Durmiendo con su enemigo

El artículo de Pilar Mera en el diario La Opinión de La Coruña vuelve a poner el foco sobre la difícil tarea de los funcionarios que tienen encomendado el  control de legalidad de las Entidades Locales. Debemos agradecer a los medios de comunicación que reconozcan la importancia de un colectivo profesional que viene prestando impagables servicios en la defensa de los intereses públicos.

Un trabajo “extremadamente delicado y ejercido bajo mucha presión“, según Vicente Calvo, directivo de la Asociación Sindical de Funcionarios con Habilitación Estatal (Aesfal), que denuncia lo “expuestos” que están estos empleados públicos al poder de los alcaldes, con los que trabajan a apenas unos metros, pero al que deben reparar sus excesos. “Y, al mismo tiempo, él puede bajarnos el sueldo, abrirnos expedientes disciplinarios o incluso despedirnos”, concluye. [...]

La segunda fuga del derecho público

Gracias a Javier Pinazo conozco la existencia del libro ‘Fundaciones y Administración pública’, de María Teresa Carballeira Rivera (ver datos e índice). La autora, profesora de la Universidad de Santiago, nos recuerda en esta entrevista que las fundaciones públicas nacieron como forma de captación de recursos privados y de agilizar la gestión pública, pero en realidad sólo sirvieron como una “huida de todo control en contratación o reclutamiento de personal”. [...]

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

El Consejo de Ministros del pasado viernes ha recibido un Informe de la Ministra de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007.

La modificación del artículo 311 de LCSP incluye la creación de un órgano independiente de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, para resolver los recursos que interpongan los particulares contra los actos de las entidades públicas dentro de los procesos de adjudicación de los contratos del sector público estatal y que recibirá el nombre de Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, tendrá naturaleza administrativa y sus miembros gozarán de inamovilidad e independencia. La verdad es que el nombre se las trae.

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Mas transparencia en Energía y Telecomunicaciones

El Pleno del Tribunal de Cuentas de España ha aprobado el 26 de noviembre pasado el Informe de Fiscalización de la contratación en el ámbito local de servicios y suministros de energía y telecomunicaciones, correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, para su tramitación parlamentaria.

En el mercado de las telecomunicaciones y de la energía, las Corporaciones Locales constituyen un tipo de cliente con un importante volumen de demanda que ha venido experimentando un notable crecimiento en sus consumos y, con ellos, de los gastos presupuestados para financiarlos.

Para el Tribunal de Cuentas, estas circunstancias exigen, por sí solas, asegurar que la contratación pública garantice unas condiciones de competencia y concurrencia “que permitan aprovechar las ventajas que proporcionan los mercados liberalizados, a efectos de conseguir mejores condiciones económicas en estos suministros y servicios, mayor eficacia en la asignación de los recursos y, finalmente una mayor transparencia en la formación de los precios en interés de las administraciones y de la ciudadanía en general”. [...]

Modificación de los contratos del sector público

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible lleva, en su largo y variado articulado, una nueva (obligada y esperada) regulación de las modificaciones de los contratos de obra. Se introducirá en la LCSP un nuevo título V en el libro primero, con el siguiente contenido, que por su interés reproducimos a contnuación: [...]

Interventores, alcaldes y auditores

La prensa vasca recogía ayer unas declaraciones del Dr. Martinez Churiaque, presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) realizadas en una entrevista concedida a Radio Euskadi, donde se suma a la petición de una Ley de Auditoría Municipal que exija la rendición de las cuentas locales junto con un informe de auditoría privada.

Churiaque entiende que, al igual que las sociedades mercantiles de elevado tamaño o facturación, los grandes ayuntamientos deberían tener “mecanismos de control con tres “filtros”: control interno, control externo “quizá con firmas privadas” y control externo público. Esto permitiría a los OCEX concentrarse en áreas de riesgo específicas, como la gestión urbanística, la política de subvención de los entes públicos y la política de endeudamiento pues “este año 2010, va a ser un año muy duro”. [...]

Lula versus Tribunal de Cuentas de Brasil

Los artículos 70 a 76 de la Constitución Política Brasileña determinan que cada Estado de la Unión dispondrá de un Tribunal de Contas de siete consejeros “con notorios conocimientos jurídicos, contables, económicos y financieros o de administración pública” y más de diez años de ejercicio profesional, aunque menor de 65 años de edad.

Los consejeros de los Tribunales de Cuentas de los 26 Estados brasileiros (más el DF y los seis Tribunales municipales) me permitieron asistir, la semana pasada en Curitiba-Brasil, a la asamblea bianual de su órgano representativo (Atricon) para elegir sus cargos directivos, aprobar sus cuentas y discutir variados asuntos, entre ellos la posición institucional ante la nueva normativa nacional que promueve el gobierno de Lula. [...]

