La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana acaba de aprobar el Informe de fiscalización del ejercicio del control interno en las entidades locales, relativo al año presupuestario 2024.
La fiscalización efectuada se ha centrado en la información relativa al ejercicio del control interno en las entidades locales, correspondiente al ejercicio 2024, que los órganos de Intervención debían remitir telemáticamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas hasta el 30 de abril de 2025, y que consiste en:
- Información sobre el ejercicio del control interno en la entidad local.
- Acuerdos de gastos contrarios al criterio de un reparo del órgano interventor.
- Acuerdos y resoluciones con omisión del trámite de fiscalización previa.
- Anomalías en la gestión de ingresos.
Los auditores han analizado estos aspectos en una muestra formada por doce ayuntamientos de más de 30.000 habitantes (Alaquàs, Alcoy, Benidorm, Burjassot, Castellón de la Plana, Catarroja, Crevillent, La Vall d’Uixó, Petrer, San Vicente del Raspeig, València y Villajoyosa) así como la Diputación Provincial de Alicante.
De la información rendida se han obtenido las incidencias más significativas detectadas por los responsables del control interno en el desarrollo de su función. Esto permite efectuar una evaluación de riesgos, tanto de entidades como de las áreas en las que se ponen de manifiesto.
Principales conclusiones
El 58,2% de las entidades locales había rendido la información del ejercicio 2024 prevista en la Instrucción dentro del plazo legal. Este porcentaje alcanza el 80,8% en la fecha de realización de este informe (31 de octubre de 2025).
La cobertura de los puestos de Intervención reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional tiene un alto grado de provisionalidad, ya que los nombramientos con carácter definitivo solo suponían un 50,5% en 2024. Por otro lado, un 79,4% de los órganos de Intervención de las entidades locales consideraba insuficiente la dotación de medios personales y materiales de que disponían.
En términos generales, destaca el bajo cumplimiento en la elaboración del informe resumen anual del control interno, su remisión al pleno de la corporación y a la IGAE, así como la confección del plan de acción por el presidente de la entidad local.
También es relevante la escasa implantación del control financiero en el ejercicio fiscalizado, así como de otras actuaciones de control permanente.
Las entidades que realizaron auditoría pública en alguna o varias de sus entidades dependientes o adscritas alcanzaron el 51,6% en 2024, si consideramos únicamente a lasentidades locales que tenían entidades dependientes, incluyendo en su caso la contratación con firmas privadas de auditoría.
En 2024 hubo 224 entidades que comunicaron la adopción de 7.738 acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe total asociado de 303 millones de euros. Las principales modalidades de gasto que fueron objeto de reparo fueron, por orden de relevancia, los expedientes de contratación, gastos de personal, incumplimientos en la prelación de pagos y otros procedimientos. La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos fueron adoptados por el presidente de la entidad, seguido por el pleno y por la junta de gobierno.
Solo 138 entidades comunicaron la existencia de expedientes con omisión de fiscalización previa en 2024. El número de expedientes ascendió a 3.273, con un importe total asociado de 188 millones de euros. Las causas más frecuentes han sido la falta de tramitación del correspondiente expediente y la utilización incorrecta del procedimiento de contratación.
En el ámbito de los ingresos, 28 entidades, principalmente ayuntamientos, informaron sobre anomalías en un total de 127 expedientes, con un importe asociado de 6 millones de euros. Los impuestos locales, las tasas y los precios públicos fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas.
El informe termina reiterando la necesidad de que las entidades mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido. Se recomienda también, entre otras cuestiones, que no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención. La aplicación del principio de enriquecimiento injusto, reconocido por la jurisprudencia, debería ser totalmente excepcional, debiendo adoptarse las acciones dirigidas a evitar que la incidencia se produzca, así como depurar las posibles responsabilidades que puedan derivarse.
Por último, la Sindicatura pone de manifiesto la necesidad de que se establezcan las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva.
Gracias por comentar con el fin de mejorar