El auditor ante el Medio Ambiente

Foto: Playa de Pormenande– El Franco (Asturias).

Parece que el verano, que disfrutamos en este hemisferio, es la estación en la que muchos ciudadanos «redescubren» el medio ambiente. La estacional escapada a la playa o al monte nos hace recordarlo. Sin embargo, cada día más, los auditores lo tienen muy presente en su trabajo. Manuel Lagarón Comba, funcionario del Tribunal de Cuentas de España y autor de relevantes artículos sobre el tema, nos envía una breve reflexión, acerca de la actitud del auditor público ante la práctica en España de la fiscalización medioambiental.

Cada vez más, los auditores públicos que desarrollan su labor, tanto en el marco del Tribunal de Cuentas de España como en el de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, empiezan a aceptar la fiscalización medioambiental como una materia más o menos inherente a su campo de actuación; si bien, suele invadirles todavía la misma duda: ¿estamos técnicamente capacitados para afrontar una fiscalización de este tipo?.

En nuestra opinión, cualquier auditor público que lleve a cabo habitualmente su actividad en el marco antes señalado puede afrontar sin dificultad esta especialidad; eso sí, con una cierta preparación previa, proveniente de quienes ya tengan alguna experiencia, y mucha ilusión por emprenderla.

Téngase en cuenta que, al igual que en cualquier otro tipo de fiscalización, los criterios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía son perfectamente aplicables en la fiscalización medioambiental de una entidad pública, en tanto en cuanto hemos de pronunciarnos sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental, cada vez más precisa; la evaluación de su control interno, a través del análisis de su sistema de gestión medioambiental; el grado de alcance de los objetivos medioambientales previstos en la política y el programa medioambientales correspondientes; la racionalidad de los costes medioambientales respecto de los objetivos alcanzados; etc.

En cuanto a la necesidad de ponerse a ello sin dilación, conviene recordar que en las II Jornadas Euro-americanas de Instituciones Superiores de Auditoría (SAIs), celebradas en 2002, en Colombia, se concluyó que los recursos naturales y el medioambiente son bienes públicos, y que a dichas entidades corresponde contribuir a su preservación y aprovechamiento sostenible. En dichas Jornadas se habló también de la adopción de técnicas de auditoría medioambiental generalmente aceptadas y de la suscripción de convenios de cooperación entre entidades fiscalizadoras superiores.

En cuanto a la oportunidad, es cierto que cualquier aspecto relativo al medio ambiente es materia trascendental para la pervivencia de nuestro planeta, y por tanto, un objetivo primordial de las políticas nacionales y transnacionales.

Por todo ello, desde aquí animamos a todos los profesionales de la fiscalización de la gestión de los fondos públicos a que se vayan identificando con esta especialidad, y a que lo hagan sin miedo a afrontar algo que ya no es tan novedoso. Desde el inicio de su práctica observarán un progreso acelerado y casi sin obstáculos; aunque eso de “especialidad”, quizá no sea lo más apropiado. Probablemente, debiéramos decir “aplicación de criterio medioambiental”, pero esto es, indudablemente, materia de otro debate.