En las últimas píldoras grabadas para la Fundación Internacional OCU, entrevisto a la experta funcionaria Ana Isabel Caro Muñoz sobre el acoso en la Administración, un tema cada vez más frecuente y del que Ana es especialista en muchas de sus vertientes: laboral, penal, administrativa o educativa. Os recomiendo echar una ojeada, a esta y otras.
Hoy quiero relacionarlo con las funciones reservadas a los habilitados locales, que suponen un trabajo de riesgo al que llevo tiempo queriendo dedicar una entrada en la bitácora. Los órganos de control analizan con detalle su relevante y creciente labor, cuyas debilidades tienen un efecto expansivo sobre el propio control interno de la Administración a la que sirven y cuyos ceses suponen una significativa incidencia de auditoría. Estas últimas semanas he ido coleccionando noticias de prensa sobre las tensiones entre los Alcaldes y los funcionarios responsables del cumplimiento de la legalidad en las corporaciones locales. Vamos a comentar algunas, a continuación.
Una de las más conocidas sucesos del último lustro, en esta área, fue el hostigamiento sufrido por la secretaria municipal de Palas de Rei. El juzgado de primera instancia de Chantada (Lugo) ha abierto hace unos días, juicio oral a su alcalde, a cinco concejales de su equipo, a cuatro trabajadores municipales y al ex director general de Administración Local de la Xunta de Galicia por 15 delitos, entre ellos acoso, amenazas, trato degradante, falsedad, malversación y fraude de subvenciones.
El asunto parece no tener color político ni geográfico, porque en el otro lado del espectro y del territorio, este mismo mes de junio pasado, encontramos el juicio contra el ex alcalde de Ausejo (La Rioja), acusado de ‘mobbing’ al secretario-interventor del Ayuntamiento a quien «sometió, generalmente en su despacho, a una actitud vejatoria y humillante (… ) para que fuera menos riguroso en sus informes sobre la legalidad de la actuación», según el escrito del Fiscal, que pide cinco años de prisión. La habilitada se vio obligada a hacer su trabajo en una mesa ubicada a la entrada del Ayuntamiento.
En el ámbito puramente administrativo destaca el caso de Margarita López, Interventora de Arganda (Madrid), que el 27 diciembre de 2013, emitió un informe desfavorable porque la prórroga del Presupuesto no recogía créditos y gastos que la ley señala como preferentes. Como, tras la LRSAL, había cambiado el status de los habilitados nacionales, en febrero de 2014 el MINHAP le abre expediente y la suspende provisionalmente durante seis meses: «Me suspenden sin expediente alguno y sin saber por qué, solo porque el alcalde decía que mi informe desfavorable paralizaba la gestión del Ayuntamiento. Nada más alejado de la verdad. ¡Si mi informe no era vinculante! Y lo más grave es que el ministerio no hizo nada para comprobar si yo tenía razón o no en mi informe». La sentencia de 28 de diciembre de 2015 anula siete de las ocho faltas de la sanción del ministerio (y se recurre la otra) pero la plaza de interventora había sido convocada así que en marzo de este año el juzgado declara la ejecución forzosa de la sentencia en mayo de 2016, reincorporándose al Ayuntamiento que le debe la retribución de los 22 meses que estuvo sancionada.
No quiero terminar sin una referencia al caso de Beatriz Vigo, interventora del Ayuntamiento de Madrid, que sin eufemismos (cesar no es verbo reflexivo) ha sido destituida de su puesto de libre designación por la Junta de Gobierno, en su reunión del 23 de junio pasado. Sin perjuicio de la elegancia del proceso, donde no han trascendido malas formas, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena considera que ha cumplido de forma escrupulosa todos los pasos exigidos por la ley. Entre ellos, el informe preceptivo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/85 de 2 de abril, de la Administración General del Estado competente en materia de haciendas locales. El dictamen llegó haciendo hincapié en la necesidad de motivar los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales, como es el caso, para evitar conductas que rayen en la arbitrariedad o desviación de poder y concluyendo que debía instruirse un expediente en el que “se determinen las causas técnicas que motivan el cese”. Desconozco si se probaron esas razones técnicas. Lo cierto es que Beatriz Vigo, a quien casi no conozco más allá de unos correos electrónicos que le cursé de invitación para conferenciar en un curso de la Universidad de Salamanca que no se realizó, ya no es la interventora del Ayuntamiento, sin alegar ninguna razón profesional. Y eso no es bueno para la gestión pública.
Fiscalizacion.es 
Me resulta indignante, por falta de sensibilidad con el acoso el mezclar los casos de víctimas de violencia laboral terrible y brutal con un caso desgraciado de nuestra profesión de interventores indefensos y aislados como es el del cese de una interventora que es legal, tan legal y desgraciado como fue su nombramiento también por libre designación y sin fundamentar.
Fernando Urruticoechea
Interventor general municipal de Orihuela, víctima de acoso laboral en 4 ayuntamientos, con 1 sentencia favorable en Galdakao, 1 sentencia de archivo en Castro Urdiales y pendiente de contar con dinero para poder presentar querellas por acoso contra el alcalde del ayuntamiento de Crevillent y contra el alcalde de Orihuela.
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Lo entiendo, Fernando. Tiene relación a pesar -como digo- de la exquisita limpieza del proceso, porque se trata de una destitución con razones vagas. Y no me gusta. Gracias por comentar.