Modificados y complementarios

Estas figuras están de actualidad. Debe diferenciarse la modificación  contractual de aquella denominada obra complementaria, que podría separarse de la principal y requiere contratación independiente.

Antecedentes

Suele citarse la STS de 7 de julio de 1998 como delimitadora de ambas, en función de “la posible utilización separada renuevas obras, a su necesidad en relación con el proyecto inicial y a las dificultades técnicas de adjudicación y ejecución independiente, así como la interrelación física entre las obras y la necesidad de su introducción  para llevar a buen fin el proyecto, con la mayor satisfacción posible de los intereses generales”. [...]

Asalto al tren del dinero

Hoy traemos a la bitácora la Sentencia del Tribunal de Cuentas de España, 13/2009, de 29 de junio pasado. Una extensa fundamentación que puede descargarse del portal www.tcu.es en dos partes: (primera) y (segunda). En ella se condenó a Enric Roig y Antonio Herce, ambos presidentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat pues promovieron, a espaldas del consejo de administración, un plan de pensiones para ellos mismos y otros miembros del comité de dirección de la empresa por un importe de 2.631.843,75 euros. [...]

El arte del reformado

El diario Expansión publicaba ayer un interesante artículo sobre el conflicto que mantiene la Comisión Europea con el Reino de España respecto de la regulación del modificado de obra, previsto en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, por el que se autorizan las modificaciones siempre que concurran razones de interés público y para atender a causas imprevistas (y justificada debidamente su necesidad en el expediente) sin que puedan “afectar a las condiciones esenciales del contrato”. [...]

Cara y cruz de la corrupción

La corrupción supone un fenómeno complejo que incorpora dos caras de la misma moneda. Sector público y sector privado se unen en unos efectos que se extienden más allá de las propias fronteras nacionales. Casi siempre miramos al primero obviando al segundo ¿Qué hacen las empresas privadas para combatir estas prácticas? [...]

La factura pierde su papel ante la Administración

La Disposición Final novena de la Ley de Contratos del Sector Público prevé que transcurridos 15 meses desde su entrada en vigor, la factura electrónica será obligatoria “en la contratación con el sector público estatal para las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada”.

Dicha obligación, transcurrido el plazo indicado, no exige decisión administrativa en dicho sentido, sino que es exigible automáticamente.  Por ello, el diario Expansión nos recuerda que el plazo ha llegado y mañana entra en vigor tal obligación. El periódico Cinco Días entiende que muchas compañías y organismos estatales, autonómicos y locales no están preparados para afrontar este cambio. [...]

La ley del abuelo

El diario El Economista presenta hoy un interesante artículo y comenta la Sentencia de 26 de mayo de 2009 por la cual, los contratos formalizados por el alcalde, en nombre de la Corporación, a sabiendas de que las arcas municipales no podrán cumplir por falta de presupuesto, no son objeto del delito de estafa.

¿Porqué? La primera de las razones, que denominaremos la Ley del Abuelo, puede enunciarse provisionalmente así: “las empresas contratadas deben realizar actuaciones mínimas de diligencia para conocer la falta de liquidez municipal antes de firmar los contratos”, copiando la afirmación de la sentencia y que me recuerda como  se hacían negocios ántes. [...]

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley contratos del sector público

El viernes 15 de mayo el BOE publicó el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

A pesar del detallado articulado de la Ley, se necesitaba desarrollar algunos aspectos como las nuevas figuras procedimentales o algunas de las modificaciones que la nueva Ley introduce con respecto a la normativa anteriormente vigente.

Así, el real decreto regula determinados aspectos de la clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando deba hacerse a través del comité de expertos u organismo independiente a que se refiere el artículo 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, las Mesas de Contratación a constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos. El RD entrará en vigor transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el B.O.E., es decir, el 16-6-2009.

Sin embargo, las disposiciones  reguladoras del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado entrarán en vigor a partir de la publicación de la Orden Ministerial que acuerde la puesta en funcionamiento de la aplicación informática desarrollada al efecto. Hasta tal fecha subsistirán los registros voluntarios de licitadores creados en los diferentes órganos de la Administración.

En definitiva, han optado por un Reglamento que nuestro querido colaborador Miguel Trueno califica de superminirreducido. De sus interesantes comentarios, que intentaremos resumir en esta entrada, destacamos:

“Son aprovechables para la gestión nueve artículos. Los anexos no dicen nada.

“Se ha producido una incoherencia o contradicción absoluta entre algunas disposiciones en el texto del Real Decreto. Precisamente se han producido como consecuencia de haberse variado el texto para recoger sugerencias”.

Teresa Moreo descubre la contradicción, en relación a la DF 7ª que ha dejado a la Seguridad Social en la eterna incógnita del IVA.

María Bilbao hace notar otra discordancia, en la Disposición Final Primera, cuando relaciona los artículos que se consideran básicos, en concreto la referencia a los artículos 1 y 2.

