Nuestra veterana Administración

 

Mortadelo y Filemón. Misión Salvar la Tierra. Nuestra veterana Administración. Como no envejecen, Mortadelo y Filemón siguen siendo los funcionarios más conocidos y veteranos de nuestro país. Dentro de unos meses, coincidiendo con el estreno de su segunda película, cumplirán cincuenta años de servicio, realizando un trabajo eficaz, si bien poco eficiente.

 

En este medio siglo de trabajo, nuestros admirados agentes han presenciado los grandes cambios sucedidos en la organización administrativa. Siempre han trabajado en equipo, con el colérico Superintendente de Jefe que, como buen directivo, les somete a las innovaciones del Profesor Bacterio. No hablan de política y su menguado sueldo sólo da para vivir en la pensión “El Calvario”. Todo muy real. Como reconocía el autor, están cerca de la jubilación, aunque sobre el hipotético final de Mortadelo y Filemón, Ibáñez ha declarado que “alguien tendrá que continuarlos”. Tampoco se quieren retirar.

En España, sumado el personal de todas las Administraciones, trabajan 2,5 millones de funcionarios y contratados laborales, la mitad de ellos, al servicio de las Comunidades Autónomas. De acuerdo con los datos del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), en los últimos años se ha incrementado la edad media de los empleados públicos.

 

La Administración envejece. Nuestra veterana Administración. En la Administración del Estado, el envejecimiento es notable: actualmente el 39% de los trabajadores tiene más de 50 años, mientras que en 2004 este porcentaje era del 34%. Es la consecuencia de la gran entrada de funcionarios verificada durante la construcción del Estado de Bienestar, en los años ochenta. La década de los noventa finalizó hablando de los Planes de Empleo público, una herramienta para la reconversión que no se llegó a utilizar.En los últimos años, muchas grandes corporaciones, públicas (RTVE) y privadas, han incentivado la contratación de trabajadores jóvenes y las prejubilaciones alrededor de los 60 años. Incluso en sectores en expansión como la banca, la reconversión ha sido tremenda.

 

En primer lugar, las nuevas tecnologías ofimáticas han reducido las necesidades de personal. El simple hecho de que las notificaciones o la presentación de escritos pueda hacerse por vía electrónica, o que las cartas de servicios estén disponible en internet, facilita y disminuye drásticamente las tareas; además ha roto la división clásica de funciones entre directivos y administrativos, asumiendo aquellos, mediante ordenador, labores propias de estos: redactan directamente sus escritos, localizan documentos, etc.

¿Prejubilar funcionarios?

El reciente Estatuto del Empleado Público, en su Disposición Adicional Sexta, obliga al Gobierno a presentar en el Congreso de los Diputados un estudio sobre la conveniencia de acceder a la jubilación anticipada para determinados colectivos de funcionarios, apuntando recomendaciones para “asegurar la no discriminación” entre aquellos con características similares.

Curiosamente, el mismo Estatuto Básico incorpora una novedad histórica en el Derecho español y de signo contrario consistente en rebajar la edad de acceso a la condición de funcionario de los 18 años actuales hasta los 16 años, acompasando la edad funcionarial con la edad laboral.

En la enseñanza primaria, un 30% de los maestros en activo tiene más de 50 años, lo que quiere decir que se va a producir una masiva jubilación durante la próxima década. En la Universidad, la Conferencia de Rectores ha advertido que si no se planifica bien el relevo generacional de los docentes funcionarios, en unos años se producirá un vacío enorme.

La nueva Ley Orgánica de Universidades ha abierto una puerta a la reducción paulatina de actividad docente y a la jubilación a partir de los 60 años, si bien las condiciones para autorizarlo se definirán en el futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador, previo acuerdo entre las Comunidades y las Universidades.

Sobre sus características y dificultades, tendremos ocasión de predicar, con José Ramón Chaves, durante las Jornadas de gerencia universitaria, que en esta edición organizará la Universidad del País Vasco en el campus de San Sebastián.

La realidad europea parece ir por otro camino. El Gobierno alemán, formado por la coalición entre democristianos y socialdemócratas, elevará a partir de 2012 la edad de jubilación de todos los trabajadores hasta los 67 años, frente a los 65 años actuales. Pero, la decisión no puede obviar la cuestión de si todos los empleos permiten esa prórroga automática. ¿Tienen algo que decir los clientes?

¿Amortizar los puestos jubilados?

¿Hay demasiados funcionarios? Según las estadísticas del MAP, no. En todos los países, hay un habitual sector de la opinión pública que entiende que sobran funcionarios. En España, las Leyes de Presupuestos, desde el año 1997 al 2002, introdujeron austeras limitaciones en las Ofertas de Empleo Público de todo el sector público, fijando un límite general del 25 % máximo de la tasa de reposición de efectivos. Desde el año 2003 la limitación fue elevada al 100%, fruto del Acuerdo Administración-Sindicatos y así continúa hoy.

