Arrobas de sabiduría

Fueyo

El artista asturiano Fernando Fueyo expone, durante el mes de mayo, una cincuentena de sus trabajos en un local de la ovetense calle Fruela, frente al Parlamento asturiano. Fernando es uno de esos sabios desconocidos del público asturiano y uno de los mejores ilustradores europeos cuyas obras han recorrido innumerables museos y galerías. Con frecuencia, sus acuarelas retratan la naturaleza, los árboles, las culturas indígenas donde logra plasmar su esencia. Por eso, Juan Luis Arsuaga, pionero en las investigaciones de Atapuerca, pidió su colaboración para ilustrar la publicación de sus avances científicos.

En las paredes de la sala de exposiciones cuelgan algunos dibujos donde el artista explica la evolución del conocimiento humano desde las primeras inscripciones o anotaciones encontradas en las cuevas; el caballo de Candamo, pero también unas barras registrando el número de cabezas del rebaño ¿Nació el arte en la misma gruta que la burocracia? Le escucho: “Antonio, todo lo que se pueda dibujar hoy en un papel ya ha sido hecho en alguna civilización”. Lo que no está dibujado no existe.

Viéndolo con ojo de contable pienso en la cultura inca, cuya expansión andina tuvo mucho que ver no sólo con su red de caminos sino con el quipú, una forma de anudar una cuerda de lana o algodón a modo de rudimentaria contabilidad, imprescindible para el comercio o la administración del imperio. Una cuerda principal, sin nudos, de la que penden otras anudadas con diversos colores, formas y tamaños, eran los ancestros de nuestros asientos contables. Sobreviven en los museos andinos unos 750 quipús, verdaderas joyas (algunos con mil cuerdas) aun por descifrar totalmente, aunque sabemos que conocían el cero, que en esa época aun no utilizaban los romanos.

Imagino a los funcionarios quechuas rindiendo las cuentas a algún jerarca y pienso lo poco que ha cambiado el mundo. No puedo evitar evocar a Cervantes, contemporáneo de aquellos últimos incas independientes, que justificó mal la recaudación ante los Contadores de Hacienda de Felipe II y dio con sus huesos en prisión. Se le daba mejor el arte que la contabilidad o la burocracia. Sin embargo, no falta quien sugiere que gracias a su estancia en la cárcel de Sevilla se engendró El Quijote.

En esa misma época se usaba la arroba (simbolizado en las cuentas así: @) como unidad de medida de capacidad: la cuarta parte de un quintal o 30 libras castellanas. La trajeron los árabes al mediterráneo y duró hasta el siglo XIX cuando se implantó oficialmente el sistema métrico decimal. Sin embargo, aún es posible encontrar las arrobas en el lenguaje castizo, siendo sinónimo de abundante como en el título de esta tribuna. Para recordarlo, Fernando Fueyo concluye su muestra con unas referencias a la @, metáfora de la modernidad y la fluidez de las comunicaciones, cuyo desuso fue aprovechado en 1971 por el informático estadounidense -y Premio Príncipe de Asturias- Ray Tomlinson para la dirección del correo electrónico como carácter que se encontraba en todos los teclados sin formar parte de los nombres de las personas.

Este símbolo, reciclado sin saberlo del viejo mercadeo, representa hoy el nuevo comercio electrónico: aquellas pesadas alforjas y garrafas hoy viajan en esos contenedores ultramarinos que disuelven las industrias y manufacturas locales y se van por la misma alcantarilla que sus aportaciones tributarias sostenedoras de nuestro Estado de Bienestar. No todo es luz y progreso en las transacciones internacionales, como ha quedado en evidencia con los denominados Papeles de Panamá. Con tanto escaqueo, difícil lo tendría hoy Cervantes para recaudar las arrobas de trigo de Écija destinadas a la Armada Invencible.

Por eso, visitar la exposición de Fernando ha sido un gratificante viaje por el mundo a través de sus acuarelas y plumillas. El “espíritu de las cosas” es una esmerada representación de sus viajes, sus experiencias y observaciones en el Tibet o Japón, con sus amigos nómadas del desierto africano, con los quebrantahuesos de San Esteban de Cuñaba, en plenos Picos de Europa o la carbayera del Tragamón. Cabe todo esto en una simple y diminuta letra dentro de un círculo. Y parte de la recaudación de la muestra irá destinada a los refugiados de Siria, demostrando que sabiduría y generosidad van de la mano.

Publicado en La Nueva España el 19 de mayo de 2016.

¿Cuanto gana el conserje?

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La Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno (LTBG) supuso un gran avance para que la sociedad civil ejerza con plenitud los derechos de acceso a la información pública así como para regular las obligaciones de publicidad activa de las instituciones. La aplicación de esta norma básica, junto a sus variantes autonómicas, ha venido determinando la agenda política de gobiernos y parlamentos.

