebas obtenidas mediante “observación directa de personas y activos”;”testimonios dados a preguntas del auditor”; “estimaciones”; “comparaciones”; “razonamientos efectuados a partir de informaciones disponibles”; “declaraciones del personal de la entidad”; “confianza que merecen la dirección de la entidad y sus empleados”, etc., las cuales no pueden por menos de hacer dudar al fiscalizador, sobre todo si éste no encuentra la manera de sustentarlas adecuadamente, aunque su experiencia y juicio profesional le den plena confianza en su validez para la posterior evaluación.

En este sentido, la auditoría hizo suyo un concepto tan propio del derecho procesal como es el de la evidencia (prueba determinante), el cual está previsto en los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público de los OCEx. Estos establecen que «para fundamentar sus opiniones y conclusiones, el auditor deberá obtener evidencia suficiente, pertinente y válida, mediante la realización y evaluación de las pruebas de auditoría que se consideren necesarias». Por su parte, y de forma similar, se manifiestan las Normas Internas de Fiscalización del TCu y las Normas de Auditoría del Sector Público de la IGAE.

No obstante, por ejemplo, las pruebas materiales relativas al estado y existencia de activos tangibles están concebidas para proceder a la observación e inspección directa de edificios; instalaciones; vehículos; almacenes; equipos informáticos y electrónicos; etc. Sin embargo, por mucho que aportemos evidencias procedentes de terceros, tales como certificaciones u homologaciones, o que comprobemos, valga por caso, que un ascensor suba y baje, que un edificio permanezca en pie, que unos almacenes se mantengan organizados, o que unos equipos informáticos procesen; y pese a que tengamos de la entidad un alto grado de confianza en sus controles internos, eso no garantiza absolutamente que todo aquello funcione de forma idónea.

Tendemos a creer que aplicamos nuestra apreciación objetiva porque nos apoyamos en la objetividad que le presumimos a los demás, pero en realidad, estos han aplicado también su propia subjetividad. Además, nuestra apreciación siempre será puramente personal, en tanto en cuanto se refiere a nuestro modo de pensar o de sentir (o el de terceros) en un momento dado y en relación con un hecho determinado, pero no es el hecho en sí mismo. Como ya hemos señalado, esto no deja de ser a veces una muestra de confianza por parte de quien supervise nuestros trabajos de fiscalización.

La evidencia en audoría pública

Observar los procedimientos y rutinas desarrollados por terceras personas y verificar que tal observación se ajusta a lo previsto en los manuales de procedimiento interno de la entidad es algo que no suele plantear dificultades. Ahora bien, no tenemos ninguna garantía de que la prueba obtenida con nuestra propia observación sea extensible a cualquier momento en el que otro auditor hiciese la misma comprobación. Realmente, no hay certeza de conseguir idéntico resultado.

En cuanto a las preguntas y confirmaciones dirigidas en el marco de una entrevista al personal de la entidad, las respuestas a las primeras, en principio no son suficientemente válidas sin su correspondiente corroboración, aunque por sí mismas tengan valor. Pero si no pudiésemos conseguir dicha corroboración, o sencillamente no considerásemos oportuno pedirla, de nuevo tendríamos que pronunciarnos y consignar lo que expresamente se nos ha respondido. ¿Pero no estará inmerso todo este procedimiento en cierta subjetividad, pese a que nosotros aseguremos que corresponde a una apreciación imparcial?

Por eso nos planteamos cómo, en algunos casos, hacer valer ante terceros la veracidad de las pruebas que en base a nuestra observación directa aportemos al procedimiento fiscalizador, que no sea tan sólo con nuestra propia afirmación. Creemos que también requiere de terceros “hacer fe” basándose en su confianza en nuestro juicio experimentado.

Tomando en consideración todo lo anterior, parece obvio que una parte sustancial de nuestro trabajo se desarrolla en un marco claramente subjetivo. Esto no cuestiona nuestra profesión, en ningún caso; al contrario, siendo intrínseco en ella, y por ser ésta de evidente interés público, la hace relevante. El hecho es saber si, gracias al seguimiento de las Normas y a nuestro buen entender, somos capaces de abstraernos de ello en beneficio de una objetividad razonable.

0 comentarios en “La evidencia en auditoría pública

  1. Estimado Antonio: El principio de equidad se demuestra en la publicidad de toda la información, no se vale que solamente publiques lo que es afín a tu pensamiento y al de tus amigos, y ésto cuestiona no solamente tu bitácora sino la actitud de los que supuestamente están comprometidos con la transparencia y una mejor fiscalización.

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  2. La bitácora de Antonio Arias, me parece, que privilegia la apertura, la reflexión y la crítica. Un sitio que ha superado no convertirse en Orden de la caridad, donde todos están de acuerdo y en paz, pero tampoco en pretexto para conectarse simplemente para chatear. Porque el asunto que nos relaciona en el sitio es el conocimiento. Aunque habría que considerar la forma de darle continuidad a los temas esenciales, a los puntos divergentes, a las interrogantes en la fiscalización. Por ejemplo, el artículo de La fe pública como instrumento al servicio de la función fiscalizadora, me motivó a escribir El quid de la auditoría pública (mismo que envie el pasado jueves a Antonio), y me encuentro el día de ayer con La evidencia en auditoría pública, lo cual resulta un monólogo, porque es la reiteración de un pensamiento y no se presenta que existe otra opción en el pensar de la fiscalización, además el espacio en comentarios es reducido para expresar las divergencias y las confusiones conceptuales que ejemplifica la concepción de Manuel Lagarón. Por tal motivo, le solicitaría a Antonio Arias publicar primero El quid de la auditoría pública, y después Auditoría pública, bajo sospecha. Y asimismo externarle mis disculpas públicas porque me demuestra su compromiso auténtico con la fiscalización.

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