Las 49 naciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa aprobaron su último informe anual en junio de 2016 que ofrece una visión general del impacto de sus recomendaciones sobre la legislación, las prácticas y el marco institucional dentro de los estados llevado a cabo durante 2015.

El GRECO concluye que de las quince recomendaciones realizadas a España en su anterior informe, once se han aplicado satisfactoriamente y las cuatro restantes sólo parcialmente, aunque se destaca en los titulares de prensa, como el arriba incluido. En 2016, el GRECO está preparando su quinto ciclo de evaluación, que se centrará en la prevención corrupción e integridad en el gobierno central -las máximas funciones ejecutivas, en particular- y la aplicación de la ley las instituciones. El asunto es de capital importancia. Las instituciones deben colaborar en la persecución de la corrupción con todas las herramientas posibles.

Con esta idea, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de España acogió, la semana pasada, un interesante panel sobre los diversos  modelos de control en la lucha contra el fraude, organizado por la Asociación Española del Personal de Instituciones de Control.

El acto fue presentado por el presidente de la sección de Enjuiciamiento, Felipe García Ortiz, interviniendo a continuación Alberto Cigarruista Cortéz (Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas de Panamá) y José Antonio Fernández Ajenjo (Jefe de Servicio Nacional de Coordinación Antifraude- IGAE).

Desde la Declaración de Lima de 1977, la opinión mayoritaria de los auditores públicos considera que la función de las instituciones de control financiero consiste en prevenir la corrupción y eventualmente en detectar los riesgos de defraudación, sin que les corresponda asumir funciones investigadoras o inspectoras. Los fuertes escándalos de corrupción suscitados en los países desarrollados a finales de los 90 han obligado de nuevo a las entidades fiscalizadoras a posicionarse frente a este problema, adoptando dos soluciones distintas. Por un lado, la U.S. Government Accountability Office (GAO) ha asumido como propia la función de lucha contra la corrupción y ha creado un organismo interno para realizar investigaciones administrativas. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas Europeo se ha mantenido en la postura tradicional de los auditores frente al fraude, razón por la cual se ha creado un organismo especializado en esta materia como la Oficina Europea de Lucha Antifraude.

En España, tal como recordó el conferenciante español, se ha seguido este último modelo, por lo que poco a poco se están creando por parte de las diferentes entidades públicas territoriales Oficinas Antifraude de dependencia parlamentaria, si bien la atribución de funciones que, en su opinión, desbordan este ámbito e incluyen temas vinculados tradicionalmente al ámbito de la auditoría pública, como la investigación de la legalidad o de la eficacia en la gestión pública. Como modelo alternativo, destacó el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude creado en la IGAE que afronta la lucha contra la corrupción, centrada en la protección de los intereses financieros comunitarios, como una función más, inserta en el ámbito de la auditoría pública.

En América latina, los Tribunales de Cuentas como el panameño, tienen como misión casi exclusiva perseguir las prácticas fraudulentas. Tomando como base los trabajos de fiscalización las Contralorías, ya sea a través de sus auditorías o como consecuencia del proceso de rendición de cuentas, el Tribunal de Cuentas juzga el menoscabo de los fondos públicos por acciones u omisiones de los servidores públicos en sentido amplio. Los asistentes a la conferencia del Magistrado Cigarruista se sorprendieron con las herramientas de enjuiciamiento, como la facilidad para decretar embargos. El conferenciante enfatizó que Panamá y América Latina están viviendo nuevos tiempos que demandan de sus funcionarios más responsabilidad y eficiencia en el desempeño, sobre todo en el manejo de los fondos y bienes patrimoniales del Estado: «prueba de ello es el crecimiento de la lucha contra la corrupción que ha llevado a la cárcel a varios mandatarios latinoamericanos».

Las Contralorías realizan en América Latina la misión auditora del gasto e ingreso público. En casos como el colombiano la Constitución de 1991 eliminó la fiscalización previa y ahora se estudia una reforma constitucional para crear allí un Tribunal de Cuentas, como explicó recientemente Alberto Sandoval Navas, funcionario de la Contraloría General de Colombia, durante el VII Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público. Allí, muchos lo apoyan por la tradición jurídica colombiana, “mucho más cercana a la europea continental, que a la anglosajona”, dijo. Sus críticos recuerdan que “el país no está preparado para crear una corte más, que se sumaría a las cuatro ya existentes”, y que bastaría con atribuirle a los actos de declaración de responsabilidad fiscal de la Contraloría la condición de jurisdiccionales.

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