Razquin, Valcarcel y Pérez Más (al micro)
El 16 Congreso del Observatorio de Contratación comenzó en Panticosa (Huesca). El formato de la reunión, que nunca busca superar el centenar de asistentes, permite un debate fluido cercano, entre protagonistas muy comprometidos profesionalmente en el tema. El modelo Alta montaña -un parador en pleno pirineo aragonés- logra cierta convivencia y un sentido del compañerismo que, durante tres intensas jornadas, permite intercambio de opiniones, planes y experiencias entre los asistentes. Hasta incluye una excursión al monte la tarde del martes.
Tras la inauguración oficial por José María Gimeno Feliú, la primera mesa estuvo dedicada a La reforma de las Directivas de contratación pública: ¿Hacia dónde vamos? Y estuvo moderada por Juan Pérez Mas, Secretario General de la Presidencia en el Gobierno de Aragón.
El primero en intervenir fue el catedrático de la Universidad Pública de Navarra, Martin Razquin, poniendo sobre la mesa el último informe de la OIRESCON que señala como se está dando una participación en licitaciones de los operadores económicos muy baja, dejando la duda sobre los resultados obtenidos con la normativa actual de contratación pública española. Una intervención algo pesimista. Formalmente, la trasposición no ofrece dudas sobre sus buenas intenciones, aunque su ejecución práctica es deficiente. Se trata de un tema complejo y estratégico en la economía nacional que, sin embargo, no nos permite obtener unos datos de calidad.
La crítica llegó también a falta de la calidad de datos de contratación
¿Es mejor Reglamento que Directiva?
La Profesora Patricia Valcárcel, catedrática de la Universidad de Vigo, subrayó la importancia de que en la actualización de la normativa europea se realicen depuraciones conceptuales de varias de las categorías del sector que no se están interpretando de forma homogénea en los diversos Estados miembros, lo que ocasiona disfunciones importantes. Entre los aspectos cuya aclaración conceptual se reclamó, se citaron la delimitación de los distintos tipos contractuales, la onerosidad, o el alcance de los supuestos de modificaciones contractuales admitidas por Europa.
También insistió en la conveniencia de que la norma europea profundice en la regulación de los aspectos que tienen que ver con la fase de ejecución de los contratos, por ejemplo, imponiendo como obligatoria la figura de un responsable del contrato con capacitación suficiente para hacer el seguimiento de la ejecución o imponiendo la transparencia de actuaciones que pueden tener lugar en la fase de ejecución tales como modificados, imposición de penalidades por incumplimiento, o modificaciones contractuales vinculadas a temas sociales.
Michele Cozzio de la Universidad de Trento, interviniendo
Uno de los aspectos en que los que también ocuparon la atención de la mesa fue en la oportunidad de que la norma que se apruebe sea una nueva Directiva o, por el contrario, se apueste por primera vez por aprobar un Reglamento para regular esta materia. Los académicos parecen contestar afirmativamente a la cuestión y según Gimeno Feliú, todo parece indicar que tal “marco normativo” acabará siendo un Reglamento europeo pues la Comisión Europea y su Parlamento no puede esperar las largas transposiciones en Estados con dificultades parlamentarias para aprobar leyes tan importantes. Patricia Valcárcel, continuó la mesa apoyando esta posibilidad. Recordó los informes de las Instituciones europeas, con su Tribunal de Cuentas al frente de la crítica.
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