Ver más:

Expansión

El Economista

EsPúblico (I)

EsPublico (II)

Fiscalización de la contratación

El Tribunal de Cuentas de España acaba de hacer público el informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y ha acordado, en el Pleno de 30 de abril de 2009, su elevación a las Cortes Generales.

El Tribunal de Cuentas resume, en 180 páginas, las incidencias de los 1.420 contratos fiscalizados, de una total de 3.727 contratos remitidos durante el ejercicio 2005 por las entidades del Sector público estatal.

A continuación presentamos sus principales conclusiones. [...]

Rendición de cuentas y dominio efectivo

Me suele decir Enrique López que, rendir cuentas implica la obligación de responder a preguntas incómodas. Del mismo modo, exigir cuentas da la oportunidad de hacer algunas preguntas incómodas.

En efecto, la rendición de cuentas supone el derecho a recibir información y la obligación de divulgar todos los datos necesarios. No siempre conlleva realizar una auditoría. Se llama transparencia: iluminar la caja negra de la “res pública”.

Sin embargo, hay toda una zona gris dentro del sector público en sentido amplio, que queda al margen de la rendición de cuentas. Me refiero a algunas Entidades dependientes o vinculadas (directa o indirectamente) a las Administraciones públicas. En alguna ocasión hemos bromeado asignándoles en apelativo cariñoso de “sospechosos habituales”.

Dominio efectivo

Una visión estricta y leguleya de la dependencia y del perímetro público reduciría los entes dependientes a aquellos en los que la Administración ejerce una posición dominante, entendida ésta como la participación en más del 50 % en el capital o dotación fundacional. El SEC’95, a través de la legislación de estabilidad presupuestaria, abrió toda una autopista que ha venido resolviendo muchas lagunas, proporcionando orientación para detectar, entre otros, el endeudamiento computable. [...]

Criterios de adjudicación "subjetivos"

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) utiliza la expresión «oferta económicamente más ventajosa» para remitirse a los criterios que el órgano de contratación ha de tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los diferentes procedimientos abiertos, restringidos o negociados.

Ya se utilice un único criterio (el precio, como en la antigua «subasta») o ya se considere una multiplicidad de ellos (como en el antiguo «concurso») la ley y la jurisprudencia mantiene su preferencia de los criterios automáticamente cuantificables -mediante fórmulas de los pliegos- frente a los obtenidos por juicios de valor.

Al igual que en el viejo concurso, la selección de la oferta más ventajosa tiene lugar mediante el establecimiento de criterios objetivos que afectan a distintos elementos de la prestación. Han de estar contemplados en los pliegos de cláusulas por orden decreciente de importancia y de forma ponderada, al objeto de dotar de la máxima objetividad la selección en la oferta, como exigía el artículo 86 de la antigua LCAP. [...]

Despido por juicio técnico en mesa de contratación

En la contratación administrativa, salvo en los procedimientos negociados sin publicidad, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas.

Se trata de una institución clave en toda la organización económica del sector público, constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. Ser miembro de una mesa de contratación supone a sus titulares el ejercicio de una importante responsabilidad. Juntos deben deliberar para proponer la oferta más ventajosa, de acuerdo con los criterios de adjudicación publicados.

Cada vocal incorpora su propia perspectiva. Así, no será la misma la de interventores o asesores jurídicos que la de ingenieros o arquitectos, unque todos son vocales iguales.

Pues bien, hoy traemos a nuestra bitácora un caso, donde los tribunales declaran nulo un despido efectuado como represalia a la emisión de un juicio técnico de un Ingeniero miembro de una mesa de contratación. [...]

Transparencia de sociedades y fundaciones estatales

El artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria prescribe que las sociedades y fundaciones estatales sometidas a los principios y normas de contabilidad recogidos en el correspondiente Plan General de Contabilidad privada presentarán, junto con las cuentas anuales, “un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público”.

Se trataba de dar cumplimiento a los principios de transparencia en la gestión proporcionando la información necesaria en materia, no sólo financiera, sino de gestión de personal o de la contratación pública. [...]

Cesión ilegal de trabajadores a la Administración

El Pleno del Tribunal de Cuentas de España ha aprobado, en su sesión del día 26 de febrero de 2009, de una interesante Moción proponiendo las medidas conducentes a evitar el riesgo de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por los organismos públicos, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de la Administración contratante en virtud de sentencias judiciales, al margen de los procedimientos públicos de selección de personal legalmente establecidos.

Nos encontramos ante una iniciativa del Tribunal de Cuentas que no podemos por menos que calificar de util y ejemplar, por atacar y alertar de una situación que empieza a ser frecuente en la externalización (¡horrible palabro!) de servicios por las distintas Administraciones: las consecuencias de la cesión ilegal de trabajadores transformándoles en empleados públicos indefinidos no fijos. [...]