La semana pasada comparecí en la Junta General del Principado, donde la Comisión de Hacienda solicitaba la opinión de una serie de especialistas en diversos campos con ocasión de la Proposición de Ley sobre Cuentas Abiertas que se tramitaba. La futura norma aspira, básicamente, a divulgar los pagos de todas las entidades públicas, incluyendo una serie de datos como el nombre del perceptor y la cuantía de la transferencia bancaria.

En un momento de la jornada, se suscitó el debate sobre la publicidad de los pagos producto de la nómina mensual. El artículo 15 de la LTBG contiene una referencia a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) en lo que respecta a la divulgación aquellos datos de carácter personal con algún tipo de protección que hace necesario aplicar un criterio, suficientemente razonado, de ponderación del interés público en cuestión.

El asunto, lo traemos hoy a la bitácora para dar a conocer una interesante dictamen conjunto de 23 de marzo de 2015 de la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Esther Arizmendi Gutiérrez) y del director de la Agencia Española de Protección de Datos (Jose Luis Rodríguez Álvarez), en respuesta a la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA) que solicitaba la adopción de criterios uniformes sobre la posibilidad de admitir y conceder el acceso a la información en aquellas solicitudes que tengan por objeto la retribución de un determinado puesto de trabajo, la RPT de los distintos órganos administrativos así como la identidad de la persona que los desempeña y la productividad que ha percibido cada empleado público de manera individualizada.

Con independencia de lo inhabitual de este tipo de resoluciones conjuntas de dos órganos tan importantes, debemos felicitarnos por la existencia de una respuesta tan fundada incluso aunque discrepemos de unos criterios tan restrictivos para la transparencia. Aunque el razonamiento expuesto se refiere exclusivamente al ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante solicitud y no es directamente extrapolable al supuesto de publicidad activa de la información, dado que en ese caso, los criterios de ponderación aplicados podrían diferir, habida cuenta de la generalización que conlleva, entiendo que, como mínimo, serán los expresado en el dictamen.

Diferencia entre transparencia y cotilleo

La sesión del Parlamento asturiano duró más de seis horas, con aportaciones sucesivas de interventores (Fernando Urruiticoechea y Francisco Jurado, en primera fila de la foto), académicos (Ignacio Villaverde, Santiago Álvarez y Javier Junceda), Sindicatura de Cuentas y Consjería de Hacienda. Muchos de los testimonios acabaron girando sobre las zonas grises de los intereses en juego (transparencia vs. Intimidad personal) en la divulgación de información.

El dictamen conjunto intenta resolver este dilema con la siguiente regla: con carácter general, habrá́ que entender que existe un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos y a la intimidad si la información contribuye a un mejor conocimiento de los criterios de organización y funcionamiento de las instituciones o a la asignación de los recursos. Por el contrario, cuando esa información no contribuya al mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones o de la asignación de los recursos públicos, prevalecerá el respeto a los derechos a la protección de datos o la intimidad.

Por tanto, la información referente a los puestos de trabajo de mayor nivel de responsabilidad y mayor autonomía en la toma de decisiones o a aquellos cuya provisión se realice con un cierto grado de discrecionalidad o se justifique en la existencia de una especial relación de confianza prevalecerá, como regla general el interés público sobre la protección de datos y la intimidad.

Así , el dictamen establece distintas categorías de empleados públicos, en orden decreciente, cuya divulgación de identidad y retribuciones encontraría justificada: los directivos (SDG en el Estado), el personal eventual (con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial) y el personal funcionario de libre designación, siendo el nivel del puesto un criterio de gran relevancia para la ponderación.

Los restantes empleados públicos, que han obtenido su puesto de trabajo a través de los procedimientos ordinarios, con carácter general, son de escasa relevancia para el logro de los objetivos que justifican el derecho de acceso a la información pública, por lo cual debería considerarse que el objetivo de transparencia resulta insuficiente y debería, con carácter general, denegarse de la información. Entendemos que también como publicidad activa.

Por el contrario, en las RPTs no encuentra argumentos para negar la información, al igual que con el complemento de productividad que ha percibido cada empleado público de manera individualizada, aunque “deberá tenerse en cuenta los niveles de responsabilidad, confianza y participación en el proceso de toma de decisiones” .

El nuevo Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones

El pasado 1 de enero, las campanadas de nochevieja nos trajeron un aumento de la transparencia en muchas áreas que han cobrado una visibilidad más acorde a los nuevos tiempos. No me refiero al vestido de Cristina Pedroche sino a la entrada en vigor la reforma de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) que se contemplaba en la Ley 15/2014 de racionalización del Sector Público.

Se pone así en marcha el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS), parte pública y visible de la BDNS, que, sustituye al Portal de Transparencia de Subvenciones, que ya ofrecía información acerca de 1,3 millones de concesiones otorgadas por el sector público estatal. Ahora, el nuevo Portal informará sobre las concesiones de las todas las Administraciones públicas, recopilando todas sus convocatorias, proporcionando a los ciudadanos y a las empresas un único lugar de acceso para la consulta de las subvenciones que les puedan interesar, incluso creando alertas y suscripciones.

