Transparencia Internacional acaba de hacer publico su Barómetro Global de la Corrupción 2017, que reúne un amplio conjunto de datos de 119 países correspondientes a los dos últimos años, sobre muy diversos aspectos relativos a la corrupción y la visión que sobre la misma tienen la sociedad y los ciudadanos de los cinco continentes.

Los datos relativos a España corresponden a 2016 y muestran que, en comparación con la situación mundial -y sobre todo con los países de nuestro entorno- continúa la preocupación de nuestros conciudadanos por la corrupción. Mientras que en la encuesta mundial uno de cada tres encuestados piensa que la corrupción es uno de los grandes problemas que existen en su país, en España piensa esto el doble de los encuestados: dos de cada tres.

La radiografía sucinta de los resultados muestra que en los países más ricos, el 65 por ciento opinan que las personas con altos ingresos tienen demasiada influencia en las políticas públicas . En España, concretamente el 88 por ciento de los entrevistados dijeron que las personas de los sectores más ricos influían indebidamente en las decisiones gubernamentales; en Portugal, las personas con esta opinión eran el 85 por ciento, en Francia el 79 por ciento, y en Alemania y el Reino Unido el 77 por ciento.

Para Transparencia Internacional un gran obstáculo en la lucha contra la corrupción es la falta de protección de los denunciantes. El 30 por ciento de todos los entrevistados en Europa y Asia Central dijeron que el principal motivo por el cual no hay más personas que denuncien casos de corrupción es porque temen a las consecuencias. Dos de cada cinco personas que denunciaron irregularidades sufrieron represalias como resultado.

En España, el 28% de los ciudadanos percibe un aumento de la corrupción en el país en los últimos 12 meses, mientras que un 37% piensan que todo sigue igual. Además, son particularmente críticos con la regeneración política que lleva a cabo el gobierno ; el 80 % opina negativamente acerca de esta cuestión.

En lo que respecta al Índice de sobornos , en España un 3% de los usuarios admiten haber pagado alguna vez un soborno por utilizar al menos uno de los ocho servicios públicos indicados en la encuesta. Dentro de los que han tenido contacto en carretera con la policía, un 2% admite haber pagado algún soborno. El mismo porcentaje (2%) se refleja en los que han recibido educación pública. Son tasas bastante bajas en términos relativos a nivel internacional.

Sobre cuál es la principal razón por la que muchos ciudadanos no denuncien la corrupción cuando ocurre, un 35% de los españoles encuestados piensan que se trata del miedo a las posibles consecuencias negativas ante la denuncia de corrupción. Por otra parte, un 19% acepta la corrupción como algo normal.

En cuanto a la actitud ciudadana en España, un 48% de los encuestados están de acuerdo con que los ciudadanos pueden cambiar la situación en la lucha contra la corrupción, y un 45% aceptan que en nuestra sociedad los testigos de corrupción lo denuncien. Sin embargo, la mitad de los encuestados si fuese testigo de un acto de corrupción, se sentiría personalmente obligado a denunciarlo. Es más, un 46% estaría dispuesto de estar durante todo un día en un juzgado si hiciese falta.

En relación con el nivel en el que la s diferentes instituciones están más o menos envueltas en corrupción, los resultados de España frente a la media de los 119 países evaluados son claramente desfavorables en algunos sectores , por ejemplo la Policía, los Jueces o los organismos relacionados con el control tributario, en los que el nivel de corrupción percibido es bastante más bajo que la media global. La razón estriba en que la actuación de los funcionarios públicos se considera mucho más honesta que la percibida de los cargos políticos. Así, un 30% de los españoles cree que todos o la mayoría de los concejales están relacionados con casos de corrupción. En el caso de los parlamentarios, la cifra asciende a l 37% de los españoles. El palacio de La Moncloa tampoco se libra de esa percepción crítica …

Un caso práctico

Para los muy cafeteros tengo una recomendación final. Se trata de la reciente y magnífica obra Renedo no es un caso: «Corrupción en el paraíso natural» (¡15 euros!) del periodista Ramón Muñiz que me ha tenido enganchado este fin de semana. Se trata de una cuidada descripción del fraude que se produjo en la Administración del Principado de Asturias iniciado por la funcionaria Marta Renedo falsificando cuentas corrientes y la identidad de los acreedores, con la complicidad de algunas empresas de equipamientos –contratación menor y acuerdos marco– y donde la policía acabó pescando a Altos Cargos autonómicos.

El autor se introduce en la personalidad de los protagonistas explicando con rigor a la vez que sencillez (algo difícil en un tema tan técnico como periodístico) la trama de esos delitos, que dieron lugar a un sumario judicial de miles de folios, a una esclarecedora comisión de investigación, y evidenciaron la debilidad del control interno en algunas consejerías.

Una lectura obligada e útil para quienes se dedican a la gestión pública. Espero qie la disfrutéis tanto como yo y comprobéis que su contenido coincide plenamente con el titulo de esta entrada, porque esas tres instituciones fueron decisivas para desenredar la madeja de ese caso de corrupción.