Anticrisis y anticresis

El diario digital Fianzas.com reproduce una entrevista con el Presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Nuñez. En ella, se pasa revista al programa de fiscalizaciones del Tribunal para 2009 y la fiscalización que va a efectuar de las medidas anticrisis del Gobierno español.

Al respecto, el Presidente del Tribunal de Cuentas afirma:  [...]

Riesgo y ventura

Hoy traemos a la bitácora la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 15 de Octubre de 2008. Se trata de una sociedad que había resultado adjudicataria de diversos contratos de la Dirección General de Tráfico, a finales del año 2003. Su objeto era realizar diversas obras de señalización horizontal, vertical y barrera de seguridad en la Red de Carreteras de cinco provincias, con un plazo de ejecución de tres meses, razón por la cual el pliego de cláusulas que rigió la contratación no previó formula alguna de revisión de precios.

Sin embargo, los citados contratos resultaron afectados, durante los meses de Febrero y Marzo de 2004, por un incremento de más del 60% en el precio del acero corrugado, debido a la escasez de materia prima, de carbón de coque y el aumento de las importaciones de acero en China, lo que provocó el traslado del alza de los precios en el sector de la Construcción, incremento que el contratista consideraba imprevisible en el momento de la contratación.

En definitiva, el empresario planteaba una gravísima alteración de la economía de los contratos administrativos de obras que se encontraban en fase de ejecución, por lo que reclamaba una indemnización de un perjuicio económico sufrido al ejecutar la obra, como consecuencia de una imprevisible y desmedida subida de los precios de los componentes siderúrgicos empleados. Pedía la aplicación de la doctrina general del equilibrio sinalagmático contractual entre las prestaciones de las partes, los principios de la buena fe y de prohibición de enriquecimiento o empobrecimiento injusto de dichas partes, como consecuencia de la aparición durante la ejecución del contrato de riesgos racionalmente imprevisibles al momento de la contratación, que no deben ser soportados por el contratista, al tratarse de un hecho extraordinario no contemplado en el antiguo artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). [...]

Reformando el reformado

Una de las patologías más frecuentes de las obras públicas viene siendo, durante los últimos años, los aumentos de coste por las modificaciones de obra. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) las autoriza por razones de interés público y para atender a causas imprevistas (y justificada debidamente su necesidad en el expediente) sin que puedan “afectar a las condiciones esenciales del contrato”, como recuerda el artículo 202.

Se trata de una práctica demasiado frecuente donde nunca se ejercitan las correspondientes responsabilidades y/o resarcimiento de daños y perjuicios causados a las Administraciones. En una de las primeras entradas de esta bitácora (“Esta reforme es una ruina“) ya planteábamos que esta suele ser la parte de la obra más rentable para el contratista y también la opaca madre de todas las corruptelas.  [...]

Comisión Europea versus Ley de Contratos del Sector Público

La edición digital del diario Expansión se hace eco de las explicaciones que ha pedido la Comisión Europea al Gobierno de España ante el posible incumplimiento de la Sentencia de 3 de abril pasado del Tribunal de la UE, que censuraba las disposiciones de la antigua Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no preveían, como exige la Directiva 89/665/CEE del Consejo, un plazo obligatorio para que la entidad adjudicadora notifique la decisión de adjudicación de un contrato a todos los licitadores, ni un plazo de espera obligatorio entre la adjudicación de un contrato y su celebración y al permitir que un contrato anulado continúe produciendo efectos jurídicos. Por lo tanto, aquella normativa impedía que los licitadores rechazados interpusiesen eficazmente un recurso contra la decisión de adjudicación del contrato, antes de su celebración. [...]

Legalidad, economía y responsabilidad contable

Con frecuencia, el Tribunal de Cuentas debe afrontar procesos de exigencia de responsabilidad contable ante situaciones de flagrante violación de los principios de legalidad o de economía, eficacia y eficiencia.

Quizás las expectativas de los ciudadanos puedan verse defraudadas ante la reiterada jurisprudencia contable que reduce la responsabilidad contable a la exclusiva literalidad del perjuicio de caudales públicos por violación de la normativa presupuestaria y contable. Esa es la definición que realiza el artículo 38.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. [...]

Contratación y fuerza mayor

Hoy nos hacemos eco de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación del derecho del contratista a ser indemnizado en supuestos de incumplimiento por fuerza mayor, derecho que reconoce la Ley de Contratos del Sector Público (art. 214), como antes la LCAP, en determinadas circunstancias, como los fenómenos naturales de efectos catastróficos.

Recordemos que la fuerza mayor es un acontecimiento de carácter irresistible, imprevisible e inevitable, que debe producirse durante la ejecución de la obra y sus efectos pueden ser muy variados, provocando desde la imposibilidad de incumplimiento hasta el retraso en la ejecución y, cuando haya sufrido daños y perjuicios, el contratista deberá reclamar su indemnización.