Sin embargo, la cifra total de empleados públicos no ha parado de crecer en la última década, al ritmo del 1% anual, como puede deducirse del cuadro adjunto:

Evolución del personal en las administraciones públicas.En Francia, el Secretario de Estado de Función Pública declaraba a mediados de agosto, como si de un anuncio de cerveza se tratase, que su país poseía “probablemente la mejor Administración del mundo”. Sin embargo, juzgaba “anormal” emplear al 24% de la población activa (el doble que en España) y, además, consideraba a sus funcionarios los mejor pagados. Lo bueno, si es francés, cuesta caro.Meses antes, durante la campaña electoral francesa, Sarkozy había anunciado que sanearía las cuentas del Estado reduciendo la cifra de empleados públicos. Por ello prometió no reemplazar la mitad de los 450.000 funcionarios que se jubilan antes del año 2012. Cien días después de acceder al Elíseo, sorprende que esta sea la única decisión presidencial que no aprueban las encuestas ciudadanas. Ahora, durante la elaboración de su primer presupuesto, han aparecido las primeras excepciones al límite: educación, investigación y justicia (prisiones) que son “prioridad nacional”. Al final, se amortizarán uno de cada tres puestos jubilados y la mitad del ahorro se dedicará a incentivar las plantillas. El parto de los montes.

 

 

Funcionarios Obsoletos.-Créame que después de compartir con usted tantos años de trabajo nos resulta muy penoso notificarle que, de acuerdo con la última reestructuración, usted ha sido declarado “personal obsoleto”.
Un genial chiste de QuinoEste artículo fue publicado en el diario La Nueva España, el 31 de agosto de 2007.

0 comentarios en “Nuestra veterana Administración

  1. Jesús

    Es cierto que el número de empleados públicos es elevado y que su crecimiento vino con la democracia por lo que hay un importante número de empleados que se sitúan alrededor de los 55 años y pueden producirse problemas para su reemplazo, pero nunca se comenta a qué se dedican estos funcionarios. Si mis noticias no son erróneas, creo que aproximadamente el 70 % se dedican a la sanidad y la educación, seguramente los dos pilares básicos del Estado de Bienestar. ¿Renunciaremos a la sanidad y educación porque hay muchos funcionarios? ¿O estaríamos dispuestos a pagar más impuestos para mejorar estas dos áreas ten importantes?

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  2. Helio Saul Mileski

    Caro amigo Antonio: esta es realmente una cuestión polémica, alcanzando la forma de actuar del Estado.

    Tal cual ocurre en todos los países del mundo, también en Brasil se discute el tamaño de la Administración Pública, existiendo discursos de que son muchos los servidores públicos y de que ellos se jubilan muy jóvenes. Así, las constantes reformas han aumentado el periodo de permanencia en actividad de los funcionarios, con una reducción del número de ingresos de nuevos. Evidentemente que la situación terminará envejeciendo la Administración que, en un determinado momento, por falta de planificación de personal, se creará un vacío entre la jubilación del servidor envejecido y la entrada del nuevo, con pérdida de la experiencia y de la memoria del servicio público.

    Se hace necesario compatibilizar las necesidades de permanencia y continuidad del servicio público y la reducción de costes de la máquina administrativa, planeada de un modo general.

    Um abraço desde Porto Alegre, RS, Brasil.

    Helio Saul Mileski

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  3. ANA CARO

    El rigor con que Antonio aborda esta cuestión, así como los datos que nos aporta, nos obligan a ejercitar la máxima de Cinus da Pistoia, “tu cogitabis”, piensa por tu cuenta, y no dejarnos llevar por las impresiones de nuestras visitas a las colas de la Administración de Hacienda, a nuestro Ayuntamiento o al Catastro, allí donde el “funcionario”, con minúsculas, no sólo “campa” a sus anchas sino que lo demuestra, y a los clientes/administrados, que estamos al otro lado del mostrador, nos asaltan continuas dudas: ¿Por qué están todos sentados y no me atienden? ¿Por qué hay tantas mesas vacías? ¿Por qué para un asunto baladí ya he tenido que consultar a cinco funcionarios?…o bien, todo lo contrario, cuando encontramos empleados públicos correctos, rápidos, exactos en las respuestas y ágiles en la realización de los trámites, deberán asaltarnos otras dudas: ¿Es necesario que las tecnologías sustituyan al empleado público? ¿Se hace imperiosa realizar una reconversión y reducir los efectivos de empleados públicos a una mínima expresión?…

    Es por ello que entiendo que todos los extremos son demasiado sinuosos como para apoyarnos en ellos, para esgrimirlos como única opción, y sigo compartiendo la idea constitucional de valernos de una Administración Pública que actúe, a través de sus empleados, de acuerdo, entre otros, con el principio de eficacia, sirviendo con objetividad los intereses generales, bajo el sometimiento a la ley y al Derecho, porque en caso contrario podrá ocurrirnos como predicaba la Constitución de 1088 del rey Fernando I de Castilla sancionando los Decretos del concilio de Coyanza, “quien quebrante esta Constitución nuestra sea excomulgado y separado de la comunidad de los santos y condenado en perpetua condenación con el diablo y sus ángeles”.

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