El próximo 25 de abril, el Registro de Economistas Auditores, en su sede central del Consejo General del Colegio de Economistas, en  Madrid, organiza una interesante actividad de inscripción gratuita: la V Jornada de Auditoría del Sector Público donde tendré el honor de participar en uno de sus paneles, sobre la colaboración de los auditores privados en el sector público. Los otros dos incluyen temas de gran actualidad: el control interno de las entidades locales (a cargo del Jorge Castejón Gonzalez, Director Nacional de Auditoria)  y la nueva Ley de contratos del sector público (por José J. Boyero Corchado, Jefe de Servicio de Auditoría de la Intervención General de la Junta de Extremadura).

En la conferencia inaugural podremos escuchar al presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) José Luis Escrivá Belmonte, que acaba de hacer publica una nueva herramienta interactiva para analizar más detallado sobre la sostenibilidad de la deuda de las distintas Administraciones Públicas. 

La última nota de prensa de la AIReF recuerda que, pesar de haber crecido por encima del 3% durante 2017, la ratio de deuda apenas se ha corregido. Nuestro permanente escenario electoral hace que nadie se ocupe de pensar en el medio plazo,  en los riesgos para la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas (CCAA).

En 2017, por tercer año consecutivo no se cumplió con la reducción de 2 puntos porcentuales de deuda establecida en la Ley de Estabilidad para años en que la economía crece por encima del 2 por ciento en términos reales.

A nivel de CCAA, las mejor situadas son Islas Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarían un nivel cercano al valor de referencia establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (13% de su PIB) dentro de los próximos 3 años. Por el contrario, existen CCAA que no lograrián llegar al nivel de referencia (Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia).

Sólo el subsector de las Entidades Locales ha sido capaz de alcanzar el valor de referencia -ya en 2016- anticipándose al 2020. Es notorio el esfuerzo formidable (desmesurado, sin duda) que los ayuntamientos españoles han hecho para equilibrar sus cuentas y alcanzar una ratio de deuda que se mantenga por debajo del 3% del PIB. Existen grandes disparidades en el endeudamiento per cápita de los grandes ayuntamientos (mayores de 250 mil habitantes), siendo Zaragoza y Madrid los más endeudados en estos términos, por un lado, y Bilbao, Las Palmas y Vigo los que menos.

El ejemplo municipal

El pleno del pasado mes febrero del Tribunal de Cuentas aprobó un interesante informe de fiscalización del grado de cumplimiento de la ley de la estabilidad presupuestaria por los ayuntamientos con población de entre 75.000 y 150.000 habitantes.

El Tribunal no suele caracterizarse por aportar una visión risueña de los escenarios que analiza. En su caso, a la vista del contenido y eficacia de los planes de contenido económico aprobados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), recomienda al Estado (pág. 89) seguir impulsando regulaciones legislativas y reglamentarias detalladas y normalizadas del contenido de los planes que deban aprobarse por las entidades locales, así como de la periodicidad y alcance del seguimiento y control a realizar por las mismas y por sus órganos de tutela financiera del Estado y de las CCAA.

En concreto, considera necesario que se refuercen los controles establecidos por los órganos de tutela financiera, para “garantizar que la determinación de la capacidad o necesidad de financiación, el gasto computable y el endeudamiento de las entidades locales se realice de forma consolidada, con inclusión íntegra y exclusiva de aquellas dependientes o adscritas a la entidad principal, clasificadas como Administración Pública”.

A la vista del escenario global, no faltará quien cuestiones la legitimidad de unos “tutores” (Estado o CCAA) que incumplen sus propios escenarios, para “tutelar” unos ayuntamientos que, en términos globales y macroeconómicos, han sido ejemplares.