En el caso enjuiciado, la cuestión era si un temporal marítimo era fuerza mayor. Pero el interés para el debate puede llegar más allá. En la actual crisis económica en que la Administración interviene en el mercado con ayudas, puede darse casos en que el contratista no pueda cumplir el contrato. Anticipamos el tema de posibles cataratas de incumplimiento de contratos de obras públicas: ¿el Gobierno ayuda a las constructoras y va a aplicar a rajatabla la Ley de Contratos ante el incumplimiento de los contratistas?.

STS (Contencioso) del 10 -11- 2008 [...]

La crisis llega a los ayuntamientos

La foto, tomada en una céntrica calle sevilllana por MFB, no sé si impresiona más por el tirón mediático de sus protagonistas o por que uno de ellos esté leyendo un periódico económico ¿Se tratará del Concejal de Hacienda? ¿Será su asesor económico? En definitiva, sirve para ilustrar el tema de los recortes presupuestarios, que amenazan ya a muchas Administraciones.

El blog de lo público presentaba ayer un interesante artículo de Juan Carlos Arranz donde anticipa los efectos inmediatos de la crisis en las Entidades Locales. Recuerda que el ministerio de Hacienda ya anunció una posible reducción del Fondo de Participación Municipal a transferir a los ayuntamientos, toda vez que si la recaudación de los tributos estatales es menor, también lo será la participación de los municipios.

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Servicios funerarios y cementerios

Hoy, 2 de noviembre, es el tradicional día de los difuntos para los cristianos. Como esta bitácora llega a todos lados, si bien dentro del mundo de los vivos, nada mejor que conmemorar esta celebración desde la laica fiscalización, analizando el Informe de Fiscalización de la Gestión de los Servicios Funerarios y de Cementerios, que este mes ha conocido y discutido la comisión Mixta Congreso-Senado y Tribunal de Cuentas.

Para los servicios funerarios, el Tribunal extendió su trabajo a todos los municipios capitales de provincia o con población superior a 75.000 habitantes, que suponen la mitad de la población española. Respecto a la la gestión de los cementerios, el análisis se llevó a cabo en los municipios con más de 50.000 habitantes, lo que hace estos trabajos un verdadero informe de carácter horizontal que permite establecer la verdadera situación legal y financiera del sector y plantear recomendaciones a las tres Administraciones implicadas: Estado, Comunidades Autónomas (CCAA) y Local.

Desde el año 1997, se deberían prestan en régimen de libre concurrencia las actividades funerarias, es decir, aquellos servicios que van desde el fallecimiento hasta la inhumación o cremación. Estos últimos pueden prestarlo los municipios por si o en concurrencia con la iniciativa privada. El informe denuncia que la liberalización no había alcanzado los efectos pretendidos de una mayor presencia de la iniciativa privada, pues de todos los ayuntamientos fiscalizados que prestaban servicios funerarios principales, solo en uno se había privatizado dicha gestión. Además, en el 22 por ciento de los ayuntamientos existía monopolio de hecho.

En relación con la gestión de los cementerios, el 61 por ciento de los ayuntamientos prestaban servicios en gestión directa por sí mismos o a través de una sociedad mercantil de titularidad municipal; el 36 por ciento lo hacían de forma indirecta mediante concesiones administrativas y el 3 por ciento de los ayuntamientos analizados atendía esta gestión de forma mancomunada con otros municipios.

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Abastecimiento de agua en Castilla y León

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó en su sesión de 28 de julio pasado el Informe de fiscalización de la gestión de sistemas municipales de abastecimiento de agua potable en los Ayuntamientos de las capitales de provincia correspondiente al ejercicio presupuestario 2003.

Con este trabajo se pretende ofrecer una visión general de la prestación del servicio en las grandes ciudades de la Comunidad y proporcionar a los Ayuntamientos un marco de referencia que les permita orientar sus decisiones a fin de lograr mejoras en la prestación del servicio. [...]

Colaboración público-privada

El último número recibido de la Revista Española de Control Externo (nº 28; Vol. X-Enero 2008) que edita el Tribunal de Cuentas de España (sólo en papel) se dedica al análisis de de esta figura. Como sé que este tema despierta mucho interés entre nosotros, os incluyo el índice de la publicación.

Esperemos que la era digital también llegue a esta magnífica revista, como lo hizo a Auditoría Pública, ya hace tiempo. Lo siento por los hermanos latinoamericanos que tendrán que esperar para leer tan buen ejemplar. Dialnet incluye el pdf en descarga libre hasta el año 2005.

