El presupuesto de beneficios fiscales

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Jesús Muruzabal Lerga. Acabo de recibir el número 42 de Auditoría Pública, la revista editada por los Órganos de Control Externos de España (OCEX). Entre los artículos, con descarga gratuita, queremos destacar el elaborado por Jesús Muruzabal Lerga, auditor en la Cámara de Comptos de Navarra, que podéis ver en la foto, durante una conferencia impartida en el año 2005, en el simposium de fiscalización de Oviedo. Los auditores, de acuerdo con la ley foral 19/1984, reguladora de la Cámara de Comptos, no sólo constituyen un puesto de trabajo sino que son “los órganos institucionales de investigación e inspección” (art. 16).

El tema analizado en el artículo es el presupuesto de beneficios fiscales, un concepto que supone una disminución de los ingresos tributarios que afectan a un colectivo determinado y alteran la base estructural de un tributo.

Por medio de estas exenciones, bonificaciones, reducciones o desgravaciones se desvía la estructura propia del impuesto para la consecución de objetivos económicos y sociales. Constituyen una forma de subvencionar determinadas actividades sin pasar por el presupuesto por lo que gran parte de la doctrina ha criticado su opacidad, que llega al máximo en la liquidación del presupuesto, pues ninguna Administración tributaria los contempla.

Los presupuestos de Navarra para el año 2005, en un loable intento, recogen aproximadamente una quinta parte del presupuesto de gastos fiscales aunque las partidas más significativas cuantitativamente no están contempladas. Ver página 22 del informe de las Cuentas Generales de Navarra.

Por ello, Jesús Muruzabal entiende que sería deseable que todas las administraciones tributarias, así como las responsables de la contabilidad pública (incluso los órganos de control) elaboraran un documento de consenso sobre la manera de calcular, presentar y contabilizar la información que se debe proporcionar sobre los gastos fiscales, incluyendo una lista de los conceptos que se deben incluir como tales.

El tema ha sido tratado por el Tribunal de Cuentas de España en un reciente informe, donde también recomienda al Gobierno de la Nación la elaboración anual de un documento sobre la ejecución del Presupuesto de Beneficios Fiscales, en el que se determinen las desviaciones de los importes estimados con respecto al coste real de los incentivos fiscales y se analicen sus causas.

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