Cada 9 de diciembre (como siempre sin tarjeta) se celebra el Día Mundial contra la corrupción, impulsado por la ONU. No suele tener la acogida que merece, quizás por ser la víspera del Día Internacional de los derechos Humanos, de mayor tradición y reconocimiento. Sin embargo, esta bitácora lleva ya una década realizando su modesta pero recurrente aportación al tema.

Este año lleva el lema “Corrupción: un impedimento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, recordando que el Objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible -acerca de las sociedades inclusivas y en paz- busca reducir sustancialmente esa lacra. Los citados objetivos, con 169 metas conexas de carácter integrado e indivisible, son ya de aplicación universal y deben guiar todos los Estados del mundo durante los próximos 15 años.

Aprovechemos la efemérides para elogiar la difícil labor de Transparency International que da visibilidad a muchas acciones contra la corrupción en el mundo. Entre las últimas, el Premio contra la Corrupción 2016 otorgado al Equipo de Trabajo del Caso Lava Jato, en Brasil. Una investigación de los fiscales comenzada en 2014 como un trabajo local sobre blanqueo que acabó procesando y condenando a algunos de los miembros más poderosos de la clase dirigente, política y económica, de Brasil. Quizás sea oportuno apuntar aquí las grandes dificultades que ha soportado en España la instrucción de los macro-procesos, con ingentes diligencias de investigación; se ha intentado resolver en la reciente reforma de la justicia criminal, permitiendo la división de los macro-juicios en otros más pequeños, sin exigir su acumulación. También queda la cuestión del papel de la fiscalía y su mayor protagonismo frente la tradición española del juez de instrucción.

Cuanto más se lee la prensa española, más se percibe corrupción

La preocupación por la corrupción se ha disparado en España. La semana pasada hubo una interesante jornada sobre el tema en Sevilla, organizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Manuel Villoría, del capítulo español de Transparencia Internacional, presentó así -con toda su crudeza- el problema de nuestra persistente bajada en el ranking internacional que elabora el organismo: ”En 2013 la situación para España empeoró notablemente: bajamos a 59 puntos, al puesto 40 y dentro de Europa nos han adelantado en el ranking de menos corruptos Portugal y Polonia. En 2015 todavía ha sido peor. En todo caso, todavía tenemos más de 130 países por detrás. Esto nos llevaría a una conclusión optimista: no estamos tan mal. Y a otra pesimista: si nosotros somos el 38-40, el mundo es un desastre”.

La ciudadanía tiene una percepción muy crítica de la honestidad pública y el particularismo en algunos ámbitos A la pregunta ¿el sistema judicial en España persigue y castiga a los culpables sin importar quiénes son?, Villoria recuerda que el número de personas en desacuerdo (o muy en desacuerdo) alcanza más del 70% de los encuestados. “Más alto es aún al apoyo a la percepción de particularismo en el ámbito fiscal, pues ante la afirmación La gente acomodada recibe un trato fiscal claramente más favorable que el recibido por el ciudadano medio, el 85% está muy de acuerdo o de acuerdo”.

Durante su comparecencia hace unas semanas en el Parlamento asturiano, se sorprendía Villoría de que en 2011-13 hubo más de cuatro mil causas por delitos conexos con la corrupción pero sólo se han dictado 140 sentencias condenatorias por cohecho, 204 por malversación y una por tráfico de influencias. Por ejemplo, en Italia, solo en 2011, hubo 802 condenados por los delitos de “concussione” y corruzione”.

El caso de Portugal

¿Porqué nos ha superado tan fácilmente Portugal? Ahora luce ese envidiable puesto 28 en la clasificación mundial de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional. Una de las razones es que acometió, a finales de la década pasada, una reforma legislativa que creaba el Consejo de Prevención de la Corrupción, en el seno del Tribunal de Contas -que da todo el apoyo operativo y lo preside- pero integrando relevantes miembros del ejecutivo (como el Internentor General del Estado) junto a representantes de la fiscalía o del colegio de abogados. Una solución  barata como el bacalhao y realista como son los portugueses.

En cinco años de vida, más de 1.200 entidades públicas aprobaron planes de prevención de riesgos de corrupción que mapean los riesgos asociados a las acciones tomadas por cada entidad, presentados en términos de probabilidad de ocurrencia y proponen las medidas preventivas adecuadas. Y los deben publicar. Sirvan de ejemplo estos dos: por una parte, el Tribunal de Contas aprueba el suyo, dando ejemplo como servicio público que es. También puede verse el correspondiente a la Comisión del Mercado de Valores, cuyo documento es accesible desde las primeras pestañas del portal institucional y os pongo un pantallazo aquí:

¿Qué pueden hacer los OCEX?

Antonio Minguillón Roy, de la Sindicatura de la Comunidad Valenciana, advertía durante su ponencia en el seminario sevillano ya comentado que la mejor actividad de prevención de los OCEX no es otra que “realizar nuestro trabajo con el máximo rigor, independencia y profesionalidad, de acuerdo con normas transparentes y en tiempo oportuno. Y que los gestores públicos tengan claro que eso es así y que los OCEX son implacables en la lucha contra el fraude”.

Advertía alli Minguillón (¡siempre en la vanguardia!) que esta misma semana, durante el XXII-INCOSAI –el Congreso mundial de la INTOSAI que se celebra cada tres años- se aprobará la ISSAI 5700, una de las Directrices de auditoría para de prevención de la corrupción, que es un instrumento técnico adicional a disposición de los auditores públicos en esas áreas. En este documento se señala que: “el combate de la EFS a la corrupción debe ser multifacética. Incluye, pero no se limita a: (1) incorporar temas de corrupción y de irregularidades en el trabajo rutinario de auditoría de la EFS; (2) aumentar la conciencia pública acerca de la corrupción y otras irregularidades, mediante la divulgación oportuna y pública de los hallazgos de auditoría de la EFS; (3) mejorar métodos y herramientas de combate a la corrupción y otros tipos de delito; (4) proporcionar un medio para que denunciantes reporten instancias de infracciones; y (5) cooperar con otras instituciones en el combate a la corrupción.”

El documento entiende que los componentes de los Sistemas de Prevención de la Corrupción (pág. 17 y siguientes) son siete: la cultura organizativa anti-corrupción, los objetivos/estrategia, la responsabilidad organizativa, la gestión de riesgos, el programa anti-corrupción, la comunicación de los informes así como su seguimiento y modificación.

En resumen: la necesidad de un análisis de riesgos en aquellas áreas de actividad consideradas especialmente vulnerables a la corrupción, que deben ser evaluadas con regularidad y según las circunstancias; por ejemplo, cada cinco años o cuando hay cambios significativos en la organización auditada. De acuerdo con esa evaluación de riesgos, la organización debe desarrollar y documentar una estrategia para luchar contra la corrupción incluyendo la identificación de los objetivos de control específicos y desarrollar e implementar medidas apropiadas y actividades de control específicas para prevenir la corrupción. La norma impone un programa completo y razonable contra la corrupción que debe estar integrado en la estructura general de la organización. Parece que el modelo portugués anticorrupción se impone, por mucho que nos ofenda la presencia en nuestra web institucional de un parche lateral con un titulo tan poco edificante. Sin embargo, el primer paso para la solución de un problema es ser consciente de su existencia y querer resolverlo.

Una versión resumida de este artículo fue publicada en La Nueva España del 9-12-2016.