La tramitación de la ley de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) produjo ayer la comparecencia en el Parlament del Síndico Mayor catalán, Joan Colom que destacó su apoyo a «cualquier medida que se introduzca para mejorar el uso y el control del uso de los fondos públicos». Asimismo argumentó que la sindicatura detecta irregularidades, «pero no determina si son por negligencia o por fraude», tarea que podría realizar la OAC basándose en el informe de la sindicatura. Cuando la sindicatura detecta responsabilidad penal en una fiscalización, el caso debe trasladarse a la Fiscalía General, no a la Oficina Antifraude.
Sin embargo, Colom reclamó que ese futuro organismo pueda controlar e investigar a los diputados, pues la redacción actual del proyecto de ley no incluye esta atribución y es «el único organismo de su tipo que no ve incluida de forma explícita su competencia para fiscalizar al Parlament y a los parlamentarios», y pidió que se tengan «más en cuenta» los antecedentes de organismos similares ya existentes, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
El Síndico Mayor se declaró «seriamente preocupado» porque la OAC, en su formulación actual, no haría más que solaparse con la propia Sindicatura de Cuentas: «parece difícil que con la creación de otro órgano parlamentario de control, con funciones y procedimientos similares a los órganos ya existentes, se consiga un instrumento más rápido y efectivo en la lucha contra el fraude». Aunque aseguró que acatará la decisión del Parlament, en su opinión, la OAC debería depender de la Fiscalía o de la propia Administración catalana, pero no del Parlament.
LA OLAF europea
El Director de la OLAF es designado, de común acuerdo, por tres instituciones europeas: la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. Dispone de una capacidad de recurso especial ante el Tribunal de Justicia. Cuenta con cincuenta millones de dólares de presupuesto y 350 agentes. La peculiaridad del equipo de investigadores de la OLAF radica en su carácter pluridisciplinar, que permite disponer de un enfoque global e intersectorial (en los ámbitos policial, judicial, financiero, aduanero, agrícola, etc.).
En interación con el Tribunal de Cuentas, en caso de sospecha o de descubrimiento durante los trabajos de fiscalización en las instituciones (incluido el mismo Tribunal de Cuentas), órganos u organismos sometidos al control del Tribunal, de indicios de fraude, de corrupción o de presunta actividad ilegal que pueda afectar a los intereses financieros comunitarios, el consejero responsable la fiscalización lo transmitirá inmediatamente al director de la OLAF.
Cuando la información transmitida por el Tribunal se haya obtenido a través de un informador que desee conservar su anonimato, se deberá notificar a la OLAF para que pueda realizar su investigación de forma apropiada. Esta obligación de cooperar se afirma expresamente tanto si pudiera estar implicado un funcionario, o un Consejero o un Alto Directivo del propio Tribunal de Cuentas Europeo.
Oficina británica anti-fraude
En Europa, muchos países tienen agencias especializadas en la persecución del fraude. Así, desde finales de los años 80, el Reino Unido, cuenta con una Agencia de lucha contra los grandes fraudes (The Serious Fraud Office) cuya memoria señala que recuperaron 17.5 millones de libras durante 2005.
Aunque esta institución sólo persigue fraudes que puedan generar alarma social, superiores a un millón de libras, no le impide reconocer que, a través de pequeñas corruptelas, el presupuesto sanitario pierde entre el 3 y el 8% de sus partidas. Su personal tiene carácter multidisciplinar, aglutina contables, policías, juristas y todo tipo de profesionales. Su director es nombrado por el Primer Ministro, aunque sólo responde ante el Parlamento británico.
La influencia de estas instituciones sobre los estados miembros queda de manifiesto en la actual tramitación en el Parlamento catalán de una Oficina Antifraude de Cataluña. Aquí, la discusión radicaba en su posible dependencia de la Sindicatura de Cuentas o de otras instituciones. Y dentro de estas, del Gobierno o del Parlamento. Depender del ejecutivo planteaba problemas de ejercicio frente a la autonomía local. El proyecto de Ley hizo recaer el nombramiento de su director (para un mandato de seis años) en el Parlamento, a propuesta del Gobierno catalán.
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