Empleados autonómicos

Este jueves y viernes (5 y 6 de febrero) se celebra en Granada el XVI Encuentro de Economía Pública (ver portal). Una reunión anual (ver reseña de la anterior edición) con multitud de ponencias relativas a diversos aspectos de interés para los seguidores de esta bitácora: hacienda pública local y autonómica, economía de la educación o de la salud. Una ocasión magnífica para repasar la mejor doctrina nacional sobre estos temas.

Me ha sorprendido la ponencia tituladada «Análisis regional del Empleo Público en España: Especial consideración de los Empleados Autonómicos» de la que son autores J. Salvador Gómez Sala, José Sánchez Maldonado, Carlos Rivas Sánchez y Mª Mercedes Moreno Domínguez, profesores del Departamento de Economía Aplicada  de la Universidad de Málaga. En ella se ofrecen algunos interesantes datos sobre la función pública autonómica, como los que presiden esta entrada: las retribuciones medias por Comunidades Autónomas (CCAA), incluyendo el coste de la seguridad social.

Crecimiento de efectivos y retribuciones

En un lustro, los más recientes servicios transferidos a las CCAA (sanidad y educación no universitaria) han tirado hacia arriba de las retribuciones medias de sus empleados. Ha habido un crecimiento en el número de empleados, claro, que ha propiciado un enconado debate. Sin embargo, es un hecho el aumento del gasto promedio, vía mejora de las pagas extraordinarias o los complementos previstos en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo.

Sólo en Sanidad, el crecimiento de las retribuciones ha sido del 7.7%  como término medio de las CCAA. Véase en el cuadro anterior la retribución media en Navarra y Cataluña.Todos quieren igualarles. Es el efecto inflacionario de la transferencia de servicios a las CCAA.

En los próximos meses, estas cifras nos parecerán un sueño. Con caídas en la recaudación y crecimientos espectaculares del desempleo, va a ser inevitable plantear medidas de choque. Entre ellas, quizás encontremos planes de contención del gasto medio de personal, solidaria con otras áreas presupuestarias generadoras de empleo en el sector privado. Ya no será suficiente con la congelación del sueldo de los Altos Cargos, generalizada en los gobiernos regionales de todo color político.

Respecto al crecimiento del número de efectivos autonómicos, una vez asumidas las competencias educativas y sanitarias, la evolución regional se presenta por los autores de la ponencia en el cuadro siguiente:

Una distribución desigual

La tasa de empleados públicos sobre la población activa en el conjunto de países de la OCDE, durante el año 2006, oscilaba entre el 32% de Noruega y el 8,2% de Turquía. Por su parte, España (con el 15,24%) ocupa el puesto 18 de los 28 países, con la mitad de la tasa que los países nórdicos y a un nivel similar que Estados Unidos o Italia.

Dentro de España, periódicamente aparecen noticias del número de funcionarios. Así, hace unos días se hacía público que en la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2008, por primera vez en la historia estadística aparecían más de tres millones de asalariados en el conjunto de las administraciones (3.029.500). Una cifra relativa que está muy lejos de la situación de Francia, donde ya hemos comentado la política de función púbica del presidente Sarkozy.

En nuestras dotaciones de empleados públicos hay muchas diferencias terrioriales, como puede verse en el cuadro 3.6. El Catedrático de Derecho Administrativo. Andrés Betancor, explicaba estas diferencias en un elocuente artículo de Expansión, titulado «Funcionarios catalanes y empresarios extremeños«. Así, explica las diferencias por el uso de empresas, consorcio y fundaciones públicas. Según el último inventario del Ministerio de Hacienda, Cataluluña cuenta con el mayor número de estos organismos (269) mientras que Extremadura, muy ortodoxa en la intervención de su hacienda, es una de las que menos tiene (66).

El personal autonómico dedicado a labores sanitarias destaca por su importancia relativa en Asturias (41,8% del total), Madrid (41,32%) y Cantabria (40,39%), siendo más reducido en Cataluña (22,81%), posiblemente por haber optado en mayor medida que el resto de Comunidades por sistemas de concierto para la prestación de la asistencia sanitaria.