
El XVI Seminario de contratación de Panticosa centró la sesión de tarde del miércoles en el diagnóstico de la situación de adquisición de medicamentos a través de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Inició el debate Gerardo García-Álvarez (Universidad de Zaragoza) que parafraseando a los tripulantes del Apolo XIII con su famoso “Houston, tenemos un problema”, explicó el origen en la propia LCSP que no se concibió pensando en los medicamentos y que carece de ajustes que se adapten a estos, más allá de una limitadísima Disposición adicional vigésima séptima. “Adquisición Centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud”.

Recuperó las prometedoras reformas en este sentido que incorporaba el borrador del Anteproyecto de Ley del Medicamento filtrado, hace unos meses, en el periódico el Demócrata que podría haber cambiado esta situación, ofreciendo una caja de herramientas que, por ejemplo, liberaba a la adquisición de medicamentos exclusivos de toda la carga burocrática (recordemos que los medicamentos tienen el precio intervenido y que ha existido una verdadera negociación previa con la administración para establecerlo); incluía la incorporación de nuevos mecanismos como el sistema de los Contratos Open House, mediante el que se establecen unas condiciones comunes, para que el que decida el medicamento más adecuado para cada paciente sea el médico prescriptor; contemplaba la flexibilidad temporal en la adquisición de terapias génicas en las que pueden suelen acuerdos de pagos por resultados, teniendo la particularidad de que adiestrándose en “one shot” la eficacia puede extenderse a 10, 15 o más años.
Frente a esta apuesta que habría supuesto un verdadero paso hacia delante, el Anteproyecto de Ley del Medicamento sometido a consulta pública recientemente, marca una línea continuista con los mecanismos actuales de la LCSP, aligerando muy modestamente la tramitación de los procedimientos negociados sin publicidad (PNSP) por exclusividad, o ampliando hasta los 10 años la duración de los contratos de terapias génicas, pero poco más, por lo que insistió nuevamente en que tenemos un problema.
Marcos Catalán, bioquímico y alto directivo de la industria farmacéutica, replicó a Gerardo García-Álvarez que, en España, los acuerdos de riesgo compartido únicamente se utilizan para reducir los precios, incorporándose en medicamentos que no presentan incertidumbre real en cuanto a sus resultados. De hecho, España está catalogada junto con Italia y Turquía como países que basan las decisiones respecto a los medicamentos en los presupuestos, frente a otros países como Alemania que basan estas decisiones en su diferenciación clínica.
Esto ha provocado que en los últimos años haya habido ya 20 medicamentos aprobados por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) que no han solicitado su reembolso con cargo a financiación pública en nuestro país, sin embargo, los seguros privados de salud crecen a dos dígitos. No parece que sea una casualidad.
Mientras que las Directivas de Contratación y la propia LCSP fomentan la inclusión de criterios sociales, medioambientales y de fomento de la innovación, en este país se compra por precio, no por valor, obviando los esfuerzos realizados por las empresas para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, que no sólo no son reconocidos, sino que se termina comprando a competidores de terceros países no comunitarios, que hacen dumping social y ambiental y copan los mercados.
Finalizó su intervención trayendo el nuevo marco geopolítico al que nos enfrentamos, para contextualizar y entender los retos en un sector globalizado como lo es el farmacéutico, por lo que no deberían obviarse:
Mientras que Estados Unidos basa su estrategia en una transformación radical impulsada por la administración de Trump, mediante la imposición de aranceles a medicamentos importados (Europa exportó medicamentos por valor de 127.000 millones de dólares a EEUU en 2024), o mediante su orden ejecutiva de mayo de 2025 instruye a la USTR y a su Departamento de Comercio buscando que sus ciudadanos paguen el precio más bajo disponible en cualquier país de la OCDE ya que, según alega la administración americana, no está dispuesta a financiar los precios más bajos en esos países. Al mismo tiempo busca la recuperación de la producción y de las inversiones y ¡le está funcionando! Entre el 60% y el 80% de los beneficios de las 10 primeras compañías farmacéuticas provienen de EEUU, por lo que ha captado ya importantes inversiones (50.000 millones Roche, 20.000 Sanofi, Lilly duplicará las suyas en producción…)
Recordó que China, por su parte, ha invertido cantidades ingentes en su sector farmacéutico desde 2015, controlando ya entre el 60-80% de la producción mundial de principios activos, en una estrategia que busca reducir su dependencia externa, como motor interno de crecimiento, mientras que al mismo tiempo se posiciona como proveedor global dominante.

Por nuestra parte, Europa busca también alcanzar una mayor autonomía estratégica en la producción y reforzar su competitividad, sin caer en el proteccionismo y afronta la mayor reforma regulatoria del sector en 20 años, mientras dice que quiere invertir 5.300 millones de euros y crear un nuevo esquema de incentivos regulatorios para atraer innovación. Sin embargo, parte de una fuerte dependencia externa en la producción de APIs (principios activos) y de un proceso lento de acceso a los medicamentos innovadores.
La crítica más común a esta reforma de la legislación farmacéutica es que se aprecian claras discrepancias entre el objetivo perseguido y la medida que se propone, como las medidas para reducir el periodo de protección de datos regulatorios o de incentivos para medicamentos innovadores, así como un aumento de las obligaciones regulatorias.
Concluyó su intervención preguntándose si Europa, que tiene todos los elementos para liderar este sector (ciencia y científicos excelentes, sistemas sanitarios digitalizados, población ideal para ensayos clínicos, incluso recursos financieros suficientes), tendrá la suficiente visión estratégica para competir en este nuevo contexto geopolítico.
El Secretario General Técnico del Departamento de Sanidad de Aragón, Jorge Emperador, reconoció que nos encontramos ante un reto mayúsculo en Europa y, en España. Reconoció que en el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica y en el PERTE para la Salud de Vanguardia, efectivamente se quiere todo, pero hay que concretar todos estos planes y estrategias. Igualmente, criticó que las propuestas legislativas del Gobierno se estén haciendo en muchas ocasiones sin el consenso de las CCAA, que deberían estar implicadas.



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