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«Desgraciado el país que necesita héroes» ~ Bertolt Brecht.
…Que ganas tenía, Antonio, de que enfocaras este tema y que injustos hemos sido (y seguimos) con los miles de Secretarios e Interventores de Ayuntamiento que se la han jugado (y siguen) para evitar que este país no se haya ido completamente por el sumidero de la corrupción.
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La esencia del acoso laboral es lisa y llanamente quitarte de en medio al precio que sea
En la empresa privada se suele saldar con un despido improcedente, pero en la administración está salida no cabe. Lo único que vale es que te vayas por tu propio pie y sin rechistar ni acusar nadie.
Creerme que de esto entiendo algo.
Dando la razón a la ponente del vídeo esto ocurre siempre por el silencio cómplice de los demás (el silencio de los corderos del rebaño).
Gracias por este post.
Este comentario es de un guarda forestal que sufrió mobing durante 6 años sin saberlo. Ahora gracias a eso es licenciado en derecho y con algún conocimiento en estas cuestiones.
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Estimado Raúl, ya veo que no soy el único, un poco más de tiempo sufriendo, 15 años, profesión policía local, pero el final es mismo, licenciado en derecho, excedencia y despacho propio. Un saludo.
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Muchos más son los casos no denunciados donde los FHE acaban pediendonotro destino…. el problema es que el control interno molesta los malos gestores, tan abundantes en nuestros municipios, incluso cuando ese control es constructivo, ofreciendo alternativas de legalidad y eficiencia a propuestas o decisiones incorrectas… Lo lamentable es que con la corrupción galopante que nos desangra, el gobierno no sólo no haga nada para asegurar un eficaz control interno y externo de la gestión pública, sino todo lo contrario: basta ver la vuelta de tuerca que dio con la mal llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local al problema de las libres designaciones de FHE en el art. 92.6, haciendo legal la hasta entonces ilegal actuación de la difunta Presidenta de la Diputación Provincial de León al cesar a la Tesorera de la Institución. No he visto crítica política alguna a esa regulación que he denunciado en un reciente libro sobre corrupción en contratación pública…
Libres designaciones, baremos específicos, inexistencia de control por las CCAA y Subdelegaciones de Gobierno al recibir las actas de los órganos colegiados de la EELL; escasez de medios en los OCEX y lo que es peor, ausencia de efectos directos a sus siempre sensatas recomendaciones; falta de medios e independencia efectiva del poder judicial; ausencia de exigencía de restitución íntegra de los quebrantos y daños ; indultos y un pueblo que no castiga con su voto a los corruptos… Con este panorama seguiremos zambullendonos en el lodo de la corrupción, una pandemia perenne que «acompaña al poder como la sombra al cuerpo» (Alejando Nieto), y que en nuestro país es más alargada que la de los cipreses de Gironella…
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Somos muchos los que hemos sufrido acoso laboral en varios Ayuntamientos y por nuestro poco peso, por ser funcionarios interinos, en unos casos, o por tener en contra a algún que otro habilitado Nacional, en otros, solemos pagar un precio muy alto.
Estoy convencida de que hay muchos compañeros que desempeñan su trabajo con honradez y responsabilidad y no hacen alarde de ello, simplemente porque ya asumieron que es la lucha diaria del Habilitado que intenta hacer las cosas bien.
Recientemente he descubierto que hay muchos más funcionarios valientes, que villanos y hace que me sienta muy honrada de pertenecer a este colectivo; pero cada vez me gustan menos los que enarbolan la bandera de una u otra cosa, cuando aprovechan de forma abusiva determinadas ventajas mientras las tienen.
Me encantan estos debates, por la calidad de las opiniones y porque nos hacen sentirnos más vivos.
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Hola, amigos.
Observo que el enfoque va del lado de lo mal que se trata a los Secretarios e Interventores y ciertamente que indignan los padecimientos que sufren muy valiosos y muy valientes Funcionarios a los que habría que reconocer y ensalzar públicamente.
Me toca el enfoque contrario. ¿Cómo se explica que pasen por la mesa de miles de secretarios e interventores expedientes urbanísticos firmados por falsos arquitectos municipales sin que conste un reparo del secretario/interventor?
Casuística extrema:
1.- Más de 600 ayuntamientos de Castilla la Mancha otorgan ilegalmente licencias urbanísticas http://bit.ly/2agRETo
2.- La licencia de la cárcel de Estremera que aloja a Francisco Granados es ilegal. Podría instar su clausura.
3.- La licencia de demolición de la Nuclear de Zorita es ilegal. El técnico municipal era un falso funcionario. Varios ATI de las nucleares se han autorizado ilegalmente -licencia municipal-
4.- Cospedal subvencionó en 2014 con 500.000 euros la demolición de un Bien de Interés Cultural, la Colegiata de Pastrana cuya licencia informó un falso funcionario sin reparo de la Secretaria.
5.- La directora de Madrid Activa, ex alcaldesa de Chinchón, otorgó cientos de licencias ilegales en su ayuntamiento
Y veamos cómo se las gastan los tribunales para que todo ello florezca y se mantenga vigente y en todo su esplendor: ¡ http://bit.ly/1TvwDzT
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Pingback: Discrepando del reparo del Interventor – Fiscalizacion.es