El 19 de febrero publicaba Daniel Faura un interesante artículo en la Vanguardia titulado “Privatizar: ¿si o no?” donde con elogiable equidistancia -para un auditor privado- recordaba que la privatización no es ni buena ni mala en sí misma: “todo depende de la finalidad que se propone alcanzar y del resultado futuro que se obtenga” y concluía:

El fin último debería ser la promoción del crecimiento económico del país a través de la reestructuración y reorganización de servicios mediante el aprovechamiento del expertise de agentes privados. Y deberían estar bien definidos los objetivos que se proponen los gobiernos mediante programas de privatización debiendo someterse a estricta supervisión de los correspondientes órganos de control. 

Se refiere al necesario control de la ejecución del proceso, claro. Sin embargo, con demasiada frecuencia se omite este mismo contraste en los documentos previos y justificativos de la decisión de privatizar. Por eso debemos destacar la pionera participación de la Cámara de Comptos de Navarra en la evaluación inicial de estos aspectos, no sólo económicos.

Cocinas públicas o privadas

 La semana pasada se hacía público el informe de la Cámara de Comptos, respondiendo a una resolución parlamentaria que pidió un análisis de los planes de externalización del servicio de cocina del Complejo Hospitalario. El citado documento del Servicio Navarro de Salud-Osansubidea resaltaba la conveniencia de unificar las cocinas para mejorar su calidad y el coste de la dieta y justificaba la  decisión por las economías de escala derivadas de la unificación. A grandes rasgos, para la Cámara de Comptos, la Consejería de Salud no ha justificado convenientemente el ahorro que supondría externalizar el servicio.

Aunque no se decanta por ningún sistema explícitamente, el Gobierno navarro realizaba una clara apuesta por el de cadena de frío total, en que la comida se cocina, se refrigera y finalmente se calienta en los propios carros de distribución el día que se consume.

Los objetivos perseguidos con la emisión del informe eran analizar las implicaciones de la implantación de un sistema en frío en la gestión del servicio de cocina en un hospital, así como la metodología y los cálculos incluidos en la estimación del ahorro previsto.

Según los cálculos hospitalarios, implantar el sistema en frío exigiría unos cinco millones de inversión, sin que la actual coyuntura presupuestaria permita financiarlo, de ahí que se plantee que la empresa adjudicataria asumiese la inversión, repercutiéndola en el coste de la dieta, con un incremento de su precio de 2,1 euros diarios durante ocho años.

A juicio de la Cámara de Comptos, la metodología utilizada para estimar el ahorro en caso de externalización «no es completa” y debería haber valorado todas las alternativas de prestación del servicio con el sistema en frío por una empresa externa -el preferido por los gestores- pero también con medios propios.

Además, la Cámara de Comptos reduce el ahorro por la unificación de las cocinas, el cambio de sistema de producción y la externalización a 2,7 millones, frente a los 3,39 previstos inicialmente y recomienda al Gobierno navarro analizar todas las alternativas para prestar el servicio con el sistema de producción en frío: medios propios, ajenos o fórmula mixta y no solo la posibilidad de que lo preste una empresa externa. Y que lo haga valorando también aspectos económicos, sociales y posibles desviaciones al alza en el coste de la dieta tras su externalización, como ha sucedido en otros hospitales públicos. Por último pide analizar las repercusiones económicas de la recolocación del personal.