La semana pasada se celebró en la Universidad Miguel Hernández de Elche las  III Jornadas de Fiscalización y Control de las Universidades Publicas donde el auditor Interno de la UCLM, Julio García Muñoz  abordó el conflicto de interés y las posibles incompatibilidades que aparecen en la figura del Investigador Universitario cuando se plantea la creación de una Empresa de Base Tecnológica (EBT) o Spin Off, como medio para transferir los resultados de sus proyectos revirtiéndolos a la sociedad que los ha financiado. Presentamos a continuación un resumen de su ponencia.

Conflicto de interés del investigador en la creación de Empresas de Base Tecnológica, por Julio García Muñoz.

El círculo parece perfecto y cerrado. La Administración detrae tributos de los ciudadanos que con su esfuerzo financian el progreso de la sociedad a través de la investigación. El investigador por su parte, una vez ha alcanzado un resultado susceptible de ser explotado económicamente, genera riqueza, empleo y crecimiento económico a través de la creación una empresa de base tecnológica.

El ideal esquema planteado se complica cuando introducimos el estudio de la circulación de dinero público hacia la EBT privada (a través de contratos de suministro y/o servicios de investigación) junto con el deber de cumplir la Ley de Incompatibilidades.

MOVIMIENTOS DE FONDOS Y LEY DE INCOMPATIBILIDADES

El dinero público va desde la Universidad hacia la EBT, cuando la primera contrata servicios de investigación gastando y pagando a la EBT con cargo al presupuesto universitario nutrido de fondos ordinarios, departamentales, o procedentes de financiación captada en proyectos y/o subvenciones mediante concurrencia competitiva o mediante la captación de fondos privados de empresas en virtud de contratos al amparo del artículo 83 de la LOU..

Es en este último supuesto, cuando los fondos privados empresariales provienen vía artículo 83 de la EBT promovida y participada por la propia universidad cuando se debe prestar especial atención a la aparición de conflictos de interés en torno a las decisiones económicas y académicas que afronta el investigador y que posteriormente ejemplificamos.

En esta tesitura es frecuente que el auditor escuche la frase pero si la LOU dice que los contratos artículo 83 son compatibles, ¿cómo no voy a poder hacer un contrato art 83 entre la EBT y la Universidad? Si además entra dinero en la Universidad!

Que los contratos artículos 83 sean compatibles, no significa que todo vale. La operativa económica y administrativa que la Universidad debe efectuar una vez entrado el dinero en su presupuesto, debe seguir respetando la normativa económica y de contratación (ejecución presupuestaria, prohibiciones de contratar,…) así como la ley de procedimiento administrativo (abstención y recusación) o la Ley de incompatibilidades (no desarrollar actividad privada que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia en sus actividad pública).

Antes de 2007, la Ley de Incompatibilidades, acotaba las posibilidades que un empleado público (investigador) tiene de realizar una segunda actividad privada (EBT), participando en su administración y en su propiedad. ¿Cómo hacer investigación y transferencia mediante la constitución de EBTs con tantas limitaciones? En buena lid (aunque tardía) el legislador concedió 2 salvaconductos para que el investigador pudiera participar en la administración de la EBT creada (12.1.b) y en su propiedad sin límite alguno (12.1.d).

Nada dijo en cambio, de suprimir la incompatibilidad regulada en el 12.1.c, reguladora de la (auto)contratación que pueda hacer el investigador público que ostente cualquier cargo (administrador y/o socio) en la EBT . El riesgo aparece por la existencia de conflicto de interés, no solo en la persona del investigador, sino en la de su grupo de investigación. El conflicto, que no solo se circunscribe a la contratación, sino al resto de operaciones económicas, académicas e institucionales que el empleado público compagina con las de su ámbito societario privado. ¿Cuáles son estas decisiones que simultanea?

DECISIONES EN CONFLICTO

¿De verdad creemos que estará libre de injerencias una misma persona o su grupo de investigación que lidera y coordina a la hora de tomar todas estas decisiones? ¿O unas afectaran a las otras y entraran en conflicto?

Plausiblemente pueden entrar en conflicto, ¿pero podríamos organizarnos, no? Controlar el Departamento y controlar la ETB. Muchas decisiones por tomar, habrá que repartirlas. Analicemos cómo es la composición de un grupo de investigación ordinario en sentido jerárquico. Un ejemplo de las figuras que podemos encontrar:

1. Catedráticos y/o Investigadores Distinguidos.
2. Titulares de Universidad.
3. Contratados Doctores.
4. Ayudantes Doctores.
5. Colaboradores Externos de otras instituciones científicas.
6. Colaboradores Externos de otras instituciones científicas.
7. Becarios de Investigación.
8. Personal de administración y servicios de gestión de la investigación.

Ya tenemos la baraja, si creada la EBT el investigador principal decide mantenerse en la universidad y el artículo 12.1.c de la Ley de Incompatibilidades le prohíbe ocupar cargos en empresas contratistas de la propia Universidad, solo tiene que repartir las cartas entre los miembros del grupo.

PENSAMIENTOS EN VOZ ALTA DEL INVESTIGADOR. UN ESQUEMA REALISTA.

