La compleja naturaleza del acto de recepción

011Me decían mis maestros académicos que realmente no conoces bien un tema hasta que no escribes sobre él. Tienen toda la razón: como mucho crees que lo conoces. Preparando el material del próximo curso de Recepción de Obras, Suministros y Servicios, me enfrento una nueva cara de este poliédrico tema: la naturaleza jurídica del acto de recepción y su plasmación en el acta respectiva. Es obligado su tratamiento para el análisis ordenado de cualquier concepto jurídico, máxime en un asunto tan relevante.

Recordemos que el TRLCSP en su artículo 222 (y 235 matizado para las obras públicas) exige la constatación del cumplimiento del contrato, “en todo casomediante un “acto formal y positivo de recepción” por parte de la Administración ¿Que clase de acto? Veámoslo.  Seguir leyendo “La compleja naturaleza del acto de recepción”

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¿Debemos exigir en los pliegos de contratación que las personas jurídicas presenten sus proposiciones únicamente de forma electrónica?

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Anteayer compartí con Julio García (UCLM) un panel sobre control interno y externo de la nueva Administración en red, dentro del seminario que organizaba la sede coruñesa de la Universidad Menéndez y Pelayo (UIMP) bajo la dirección de los letrados Carlos G. Otero (USC) y Ana I. Caro (UAM). Dos horas de interesantes reflexiones e agudo debate con un público experto y motivado.

Entre los aspectos que se tocaron encontramos la rendición de cuentas y las estadísticas “calientes” presentadas por la plataforma www.rendiciondecuentas.es tan sólo unos días después de terminado el plazo de rendición de las cuentas municipales que pueden verse en la parte superior de esta entrada.

¿Cómo se explica la gran diferencia existente de porcentaje de rendición local entre los territorios las diversas CCAA? Terminado el plazo para su remisión(31 de octubre en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana o Castilla y León) las diferencias territoriales siguen siendo importantes. A nivel nacional los ayuntamientos pequeños cumplen dignamente en plazo (hasta 500 habitantes, el 61%, de 500 a 1000 el 57,6) mientras que los medianos (entre 5.000 y 50.000 hab.) el 46%. Una diferencia que requiere una explicación sociológica o territorial. Ahí queda.

José Ramon Chaves

Otro aspecto que suscitó cierto debate fue, la coordinación de normativas en relación con las leyes de contratación y de procedimiento. El asunto ya tuvimos ocasión de presentarlo recientemente con José Ramón Chaves durante el taller celebrado en las 34 Jornadas de Gerencia Universitaria. Se trata de la exigencia del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 y su aplicación en materia de contratación pública. ¿Debemos exigir en los pliegos de contratación que las personas jurídicas presenten sus proposiciones únicamente de forma electrónica con la salvedad que quedarán excluidas en caso de no hacerlo dentro de plazo? En Castellón habíamos puesto para debate esta noticia falsa. Parece que la puesta en escena allí fue muy lograda porque más de uno nos comentó al terminar: “no sabía que habían creado la Universidad de Utrera”. Seguir leyendo “¿Debemos exigir en los pliegos de contratación que las personas jurídicas presenten sus proposiciones únicamente de forma electrónica?”

El Estado, sin licitaciones hasta el 2017

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Si, he caído muy bajo con este titular, para captar la atención. Lo sé. Mi idea inicial era poner “El Estado echa la persiana hasta año nuevo”, pero me parecía algo fuerte, como se dice ahora. Al fin y al cabo, esta bitácora es profesional y sus lectores son iniciados en el tema, no escapan de los temas áridos, así que me he moderado. Mi preferida era: “Montoro prohibe las mesas de contratación hasta navidad”.

El asunto que traemos hoy no es otro que … las normas de cierre del ejercicio 2016, que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado sin que los medios de comunicación se enteraran, tan ocupados con los pactos. Si, han leído bien: cierre del ejercicio, eso que siempre fue una práctica otoñal (2014: BOE del 16 de noviembre y 2015: BOE del 27 de octubre). Este año de records olímpicos las normas de cierre del Estado se aprobaron tres semanas después de finalizada la primavera: en el BOE del 16 de julio de 2016. ¿A qué tanta prisa? Veamos su contenido.

Por un lado, tenemos los trámites habituales. La nómina del mes de diciembre debe estar preparado tras el puente de la Constitución y los expedientes de reconocimiento de las obligaciones en las Intervenciones (Delegadas, Regionales y Territoriales) antes del día 15 de diciembre, como también los pagos a justificar.

Sin embargo, el artículo cuarto incorpora una imporatante novedad que acorta cuatro meses la práctica de ejercicios anteriores y supone en la práctica el primer capítulo de los recortes que se nos avecinan. Así, prevé como fecha límite el día 20 julio para el envío a fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las Intervenciones Delegadas, Regionales y Territoriales. El año pasado era el día de los difuntos. Por su parte, los documentos A de autorización de gastos (no sólo del ejercicio corriente sino también de ejercicios posteriores) tendrán como límite de entrada en las Oficinas de Contabilidad el día 28 de julio (¡pasado mañana!) cuando el año 2015 era el 13 de noviembre.