Antecedentes históricos y evolución en la regulación de las diferentes formas de colaboración público-privada. Novedades de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Pilar Cobos Ruiz de Adana. pags. 15-34

Convenios de colaboración y encargos a entes instrumentales a la luz de la Ley de Contratos del Sector Público. José Pascual García. pags. 35-64

Modelos aplicados de colaboración público-privada por la Administración Pública: experiencias en la Administración General del Estado. Cristina Mª Tello Blasco. pags. 65-88

Modelos de colaboración público-privada. Experiencias de la Comunidad de Madrid: nuevos equipamientos sanitarios. Nieves Rodríguez Varela. pags. 89-110

Los sistemas de colaboración público-privada para la provisión de bienes y servicios públicos. Su incidencia en el sistema de ingresos públicos. Jesús Rodríguez Márquez. pags. 111-140

Tratamiento presupuestario de la colaboración público-privada. Mariano Puerto Cela. pags. 141-158

El tratamiento contable de los acuerdos de concesión de servicios en las normas internacionales de contabilidad. Mónica García Sánez. pags. 159-186

Los diferentes modelos de colaboración público-privada y su control. José Antonio Esperón Lázaro. pags. 187-198

La eficiencia económica en las colaboraciones público-privadas. Francisco Domínguez Sampedro. pags. 199-224

Nota sobre “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Estudio sistemático”. Antonio-Ramón Rodríguez Castaño. pags. 225-234

Radiografía de las cuentas locales

El pleno del Tribunal de Cuentas de España ha aprobado, en su sesión de 25 de septiembre de 2008, el Informe de Fiscalización de los Sectores Públicos Autonómico y Local, ejercicio 2003, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales.

Se trata de uno de los informes que, en cada ejercicio, realiza el Tribunal de Cuentas con carácter global sobre los sectores públicos autonómico y local, con fundamento en el artículo 136 de la Constitución española.

El trabajo parte del contenido de las Cuentas Generales y del grado de cumplimiento, tanto de la obligación de rendir las cuentas anuales, como de remitir en el plazo establecido la documentación relativa a los contratos.

Presentamos a continuación resumen de la parte correspondiente al sector local. Una síntesis de las liquidaciones correspondientes a 13.003 Entidades locales y 2.909 Entes dependientes de las mismas, constituidos por los Organismos autónomos y Sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria aquéllas. [...]

Subvenciones y patrocinios

Carlos Cubillo Rodríguez es Doctor en Derecho. Miembro del Cuerpo de Letrados del Tribunal de Cuentas, pertenece al Instituto de Censores Jurados de Cuentas y a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Actualmente desempeña el cargo de Director Técnico del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Una vida profesional entre el derecho y la auditoría.

Ofreció, el viernes pasado, una conferencia en las XI Jornadas de Régimen Local (en la foto, a la izquierda, es presentado por Pedro Díaz Corral, Interventor del Ayuntamiento del Rosario-Tenerife) sobre las figuras controvertidas en la aplicación de la Ley General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.

Fueron muchos los supuestos controvertidos que analizó con gran brillantez el ponente: las aportaciones dinerarias entre Administraciones Públicas y entre agentes de una misma Administración, las encomiendas de gestión, el ámbito de aplicación del la Ley de Subvenciones …

ya podéis descargar las ponencias en la web del colegio pero, mientras tanto, permitid que os avance un epígrafe que es de especial interés para las corporaciones locales.

El contrato de patrocinio. [...]

Un hombre sabio

He asistido al seminario que anualmente organiza el Colegio tinerfeño de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Es un privilegio extraordinario compartir programa con sabios como Gaspar Ariño, que en la foto superior es presentado por el presidente del colegio, Santiago Gómez, Interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife .

El catedrático de Derecho Administrativo, Gaspar Ariño Ortíz, es un estudioso del derecho público y de la vida. Impartió ayer una brillante conferencia sobre el Contrato de colaboración público-privada salpicada con abundantes reflexiones personales y profesionales. Un tono que los jóvenes habilitados estatales agradecieron con largos aplausos. Don Gaspar se reconoció hijo del cuerpo: “me crié en un Ayuntamiento” dijo recordando a su padre, Secretario municipal. [...]

Contratos informáticos

La adquisición o arrendamiento de equipos informáticos presenta, con demasiada frecuencia, licitaciones con alusiones a determinadas marcas y especificaciones, propias de fabricantes concretos. Se trata los famosos Pliegos de Prescripciones Técnicas “a medida” que tanto perjudican la competencia y la transparencia de la contratación.

Presentamos a continuación un interesante documento destinado a combatir tal conducta administrativa desviada. Son recomendaciones relativas a determinadas cautelas que deben tenerse en cuenta por los órganos de contratación a la hora de redactar los PPT relativos a la adquisición de material informático. Además, incluye criterios de valoración ad hoc para el material informático. [...]

El contrato de obras públicas

Nuestro amigo Emilio Menéndez Gómez acaba de publicar el libro Contratos del sector público: contrato de obras públicas, en la prestigiosa editorial Aranzadi (568 páginas y 79 euros).

