Los informes de fiscalización tienen como principal misión la censura y la opinión sobre las cuentas de una Entidad. Si embargo, no debemos subestimar su capacidad para distribuir información relevante sobre la organización auditada. Hoy queremos presentar el informe de la Universidad de Castilla-La Mancha (ejercicio 2012), hecho público este mes por la Sindicatura de Cuentas de esa comunidad, cuyo gobierno ha anunciado que disolverá el órgano de control externo durante el próximo semestre.

Sin embargo, quiero destacar dos datos que, aunque sean más o menos intuidos por el ciudadano -o conocidos por los iniciados– no deben dejarse pasar sin un cierto debate político o social. Se trata de los costes universitarios, cuyo proceso de elaboración y obtención es complejo y … porqué no decirlo: ¡costoso! para el auditado y para el OCEX

Pues bien, el informe dedica su sección quinta al análisis de los costes. Aunque la UCLM no ha terminado de implantar un sistema de contabilidad analítica que permita obtener información directa relativa a los costes, si proporcionó la información que, una vez comprobada y cotejada mediante los trabajos de fiscalización, concluyó las cifras que se presentan en el gráfico superior.

Recordemos que en 2010 el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria aprobaron el documento “Mejora y Seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades”, en el que se comprometía la implantación de un Sistema Integrado de Información Universitario, a fin de disponer de un modelo de contabilidad analítica para las Universidades Públicas Españolas.

Este modelo debería permitir un mejor conocimiento de los costes reales de las diferentes actividades de las universidades y su relación con la financiación pública y privada de las mismas. Por ahora, esto es lo que tenemos, unos datos que resumen muchas horas de trabajo:

• El coste medio de un alumno en un curso completo en el año 2012 se eleva a 6.498 euros. Por ramas de enseñanza destacan las correspondientes a ciencias y las ingenierías y arquitectura, con costes por alumno de 10.063 euros y 8.861 euros, respectivamente. El coste medio de un alumno de doctorado es de 2.176 euros y del que cursa títulos propios, 6.065 euros.
• El coste de cada titulado, correspondiente al alumno equivalente a tiempo completo, y teniendo en cuenta la tasa de éxito, arroja en 2012, una media por alumno de enseñanza de grado de 35.711 euros, y de 44.638 euros para las enseñanzas de máster. El coste de alumno titulado se ha incrementado un 2,5% en el período 2008-2012.

El porcentaje del coste de enseñanza que está cubierto por los ingresos efectuados por los alumnos a través de los precios públicos (índice de cobertura) se sitúa en el 13,7%. La diferencia se financia por las transferencias y subvenciones de la Comunidad Autónoma. El enorme déficit de la UCLM (Resultado presupuestario 2012 ajustado de -20,2 millones de euros) es consecuencia inevitable del gran recorte de esas transferencias, frente a los cuales ninguna universidad pública tiene margen de maniobra a medo plazo. ¿Cómo financiar esa diferencia ahora? ¿y en el futuro?

Estas cifras nos deberían llevar a una reflexión sobre los costes del servicio público de educación superior en España. Su sostenibilidad, en relación con otros Estados europeos y –fundamentalmente– respecto a los Estados Unidos, tiene mucho que ver con nuestra posición en los rankings internacionales, en un momento de grandes cambios en el entorno universitario. Quizás muchos desconozcan que el sistema de financiación norteamericano hace recaer sobre los estudiantes la mayor parte del coste del servicio universitario; de ahí que cuando los jóvenes se gradúan acumulan una elevada deuda por los préstamos del sistema universitario.

Por ejemplo, según los datos del Institute for College Access and Success, el 71% de los estudiantes que obtuvieron un título universitario en los EEUU, durante el curso 2011-12, tenía préstamos estudiantiles, y el prestatario promedio tuvo 29.400 dólares en deuda. Una cifra que viene subiendo en los últimos años y que se considera una verdadera burbuja, pues tan sólo cuatro años antes, la deuda era 6.000 euros menor.

La cifra tiene oscilaciones, pues los graduados en Arizona, California, Luisiana o Nevada tenían menos deuda (alrededor de $ 18.000) que los licenciados de Pennsylvania o Minnesota, que acabaron con $ 30.000.

El asunto está entre los diez temas legislativos más importantes del próximo año en EEUU. El presidente Obama ha propuesto la financiación vinculando un sistema de clasificación de los colleges.

El caso de los préstamos para posgrado del ICO

Durante la década pasada, se implantaron en España diversos sistemas de préstamos universitarios, como instrumento de financiación del posgrado, que intentaba parecerse al sistema de préstamo renta británico que se devuelven al superar determinados umbrales de renta. Los préstamos que se concedieron en España entre 2007 y 2009 se  comenzaban a amortizar cuando el posgraduado percibía una renta de 22.000 euros anuales. Pero en 2010, se cambió el modelo concediendo un préstamo en condiciones de mercado favorables: carencia de dos o tres años, devolución en cuatro o seis y tipo de interés cercano al cuatro por ciento.

Hoy nuestro país tiene varios miles de jóvenes, usuarios de esos préstamos universitarios, que se enfrentan al colapso de nuestro mercado laboral atrapados por las enormes dificultades para encontrar los ingresos que le permitan su devolución. Se han agrupado en esta Plataforma de afectados, intentando una solución conjunta de su situación. Y lo han conseguido, por ahora.

Los deudores han visto atendidas sus plegarias y la Ley de Presupuestos Generales del Estado, publicada hoy, incluye una Disposición Adicional Cuadragésima primera por la cual, quienes tengan suscrito un préstamo con una entidad financiera adherida a la línea de préstamos universitarios publicada en la Orden EDU/3248/2010, de 17 de diciembre (master y doctorado) y “acrediten encontrarse en una situación que les impida cumplir con las correspondientes obligaciones de pago o cuyo plazo de devolución haya vencido, podrán solicitar la ampliación del periodo de carencia y de amortización”.

Así pues, firmarán un nuevo préstamo o novación de la operación inicial si no concurre alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13.2 de la LGS (sobre todo, estar al corriente de las obligaciones tributarias o de la SS) y acrediten el título de máster o doctorado para el que se concedió el préstamo. Por supuesto, los ingresos en el ejercicio anterior no deben haber superado los 22.000 euros/año.

Esto les permitirá ampliar, si el master es de 60 créditos, de dos a cuatro años el período de carencia y el período de amortización pasará de cuatro a seis años. En caso de máster o doctorado de 90 créditos o más de un curso académico, podrán ampliar de tres a cinco años de carencia y el período de amortización pasará de cinco a ocho años. Enhorabuena.