1. EN LA UNIVERSIDAD: EL CATEDRATICO Y/O EL TITULAR. Yo me quedo en la universidad, que así sigo cobrando el sueldo público y controlando lo de fuera. Además, ¡ayyy de mí! como pida una excedencia y me mueva de mi silla a la empresa, luego no hay quien vuelva. Encima tengo a este titular que me riega el huerto en cuanto me descuide.
2. EN LA EBT: ¿A quién mando a la EBT? Debería mandar a alguien con categoría científica suficiente y cercano a mí. Alguien que conozca cómo funciona el departamento y lo importante que es mi línea de investigación. Alguien que desde el Consejo de Administración sepa promover la financiación de mis actividades públicas mediante contratos artículo 83. Ya lo tengo, a este titular de universidad lo he criado yo, está hecho a mi imagen y semejanza. Es el candidato idóneo, y si no, también me vale este contratado doctor. Será mi mano derecha, la privada. Y si la empresa va mal, aquí sigo mandando, moveré hilos y lo repesco.
3. Pero necesitará que alguien le ayude con la administración? Anda! Si tenemos por aquí un becario. Voy a ver si negocio con él subirle el sueldo de 800€ a 900€, y yo me quedo con el ayudante doctor en la universidad para que además de la gestión científica de los proyectos, lleve también la administración y la gestión económica de las compras de equipamiento, mis viajes, el material de laboratorio,…

PROPUESTAS Y ENFOQUE PARA EL FUTURO

En estos supuestos, es necesario introducir medidas como requerir la participación de un tercer interés superior en liza, que salvaguarde la inexistencia de dos voluntades independientes de la autocontratación. Pudiera ser el caso del acuerdo de aprobación de la contratación por parte de la Junta de accionista u órgano rector colegiado de la EBT [práctica recogida por ejemplo por la Normativa de EBTs de la Universidad Miguel Hernández de Elche], siempre y cuando en su composición existan miembros independientes de los del grupo de influencia del investigador principal que mantiene su posición como empleado público de la UCLM. El objetivo de esta medida es preservar la regularidad de la contratación, evitando contratos no adecuados (facturas innecesarias, irreales o infladas) de los que pudieran derivarse la correspondiente malversación de fondos o alcance de caudales públicos de la Hacienda Universitaria.

Para poder defender con la cabeza bien alta el papel de la investigación como motor de la sociedad y la económica española, desde las Universidades nos toca generar confianza, no conflicto. Las herramientas pasan por una doble via.

1. Tener una normativa interna sólida, no solo en estructura, sino en su aplicación.
2. Ética en el conflicto.

Los Equipos de Gobierno Universitario deberán corregir conflictos aun en su estadio latente, allá donde los haya, pese a quien pese, sea el catedrático que sea y traiga el prestigio y/o dinero que traiga a la Universidad. Si no, estaremos ante la misma situación que las puertas giratorias de los partidos políticos hacia empresas privadas tan sobradamente conocidos denostados.

Manejamos dinero público y se nos exige transparencia y ética, no solo de facto, sino en apariencia.

Daniel Pastor comentaba en las Jornadas que la Investigación es algo demasiado serio como para dejarla solo en manos de los investigadores. Seamos claros, la investigación genera conocimiento nuevo. La docencia no, solo lo distribuye. Pasar de la España del ladrillo a la España de la investigación requiere allanar el camino para poder transferir la tecnología al tejido social y productivo que la financia con su esfuerzo tributario. Crear una empresa en España es difícil, crear una EBT universitaria observando el multiverso normativo, misión (cuasi)imposible.

Así no podemos seguir haciendo investigación. Dentro de la legalidad, hay que facilitarle la vida al actor principal, el investigador. Y cada miembro del sistema debe asumir su parte de compromiso. Un auditor debe estar preocupado por poner en valor la investigación, preocupado por que los fondos públicos no se malversen, preocupado por que los burRocratas (desde el ministerio hasta el administrativo universitario) no entorpezcan y dejen operar la máxima ricardiana de la especialización competitiva. Cada uno que se dedica a aquello en lo que mejor sea, el investigador a investigar. Rindamos cuentas siempre, pero de manera ágil, no por triplicado y con ribetes: al gestor, al interventor, al auditor privado, al OCEX, al Ministerio, al Tribunal de Cuentas… (¿triplicado?). Malversamos fondos públicos si tenemos a una brillante mente científica buscando papeles y rellenando curriculums: esa es la visión de un auditor que se preocupa de hacer mejor investigación, no la de aquel que pide el reintegro de 30 euros por un taxi en cuyo ticket no figura el desplazamiento origen y destino o la firma del taxista.

Este espíritu de entendimiento y de trabajo colaborativo es el que se alentado en las III Jornadas de Fiscalización y Control en Universidades Públicas de Elche, sentando por primera vez en la misma mesa a gestores de investigación y transferencia, controles externos e internos e investigadores bajo un mismo lei motiv.

Con seguridad que nos veremos pronto de nuevo. Hay trabajo por hacer.

[1] Esta es la práctica recogida por ejemplo por la Normativa de EBTs de la Universidad Miguel Hernández de Elche.