Se trata de un tema que el autor domina como pocos. Su última obra, hace un par de años, sobre la Dirección de obras públicas, que ya fue presentada en esta bitácora, donde sus artículos son los más visitados y sus comentarios muy agradecidos.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha introducido profundas modificaciones en el ámbito de la contratación pública. No sólo desmaterializando los procedimientos de adjudicación (perfil de contratante, plataforma de contratación del Estado, factura electrónica, subasta electrónica…etc), sino también modificando profundamente los procedimientos a seguir por los Poderes adjudicadores para la adjudicación de los contratos públicos.

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Las facturas del cajón

Entre las obligaciones fundamentales a cumplir por todas las Administraciones Públicas, para la realización de cualquier gasto, está la existencia de una previa consignación presupuestaria para ese fin. Tal como indica (sobre limitación de los compromisos de gasto) el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria, para la Administración del Estado y similares de la legislación autonómica:

Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades …

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Borrador del Reglamento de contratos del sector público

Ya se puede ver en la “Plataforma de Contratación del Estado” el proyecto de Real Decreto para el desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público en algunos aspectos muy limitados, como es la clasificación, el procedimiento a seguir por la Mesa de Contratación, pero se echa de menos la falta de definición de lo que debe entenderse por “presupuesto de licitación” (diferenciandolo del “valor estimado del contrato”), cual debe ser el “contenido de los anuncios de licitación”…etc, asuntos que es necesario clarificar y unificar en el ámbito del Sector Público. [...]

Televisiones públicas autonómicas

La radiodifusión y la televisión suponen un servicio público esencial cuya gestión puede llevarse a cabo a través de un modelo tanto público como privado.

La gran mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) han creado sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público para la prestación directa de ese servicio, sin perjuicio de su convivencia con otras televisiones privadas de ámbito autonómico o local.

Esas compañías integran el correspondiente sector público de las CCAA y por tanto, están dentro del perímetro de fiscalización de los correspondientes Órganos de Control Externo, a pesar de lo cual, con frecuencia se impregnan de los “usos” del sector privado, olvidando las exigencias que les impone aquella cualidad.

Acaban de hacerse público dos informes de auditoría sobre televisiones autonómicas, que han tenido cierta repercusión mediática en sus respectivas regiones. El primero fiscaliza el Grupo Radio Televisión de Castilla La Mancha y el segundo la empresa pública de Andalucía Canal Sur Televisión, S.A.

La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha efectúa, además, un análisis comparativo de la actividad desarrollada durante el ejercicio 2004, por las cadenas de televisión autonómicas, obteniendo interesantes ratios en función de numerosos datos relevantes, que se refieren a los principales inputs necesarios para llevar a cabo su actividad y a los outputs obtenidos durante el periodo. Pincha en el cuadro siguiente: [...]

El IVA en la contratación pública

La Abogacía General del Estado acaba de resolver dos interesantes consultas relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los procesos de contratación pública, tras la nueva LCSP que entró en vigor la primavera pasada. [...]

Perfil de contratante y plataforma de contratación

Emilio Menéndez Gómez
Interventor-auditor del Estado

La nueva Ley de Contratos del Sector Público desarrolla los procedimientos de la contratación electrónica introduciendo dos figuras claves a efectos de su licitación: el Perfil de Contratante (Art.42) y la Plataforma de Contratación (Art. 309).

En efecto, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se plantea un reto tajante: fomentar la transparencia de la actividad del sector público. Para ello, convierte en el medio preferente de difusión de la información el Perfil de Contratante, basado en el Perfil de Comprador previsto en la Directiva 2004/18/CE. [...]

Marbella conection

Recordareis los acontecimientos que tuvieron lugar en el municipio de Marbella, que determinaron, tras la solicitud del Gobierno de Andalucía y el acuerdo favorable del Senado, la disolución del Ayuntamiento de Marbella por el Consejo de Ministros (RD 421/2006, de 7 de abril).

La gestión ordinaria de los asuntos municipales se encomendó a una Comisión, designada por la Diputación Provincial de Málaga, que tomó posesión el 21 de abril de 2006 y permaneció hasta las elecciones de 27 de mayo de 2007.

Una de las tareas que se acometió inmediatamente fue fiscalizar la gestión llevada a cabo por lo que sedominó el Gilismo, para determinar las correspondientes responsabilidades. Pues bien, el Pleno del Tribunal de Cuentas acaba de aprobar, en sesión de 26 de junio de 2008, el Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y Sociedades Mercantiles Participadas, ejercicios 2002 a 2006.

A continuación, presentamos un resumen urgente con las principales conclusiones. [...]

Innovación

Esta semana destacamos dos noticias relacionadas con la innovación y su apoyo desde las estructuras oficiales de la Ciencia en España.

Por una parte, la nueva Ministra de Ciencia e Innovación, concedía una amplia entrevista al Diario Expansión donde presentaba algunos de los objetivos preferentes de su programa ministerial. Por otra parte, tenemos el brillante discurso de Alvaro Cuervo en su Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. [...]

