El ocaso de las subvenciones directas

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La Ley General de Subvenciones (LGS) en su artículo 22.2 -que constituye normativa básica del Estado, no lo olvidemos- autoriza tres tipos de subvenciones directas:

  • Las impuestas por una Ley
  • Las nominativas, previstas en los presupuestos del Estado de las CCAA o de las EELL. Aquí caben tanto entidades públicas (por ejemplo, para la Universidad Pública, de acuerdo con la LOU) como privadas (así, para apoyar al equipo de futbol local, si se incluye la correspondiente partida presupuestaria).
  • Las que “acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.

Nuestra doctrina académica y profesional ha criticado -con reiteración- las dos últimas variedades, porque estas prácticas excluyen la concurrencia pública, que es un principio general que debería presidir el otorgamiento de las subvenciones. 

Sin embargo, la clase política parece haber convivido pacíficamente en este escenario de relativa opacidad. Hasta ahora. A la vista de la iniciativa legislativa tramitada en el Congreso, pueden tener las horas contadas y con ellas gran cantidad de asociaciones, fundaciones y entidades privadas; algunas de ellas imprescindibles en el ámbito cultural, social y hasta humanitario, pero que viven del dinero público con poca transparencia y ningún debate social.

Un ejemplo: las subvenciones sindicales en Cataluña

 La Sindicatura de Comptes de Cataluña acaba de hacer público el informe relativo a las subvenciones recibidas por las organizaciones sindicales de esta Comunidad. La fiscalización se ha centrado en las subvenciones recibidas por las cuarenta y seis organizaciones sindicales con diez o más representantes elegidos en Cataluña durante el ejercicio 2009, de acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Trabajo. Para ello pidió información, no sólo a la Generalitat sino también a las corporaciones locales sobre las subvenciones otorgadas o pagadas a estas organizaciones por las propias entidades y por sus entes dependientes, como sociedades, consorcios, fundaciones, etc.

Además, se pidió información a las propias organizaciones sindicales de las subvenciones que habían recibido en cualquiera de sus divisiones territoriales, sectoriales, juveniles, durante el ejercicio fiscalizado, de los Entes indicados en el párrafo anterior.

De las conclusiones destaco una severa crítica más al procedimiento de concesión directa, que la sindicatura fundamenta en su carácter excepcional y por lo tanto “puede atentar contra el principio de igualdad y contra el derecho a la libertad sindical, dado que no se da concurrencia al resto de organizaciones sindicales”. Para ello, se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de febrero de 1985, dictada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra una Ley de Presupuestos Generales del Estado que preveía de forma nominativa el otorgamiento de subvenciones a las centrales sindicales más representativas.

El informe recuerda que estas subvenciones se están otorgando anualmente, en consecuencia podrían gestionarse mediante una convocatoria pública anual. Por último, la Sindicatura reprocha que su otorgamiento tampoco se hizo público posteriormente, tal como establece para las subvenciones de importe superior a 3.000 €, el artículo 18 de la LGS, pues:

estas subvenciones no se pueden considerar nominativas; para que puedan considerarse, en los presupuestos deben quedar perfectamente identificados el objeto de la subvención, la cuantía y el beneficiario de la subvención”.

Plural: 2 comentarios en “El ocaso de las subvenciones directas”

  1. La forma más cómoda para los políticos a la hora de otorgar subvenciones sin convocatoria pública es utilizar la circunstancia prevista en la letra a del apartado 2 del artículo 22 de la LGS y establecer subvenciones nominativas. Según el artículo 65 del RD 887/06, solo adquieren esta condición, aquellas cuyo objeto, dotación y beneficiario aparecen expresamente determinados en los PPGG.
    Las subvenciones con asignación nominativa en los presupuestos se encuentran excluidas de los principios de publicidad y concurrencia y someterlas a dichos principios supondría vulnerar el principio de especialidad cuantitativa de los créditos presupuestarios.(artículo 42 de la LGP)
    Ahora bien, se trata de una excepción a la regla general que ha de regir la actividad de fomento que es la publicidad y la concurrencia en el otorgamiento de subvenciones y como tal, debería quedar acreditado que concurren en cada caso las circunstancias que dificultan la convocatoria pública porque si ésta es compatible con el interés general, debe prevalecer esta vía frente a la excepcional de la subvención directa (José Pascual García, Régimen jurídico de las subvenciones públicas). Tal justificación no está sometida al control previo de legalidad de la Intervención, como ocurre en otros supuestos de concesión directa de subvenciones, dado que estas subvenciones,al igual que otros gastos, están excluidas de la fiscalización previa por establecerlo así la normativa presupuestaria (en el ámbito de la AGE, el artículo 18 del RD 2188/1995)
    En el mejor de los casos, el cumplimiento de este requisito se da por realizado con la inclusión de alguna referencia en la Memoria justificativa de los créditos que debe acompañar el Anteproyecto de Presupuestos Generales.

    Por ello creo que debe aplaudirse que el Pleno del Congreso de los Diputados haya aprobado este pasado 27 de marzo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a acometer una reforma de la Ley de Subvenciones que elimine, con carácter general, las subvenciones nominativas, aumente la transparencia en su concesión y mejore la evaluación de impacto de los fondos públicos empleados, y en especial, que su aplicación sea conforme con las directrices de la política presupuestaria.
    La iniciativa, promovida por el Grupo Popular, y aprobada por 178 votos a favor, 129 en contra y 16 abstenciones, advierte que las subvenciones son una modalidad de gasto público y deben por tanto ajustarse a las directrices de la política presupuestaria.
    Por ello, emplaza al Gobierno a acometer una reforma de la Ley de Subvenciones que, con carácter general, elimine las nominativas, incremente la transparencia en su otorgamiento, ejecución y evaluación de su impacto, y defina criterios homogéneos para su concesión.

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