La "fe pública" como instrumento al servicio de la función fiscalizadora

Mar 7, 2008

Manuel Lagarón Comba. Tribunal de Cuentas de España

Hace algunos años, y en relación con cierto escándalo financiero que tuvo lugar en nuestro país, el presidente de una de las mayores auditoras españolas manifestaba a un periódico nacional: «Lo único que hace el auditor es dar una opinión profesional sobre unos estados financieros preparados y confeccionados por la compañía y dar cierta confianza, cierta seguridad, a los usuarios de esa información […] Los auditores no damos fe pública de nada».

Esta afirmación “no damos fe pública de nada” hizo que nos planteásemos si, por el contrario, los auditores públicos estaríamos conferidos de dicha facultad en el ejercicio de nuestra función; y en el caso de que así fuese, cómo podríamos aplicarla. La verdad es que, tras analizarlo detenidamente, no parece que así sea; si bien no estaría de más disponer de tal atribución, especialmente ahora que la virtualidad gana terreno a la materialidad.

Hoy en día, y bajo el principio de seguridad jurídica garantizado por la Constitución, la fe pública es un elemento previsto como la delegación que el Estado otorga a determinados funcionarios y empleados públicos para dar testimonio por escrito de ciertos actos: éste es el caso de notarios, registradores, secretarios judiciales, entre otros. No obstante, en El AUDITOR DE CUENTAS: un estudio de Derecho administrativo, prologado por el catedrático Javier García de Enterría, la doctora Carmen Fernández Rodríguez afirma: «En la práctica de nuestro ordenamiento, el acercamiento a la tarea estatal de otorgamiento de fe pública sobre los extremos contables es bastante obvio, configurándose de tal modo que la actividad de Auditoría de Cuentas del profesional auditor, si concluimos que exige esa adveración o certeza, se equipara a la función pública de fe pública».

Por otra parte, no hay duda de que nuestra profesión está experimentando un cambio apreciable debido a las nuevas tecnologías y al uso de programas informáticos específicos. Del mismo modo, y en el propio ámbito de la fiscalización, cualquiera es consciente de que se va imponiendo la documentación electrónica y su correspondiente sistema de archivo, siendo éste sustituto del clásico soporte documental en formato de papel al que estamos tan acostumbrados. Esto es lo que, en definitiva, suele denominarse “auditoría sin papeles”; y que obedece a un nuevo estilo de formalizar las operaciones comerciales y financieras, en especial las vinculadas a la Administración (liquidaciones tributarias, formularios del censo, renovaciones de permisos, etc.), lo que paulatinamente disminuye el almacenamiento de evidencias físicas.

Ahora bien, este nuevo tratamiento de la información trae consigo un inconveniente para el fiscalizador, y es que, cada vez nos apoyamos más en registros electrónicos para fundamentar nuestras opiniones y conclusiones. Tales registros, no siempre autenticados mediante firma electrónica, son pruebas documentales, pero no son físicas, siendo a veces complicado materializarlas, aunque estemos en posición de adverar cuanto hemos visto. Por ello, ¿cómo podríamos dar confianza a nuestros Órganos de Gobierno o a cualquier interesado, de que aquello que decimos haber visto realmente, aunque no lo hayamos podido documentar o constatar físicamente, quizá por tratarse de evidencias procedentes de pruebas materiales o testimoniales, podemos confirmarlo con nuestra propia experiencia y buen juicio profesional?

Una respuesta podría estar en aquello que el Derecho civil denomina hacer fe, y que supone que un documento es por sí mismo suficiente para garantizar la verdad de lo que dice o contiene. En este caso, ¿podrían nuestros papeles de trabajo, como tales documentos, formados con el criterio y diligencia profesional establecidos en nuestras normas, constituirse en garantía de fe ante terceros, pese a la ausencia física de pruebas?

Además, si tenemos en cuenta que por razón de ley, tanto los OCEx como el TCu actúan a posteriori, lo que a veces supone inconvenientes técnicos para la recuperación de archivos físicos, nos parecería oportuno, si ello fuera posible, apoyarnos en este instrumento jurídico con vistas a facilitar nuestra tarea; si bien con la cautela y reglamentación necesarias para su adecuada adaptación. De este modo, y por equiparación con otros funcionarios públicos en el ejercicio de sus respectivas funciones, podríamos también gozar de dicho instrumento en la medida en que nuestra profesión parece convertirnos poco a poco en fedatarios, aumentando así la confianza que los demás puedan tener en la labor que desempeñamos.

