El reciente fallecimiento del Interventor del Ayuntamiento de Jerez, Juan Raya Gómez, tras sufrir un contagio del COVID19, pone de relieve la existencia de un relevante grupo de profesionales que han contribuido a la construcción de la Alta Función Pública de nuestro país. Muchos se van jubilando y otros, como la personalidad que hoy glosamos, nos deja tristemente con una sensación de vacío.

El mundo de la intervención local se mueve en un terreno peligroso que exige el dominio de la más variada y  compleja normativa: contratación, función pública, tributaria, etc. Debe tener criterio en todo lo sustantivo y también en los aspectos procedimentales y de contabilidad. Esto último, por si no fuera poco, se ha complicado mucho. Eso por no hablar de las habilidades que exige su cargo, que  deben ir aprendiendo o practicando día a día y que son trasladables a otros muchos órganos de control de las Administraciones Públicas. El Magistrado Dr. Chaves lo ha glosado siempre con mucha complicidad, por ejemplo aquí.

Nunca como hasta ahora el Intervención local ha tenido tanta presencia en los textos legislativos y reglamentarios. El gran avance que se ha producido tras el RD 424/2017 sobre Control Interno Local ha supuesto otra vuelta de tuerca añadiendo nuevas funciones y responsabilidades. Pienso sinceramente que nunca ha sido tan difíciles las tareas del interventor local y Juan Raya estaba en el mejor momento para asumirlas. 

Juan era compañero del patronato de la Fundación FIASEP, actualmente como Secretario y presidente de la Comisión de Administración Local y desde donde había promovido gran cantidad de iniciativas para el mundo de la fiscalización de los fondos públicos y, en particular para sus colegas los funcionarios con habilitación de carácter nacional en las áreas de intervención y secretaría municipal. Entre ellas, donde ya trabajaba en las las próximas IV Jornadas sobre el Sector Local.

Había nacido en Córdoba el 20 de mayo de 1954. Economista por la Universidad Autónoma de Madrid (1976). De su extensa experiencia profesional destaco apenas unas pinceladas: Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Sanlucar en 1981 y en 1984 accede también por oposición al cuerpo de Intervención Local, para ocuparse de esas funciones en la Diputación de Córdoba en dos periodos distintos: 1985-1989 y 1992-2001, en cuyo intermedio se ocupó de la Dirección de control financiero de la RTVA, conocida como Canal Sur. Tras esa etapa será interventor en El Puerto de Santa María, entre 2001 y 2016 desde donde accedió al Ayuntamiento de Jerez, con una breve estancia en la Dirección de Contabilidad y control financiero del Ayuntamiento de Madrid.

Un hombre tranquilo

Imagino cuantas historias habrá vivido el tranquilo de Juan entre alcaldes, concejales, secretarios, tesoreros, plenos municipales y siempre con auditores institucionales o el Ministerio de Hacienda mirando de reojo. Esa cualidad es la que más admiración me produce en este estresado y veloz mundo en que vivimos.

En el último gran congreso que se celebró en España antes de suprimir todas las actividades masivas por el COVID, el CCIL (“Nuevo Rol de los órganos de control interno”) realizado brillantemente en Badajoz (más que brillante, excepcional) en octubre de 2019 gracias a la coordinación de su Diputación y de la IGAE (y que glosamos aquí) el apoyo de FIASEP, de COSITAL y de El Consultor, compartimos tarea en el grupo de trabajo. En su desarrollo dirigió el panel 4 del programa, dedicado al siempre resbaladizo tema del Alcance y responsabilidad en la intervención de la comprobación material de la inversión.

De sus conclusiones recuerdo la petición de modificar la regulación de la recepción que establece la actual disposición adicional tercera de la Ley de contratos del sector público, estableciendo un umbral que la haga viable con recursos razonables. Se trata de un acto de naturaleza compleja plagado de anécdotas que Juan debió vivir en primera persona.

Es este asunto, con gran sentido común de nuestro amigo Raya pedía regular los supuestos en los que no caben actuaciones de comprobación por imposibilidad material, y también recogerse expresamente la posibilidad de que el órgano de control interno pueda establecer criterios de selección de actuaciones de comprobación material. Igualmente debe regularse el ámbito objetivo de la solicitud de asistencia técnica y delimitar las funciones y responsabilidades de interventores y asesores. Un terreno que conocía como pocos.

Cuanta experiencia acumulada, cuanto trabajo y cuanta sabiduría nos ha dejado. Y lo más importante: ha muerto una buena persona.