Nueva ley de contratos: cuestiones de actualidad

Con el título arriba indicado, se clausuraron hoy las Terceras jornadas jurídicas, organizadas por la Dirección General de Justicia del Gobierno del Principado y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo presidente Ignacio Vidau Arguelles, veis en la foto presentando al Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dámaso Ruiz- Jarabo.

En total, 350 asistentes al gran salón del Hotel de la Reconquista de Oviedo, con ganas de discutir los entresijos de la nueva Ley. [...]

Gestión del personal en Navarra

La Cámara de Comptos de Navarra acaba de hacer público el informe de fiscalización de las Cuentas Generales de Navarra correspondiente al ejercicio 2006.

Se trata de un breve documento (51 páginas) donde manifiesta una opinión favorable en la ejecución del presupuesto que refleja razonablemente la actividad desarrollada por el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos en dicho ejercicio.

Asimismo, el balance de situación consolidado refleja la situación patrimonial, con salvedades: inventario no exhaustivo ni conciliado con la contabilidad, conciliación entre los derechos registrados en el ejercicio por la Hacienda Tributaria y los devengados en la contabilidad, así como las contingencias actuariales del sistema de pensiones del personal funcionario del Gobierno de Navarra.

Por último, la Cuenta de Resultados refleja el resultado fielmente y la Memoria contiene la información suficiente para una interpretación y comprensión general de las Cuentas Generales de Navarra.

El órgano de fiscalización navarro incorpora todos los años una perla, estudiando algún aspecto de la gestión pública navarra. Este año se ha detenido en el análisis del tiempo necesario para cubrir los puestos de trabajo. [...]

Recetario de contratación, en Andalucía

La prensa recoge estos días las conclusiones del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2006. En materia de contratación encontramos los sospechosos habituales:

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Contratación: conclusiones del informe de la Seguridad Social, 2005

El Pleno del Tribunal de Cuentas de España ha aprobado en su sesión de 24 de abril de 2008, el Informe de Fiscalización de la Contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Del análisis de la contratación celebrada por el INSS durante el ejercicio 2005 cabe destacar las siguientes conclusiones: [...]

Hoy entra en vigor la LCSP

Llegó el día. La gran mayoría de los medios de comunicación dan la noticia o presentan tribunas de opinión sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Así, el diario Expansión titula la entrada en vigor “rodeada de reproches”, apuntando que las empresas de la construcción temen que la puesta en marcha de la compleja norma ralentice la licitación de obras, si bien las fuentes jurídicas la consideran positiva para la Administración. También califica de “sudoku” la nueva estructura y la referencia a distintos regímenes en función del sujeto, de la cuantía y del tipo de contrato, que obligará a los aplicadores de la norma a realizar importantes esfuerzos en los próximos meses. [...]

Contratos del sector público

El servicio de publicaciones del Ministerio de Hacienda acaba de editar la nueva Ley de Contratos del Sector Público concordada, no sólo con la restante normativa sino con los Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y los Dictámenes de la Abogacia del Estado, cuyos textos se incorporan en el anexo y cuyo resumen se incorpora en cada artículo.

Contratos del Sector Público.

Legislación e informes.

Ministerio de Economía y Hacienda.

Año 2008. 1518 páginas. 43€.

Por tanto, se trata de una obra amplia y de consulta rápida, que permite aproximarse a la ley que entra en vigor el mes próximo. Una magnífica iniciativa, que hay que completar con los manuales más doctrinales que están llegando a las librerías.

Contratación de la Seguridad Social-2005

El pleno del Tribunal de Cuentas de España ha aprobado en la sesión de 28 de febrero de 2008, el Informe de Fiscalización de la Contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social. Un tema de enorme interés para quienes trabajan en la gestión pública de obras, suministros y servicios.

A continuación presentamos un resumen de sus principales conclusiones, una verdadera radiografía de las deficiencias de nuestro sistema de contratación pública y toda una indicación de la sana gestión administrativa. [...]

Fiscalización del Servicio de recogida y tratamiento de residuos en las Entidades Locales

La recogida de residuos debe enmarcarse dentro de las políticas de protección medioambiental y de desarrollo sostenible. Además, constituye uno de los servicios cuya competencia está atribuida a la administración local, lo que implica que las restantes administraciones públicas deban coordinar sus políticas de actuación con objeto de que la adecuada prestación de este servicio contribuya a la consecución de otros más generales en los que tiene una repercusión significativa.

Por ello, el Tribunal de Cuentas ha realizado un informe horizontal de la prestación durante el ejercicio 2004 del Servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos por las Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón desde una doble perspectiva.

Por un lado estudiar el cumplimiento de los objetivos establecidos por las administraciones autonómica y estatal en el marco de la normativa europea. Por otro, realizar una comparación de las diferentes formas de gestión de este servicio adoptadas por las Entidades locales competentes de Aragón, con objeto de valorar la eficiencia y eficacia de los recursos públicos asignados a esta finalidad. [...]