Tu voto:

Descubre más desde Fiscalizacion.es

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Manuel Lagarón Valoración

Comentarios

Mario Alberto Gómez Maldonado

08/03/2008

Un artículo breve pero sustancioso, refleja en gran parte la problemática de la fiscalización, intentaré analizarlo:

1. La prueba. Se dice que la prueba es la reina en los juicios. Entonces, ¿la ausencia física de pruebas garantizaría la fe ante terceros? Evidentemente la pregunta nos remite al cómo se demuestra una aseveración en auditoría pública, y resulta que por más criterio y diligencia profesional y apego a las normas de auditoría, surge la duda, si verdaderamente existe un método en la auditoría pública o fiscalización. Porque el método es un camino, un orden que nos permitiría demostrar a los terceros el sustento de nuestras afirmaciones, pero se ha reducido a

2. La opinión. Y lo único que hacen los auditores privados es dar una opinión sobre los estados financieros, sin embargo, eso es lo que hace la auditoría privada, no la auditoría pública. El compromiso o responsabilidad del auditor público va más allá de expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Pero esto sigue por lo general sin entenderse, lo que esencialmente le importa a los ciudadanos y a la sociedad es conocer si los fondos públicos se han manejado con probidad, lo demás es un galimatías, y una reiteración que la auditoría pública no termina de adquirir su independencia intelectual.

3. El auditor público es un funcionario de la sociedad, por tal motivo su función pública deriva en fedatario del interés público o social. No es que estaría de más disponer de tal atribución, debería considerarse una condición sine qua non. En tanto, no nos queda más que promover el rescate de lo público, no en démerito de lo privado, pero sí en la determinación de la disciplina que hace posible la evaluación y control de la gestión pública, por tal motivo, la fe pública no es el instrumento al servicio de la función fiscalizadora, es la auditoría pública, y la fe pública es la consecuencia, cuando se ejerciera una fiscalización que obtuviera la credibilidad social.

4. La transparencia. La credibilidad se logra con actos y hechos transparentes. Y en el cambio de actitudes tendríamos que llamar «al pan pan, y al vino vino». Por esto, estimado Manuel Lagarón, celebro tu artículo, pero no contribuyes a la transparencia, cuando ocultas «cierto» escándalo o el nombre de una de las mayores auditoras españolas. Con aprecio, un saludo de, la ciudad de las canteras rosas, Morelia.

Me gustaMe gusta

Responder
JMMU

10/03/2008

Cuando leí el título de la entrada «La “fe pública” como instrumento al servicio de la función fiscalizadora» pensé que ésta estaría dedicada a la importancia que tienen para el auditor público los documentos emanados de los fedatarios públicos administrativos y que sustentan tanto actos como resoluciones de la Administración Pública.

La fiel constancia en los libros y registros de resoluciones de cuantos actos y acuerdos dicta una Administración Pública es una fuente no siempre bien valorada de información sobre la actividad de la misma y con una enorme importancia para el estudios históricos, trabajos de investigación, fiscalizaciones internas y externas, etc.

Todo esto que parece una obviedad nos lanza a la reflexión que realmente apunta la entrada.

¿Son siempre seguros los soportes informáticos o magnéticos donde se contiene hoy día -y cada vez más- en exclusiva la información financiera de las entidades públicas (y privadas)?

¿Ofrecen seguridad ficheros informáticos sin firma electrónica?

¿Serán capaces los equipos informáticos de dentro de veinte años de leer estos archivos con todas sus propiedades?

El historiador que dentro de 200 años quiera estudiar el periodo actual podrá acceder a estos documentos…¿¿¿???

En una Administración Pública que conozco el acceso a la contabilidad hasta una determinada fecha se realiza a través de libros manuales, hasta otra fecha a través de un programa informático que ya no está en uso (y que en cualquier momento puede cascar), y ahora se confeccionan libros de contabilidad en soporte PDF, documentos contables virtuales y con justificantes electrónicos….

Vivimos la contradicción de que en muchos de los documentos confeccionados con impresoras matriciales estos años atrás casi se ha borrado la tinta…mientras que los libros de actas y documentos contables del siglo XIX pueden ser leídos con total nitidez.

A veces, y a pesar de que participo en el proceso de implantación de firma electrónica a un sistema de información contable, tengo la impresión de que nos podemos estar precipitando en nuestro afán de «ahorrar» papel.

Me gustaMe gusta

Responder