Los Servicios Gestores tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización previa de los expedientes de adquisición de compromisos de gasto a las Intervenciones (Delegadas, Regionales y Territoriales) el día 29 de julio. Este mismo plazo se aplicará, en el caso de que se envíen expedientes a fiscalizar en los que en un único acto administrativo se incluya aprobación y compromiso de gasto. Los documentos D de compromiso de gastos (tanto del ejercicio corriente como de ejercicios posteriores) tendrán como límite de entrada en las Oficinas de Contabilidad el día 8 de agosto. Este mismo plazo computará para el envío de los documentos AD. El año pasado ese límite temporal llegaba al día de Santa Bárbara, el cuatro de diciembre.

Quedan exceptuados unos pocos supuestos que se derivan del cumplimiento de normas legales o reglamentarias, los autorizados y los aprobados por Consejo de Ministros, los que sean necesarios para instrumentar las modificaciones presupuestarias y reajuste de anualidades o “al reajuste del IVA”. No crea que ha descubierto en este último apartado la probable próxima subida tributaria porque es una cláusula que viene de años anteriores.

montoroLa propia norma no oculta en el preámbulo que se adelantan los plazos de tramitación de las operaciones anteriores ante la necesidad de hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria: “Las consecuencias desfavorables que podrían derivarse en caso de incumplimiento hacen necesaria la adopción de medidas que permitan satisfacer las recomendaciones europeas”.

¿Aparecerá una corrección de errores a principios del otoño? Salvados los muebles de la multa europea … ¿Veremos una futura rectificación normativa de tan restrictivas fechas? A la vuelta de agosto lo sabremos.

Protegiendo el núcleo duro de la gestión pública

Chicos nirando tras la valla

La venerable Cámara de Comptos de Navarra es la institución de control más antigua de España y una de las más vanguardistas en sus planteamientos. Goza de un amplio respaldo institucional, que hace al Parlamento Foral solicitar su opinión en multitud de asuntos.

El informe que hoy presentamos ha sido realizado a iniciativa de la propia Cámara de Comptos, que preside Asunción Olaechea desde hace dos meses. El objetivo era cuantificar los gastos relacionados directamente con la informática en la Administración Foral para el periodo 2011-2015, analizar las adjudicaciones de esa contratación -o los encargos a entes instrumentales- así como su correcta justificación, contabilización y pago en un plazo medio inferior a 30 días.

Se trata de un informe que podemos considerar rutinario pero donde los auditores han añadido a ese control de regularidad y de gestión, una reflexión que quiero destacar hoy en la bitácora por su importancia, pues reabre abre un interesante debate conceptual, quizás sin solución: el papel y alcance de las externalizaciones en aspectos esenciales en la Administración.

CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN LA ADMINISTRACIÓN. FORALConcluye el informe (página 21) que, durante las últimas décadas el incremento de necesidades relacionadas con la informática ha obligado a la Administración a recurrir -cada vez más- a contratos con empresas externas y a encargos con entes instrumentales, sin incrementar el personal propio dedicado estas tareas. Esto ha motivado que el conocimiento sobre la mayor parte de los productos informáticos utilizados en la Administración lo tengan estas empresas, “existiendo dependencia de ellos y de sus productos para el desarrollo de la gestión habitual de la actividad”.

Ante el aumento de actividad y la baja tasa legal de reposición de las plantillas, las Administraciones encargaron dicho control a los entes instrumentales. Algo que para los auditores “está suponiendo una pérdida de conocimiento técnico, especialmente en el caso de las contrataciones, sobre la mayor parte de las aplicaciones utilizadas y una cierta descapitalización del factor humano en este ámbito tan relevante para la gestión.”

Esto no ha hecho más que empezar. La entrada en vigor este otoño de las leyes 39 y 40 de procedimiento administrativo y del sector público respectivamente, hará que la tramitación electrónica constituya la manera habitual de actuación la Administración. Todo será electrónico y casi todo será encargado a los grandes contratistas. Un claro riesgo pero una tendencia tan inevitable como eficiente.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en un interesante y reciente documento titulado “Gobierno corporativo y sistemas de información” recuerda el carácter estratégico para las organizaciones de esa gestión tecnológica hasta el punto de recomendar la inclusión de consejeros independientes con experiencia en sistemas de información. Pero la elevada especialización y dinamismo del sector impide a las Instituciones contar con especialistas propios en multitud de áreas de gestión informática, que además utilizan plataformas exclusivas.

Así, los auditores navarros encontraron 3.200 productos informáticos recogidos en el catálogo de la Administración Foral de los cuales 2.408 son sistemas de información y 792 son software estándar. De todos ellos, algunos productos son muy relevantes y animan este debate pues afectan a servicios como el propio portal de transparencia, la historia clínica, la receta electrónica, la gestión ayudas PAC o la gestión de inscripción en Agencias de Empleo.

Aviso final para navegantes (de bandera negra)

El informe se refiere también a la auditoría realizada por Microsoft, que mostró una importante diferencia entre los productos contratados (6.200) y los efectivamente utilizados (12.000). La regularización de esa situación por el Gobierno de Navarra requirió adquirir en propiedad las licencias, lo que originó un gasto de más de 4 millones de euros.