¿Os dais cuenta? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se va haciendo sitio en vuestros corazoncitos fiscalizadores como conciencia crítica de las prácticas irregulares en la contratación pública. No en el nivel de detalle, que corresponde a las Instituciones de Control Externo, sino elevándose y creando opinión sobre el ambiente de control en españa. Su Guía de contratación y competencia abrió una linea. Le siguió las denuncias de colusión en la privatización sanitaria madrileña o la gestión del urbanismo en España. Eso por no hablar de algunas sonadas multas.

Estos días, toda la prensa recoge el informe sobre la contratación pública en España. Aunque reconoce una serie de fortalezas, deja entrever muchas lineas de actuación orientadas a la consecución de mayores niveles de transparencia y competencia. Un sector que mueve cifras superiores al 15% del Producto Interior Bruto (PIB) en los países desarrollados.

Parte el informe del carácter positivo d el esfuerzo realizado para consolidar en el ordenamiento jurídico principios jurídicos sólidos como son la igualdad y la transparencia, con la implantación de la normativa de transparencia. Centra su análisis en cinco áreas “con importantes oportunidades de mejora” que es como se denomina, en términos evaluadores constructivos, lo que se hace mal: 

1. Mejor acceso, transparencia y publicidad: Con independencia de los avances realizados en estos términos, la CNMC considera necesaria la implementación de mejoras en el acceso a la información para los licitadores (motivación del procedimiento elegido, criterios de selección y valoración, etc.). Así como mayor transparencia y publicidad de procedimientos (abiertos, finalizados, o planificados) con el fin de facilitar mayor control interno y la comparación de situaciones análogas.
2. Evaluar la eficiencia económica y la competencia efectiva: este control debe realizarse tanto por parte del órgano de contratación, que debe justificar a priori la necesidad de contratar y el procedimiento elegido, como por parte de un organismo externo especializado.
3. Mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información: la contratación pública no puede ser ajena al desarrollo tecnológico. La CNMC considera que debe aprovechar estos avances. Por ejemplo, para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones, globales e interoperables que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados.
4. Implementar una mayor cooperación administrativa: fomentar la cooperación inter e intra administrativa permitirá reducir las asimetrías de información presentes en los contratos públicos.
5. Simplificar los procedimientos en la contratación pública: a través tanto del mayor recurso a la contratación vía procedimientos electrónicos, como de la reducción de la dispersión normativa de la materia.

La constatación de estas áreas de potencial mejora, junto a la propia mención indirecta a muchas de ellas en el propio plan de actuación de la CNMC recomienda la actuación de la Comisión en este campo a través de las siguientes actuaciones:

1. Participación en la transposición de las nuevas directivas: Se estima oportuna la participación efectiva en este proceso de adaptación normativa, ya sea previa petición o a iniciativa propia,
2. Coordinación entre la CNMC y los poderes adjudicadores: A través de reuniones de trabajo, el desarrollo de programas de formación y la divulgación de las actuaciones realizadas por la CNMC en esta materia.
3. Colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y Plataforma de Contratación del Estado: Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las actuaciones desarrolladas por éstos, así como proponer la realización conjunta de técnicas de análisis, tanto para detección de posibles cárteles como para la redacción más procompetitiva de pliegos.
4. Formación de organismos supervisores en contratación: con el fin de divulgar la normativa de competencia y las vías de acceso a la CNMC en esta materia.
5. Revisar las normas de contratación pública: impulsando reformas dirigidas a reducir la dispersión normativa y proponer la modificación de la normativa vigente.
6. Actualizar la guía de contratación pública y competencia: A partir futuras modificaciones.