El artículo 20, de la Ley General de Subvenciones (LGS) -modificado en el año 2014- creó la BDNS para promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. Esta Base de Datos daba cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea y asignaba a la Intervención General de la Administración del Estado la responsabilidad de su administración y custodia con las debidas garantías de confidencialidad y seguridad de la información.

El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas.

Están obligados a facilitar información sobre las subvenciones que concedan, los órganos de:

  • a) La Administración General del Estado
  • b) Las entidades que integran la Administración Local
  • c) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas
  • d) Los organismos públicos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.
  • e) Los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones Públicas y organismos o entes dependientes de ellas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.

Asimismo, deben facilitar información por las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen, los organismos públicos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas que se rijan por Derecho privado, los consorcios, mancomunidades así como las fundaciones del sector público. Recuérdese que en el ámbito privado, las entidades sin ánimo de lucro de menor entidad (es decir las que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros) esta BDNS servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad de la Ley de Transparencia.

Como había destacado la doctrina (así, este reciente artículo de Auditoría Pública) la LGS había establecido que la información incluida en la anterior base de datos nacional tenía carácter reservado, sin ser cedida o comunicada a terceros, lo que exigía una revisión conceptual en el marco de la nueva política legal de transparencia.

Además, la situación ocultaba importantes omisiones de envío de información, como pusieron de manifiesto nuestras Instituciones de Control Externo. Así, por todos y entre los últimos, el informe del TCu sobre Subvenciones Ministerio del Interior-2012 (pág. 18) o de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre “Subvenciones y ayudas concedidas por el sector público autonómico en el ejercicio 2011” (pág. 11).

Las nuevas leyes administrativas y las universidades públicas

Santos-presenta-Chaves
Santos Pavón, D.G. de Cooperación Universitaria presenta la jornada con el magistrado José Ramón Chaves.

Recordemos que, en la actualidad, tras la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, nuestras universidades públicas ya no serán necesariamente AA PP. Aunque esa pertenencia al sector público institucional, si me apuran, es el menor de los cambios a los que deben enfrentarse las gerencias universitarias cuando termine la vacatio de un año (2-10-2016) y entren en vigor ambas normas.

ChavesPor eso, hoy en la sede de Cooperación Universitaria, nuestro magistrado de referencia José Ramón Chaves, presentó a setenta de directivos de Instituciones de Educación Superior un avance de los principales efectos de la nueva legislación administrativa en las universidades, un análisis sistemático y práctico. Cuatro horas de animadas reflexiones y ejemplos con animados debates que ponen de manifiesto el enorme interés que despierta el nuevo escenario.

Aunque es demasiado pronto para encontrar publicaciones sobre esta nueva normativa, destacamos el número monográfico de Documentación Administrativa en descarga libre, con un primer análisis urgente, del que debemos mencionar el artículo de José Antonio Tardío Pato “¿Tiene sentido que las universidades públicas dejen de ser administraciones públicas en las nuevas leyes del sector público y de procedimiento administrativo común?

Chaves en OCU

¡Próxima parada: Universidad de Salamanca!

Universidad- ley 39:2015- ley 40:2015A finales de febrero y convocados por la Universidad de Salamanca, tendremos ocasión de volver a profundizar en los diversos aspectos de esa legislación, específicos para el ámbito universitario. Se trata de un seminario que analizará (en jornada de viernes y sábado, 26 y 27 de febrero) las principales novedades del procedimiento administrativo, los órganos colegiados y los expedientes, las responsabilidades, los convenios, los entes instrumentales, las encomiendas y hasta una hoja de ruta para su implantación que deberá estar culminada el 2 de octubre de 2016. En definitiva, la perspectiva académica, gerencial y judicial del asunto. Me congratulo de formar parte de un programa tan interesante que nos permitirá ir madurando los cambios necesarios, en el marco de la administración electrónica que pasará a ser la norma y no la excepción.

Para terminar, una referencia para los muy cafeteros. La Revista General de Derecho Constitucional nº 21, del mes de noviembre dedica un número monográfico a LA UNIVERSIDAD EN LOS DIFÍCILES TIEMPOS DE BOLONIA, coordinado por Fernando Reviriego Picón (UNED) y Francisco Javier Matia Portilla (UVa). De los buenos artículo aportados en la publicación destaco una seria censura a los gobiernos nacional, regionales así como a las autoridades universitarias, llevada a cabo por Enrique Linde Paniagua (La Universidad en el laberinto”). Para el autor, el número de universidades y de títulos es excesivo, los estudios universitarios se desarmonizan cada vez más en el espacio europeo, los alumnos universitarios son excesivos, se margina la enseñanza universitaria de calidad, no se presta atención a la formación de docentes e investigadores excelentes, no se erradica la endogamia, el gobierno de las universidades es deficiente, la financiación de los alumnos es deficiente y las relaciones de la universidad con la sociedad son insuficientes. Pero … ¿Se ha hecho algo bien?