La semana pasada se presentó ante la opinión pública el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) correspondiente al año 2010. Se trata de un documento que regularmente analiza las tendencias y los retos de la universidad española y cuenta con la colaboración de los mejores expertos, tanto académicos como gestores profesionales. Este año han puesto el dedo en la llaga institucional. 

La presidenta de la Fundación, Ana Patricia Botín reconoce, desde el prólogo la capacidad de la universidad para hacer frente a las nuevas demandas de la sociedad “se ve limitada por ineficiencias en la gestión de la financiación universitaria, más que por una escasez de recursos”. Como en años anteriores, el Informe CYD 2010 dedica también un capítulo a presentar una interesante clasificación de las universidades españolas según una serie de 20 indicadores.

Sin embargo, algunos medios de comunicación han aprovechado para ajustar cuentas y destacar que esas ineficiencias del sistema universitario español cuestan al Estado en torno a 2.100 millones de euros. Periódicamente se habla del asunto, como puede verse en el propio Observatorio de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE) que ya lo había puesto de manifiesto en ocasiones aunque, hasta ahora, nunca se le había puesto cifra a la ineficiencia.

Los rectores se han molestado ante esa afirmación porque «además de carecer de rigor, causa en la sociedad una alarma injustificada y aleja de la Universidad la posibilidad de atraer inversiones y recursos que potencien una adecuada gestión del conocimiento«, dice la nota de prensa de la CRUE.

Los autores han considerado necesario publicar una tribuna en El País calificando de «inapropiado» que los responsables del Informe FCYD 2010 «hayan presentado a los medios de comunicación aspectos parciales de nuestro análisis, completamente descontextualizados y haciendo caso omiso de nuestro enfoque general del problema y de nuestras conclusiones».

En fin, lo mejor será leer el artículo que ha generado tanta polémica, que se incluye en el capítulo segundo del libro y que ha sido firmado por Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José A. Pérez García (Universitat Politècnica de Valencia) y que ya habían avanzado aquí. Veamos lo que dicen en el documento:

Problemas de eficiencia del sistema universitario público español, por Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José A. Pérez García (Universitat Politècnica de Valencia).

Pág. 124

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La oferta de enseñanzas universitarias ha evolucionado, no solo en el periodo mostrado, sino como una tendencia permanente de los últimos quince años del sistema, en un sentido contrario a la demanda. Esta paradoja, tiene tres orígenes:

i. La voluntad de las autoridades públicas de extender la oferta territorial de enseñanzas universitarias, mediante la creación nuevas universidades y campus locales6, con el objetivo de aproximar los servicios universitarios a los usuarios en un modelo de localización institucional que persigue incentivar el acceso masivo a las enseñanzas universitarias. Actuaciones que, a su vez, han propiciado la creación de “demandas cautivas” que han desmotivado la concurrencia/competencia institucional y han reducido notablemente la movilidad territorial de los estudiantes.

ii. La permanencia en el sistema de una única vía de acceso al empleo universitario estable como “profesor con obligaciones docentes”. Esta circunstancia ha promovido una estrategia continuada de los Departamentos para ampliar su encargo docente, y para ello la vía más productiva era la promoción de nuevas titulaciones o especializaciones de las existentes, cuyo efecto era la ampliación del citado encargo docente, lo que permitía incorporar y estabilizar colaboradores precarios (becarios, contratados y ayudantes) de la actividad docente e investigadora. Los rectores, incentivados a la lógica satisfacción de los votantes internos, han trasladado esa presión interna hacia la administración educativa, y han esgrimido reiteradamente la autonomía universitaria para conseguir sus objetivos.

iii. La tendencia de las universidades a defender o conquistar el territorio poseído o anhelado, respondiendo a una dinámica prolongada de creación de nuevas universidades que han de conquistar su demanda y amenazan la dimensión de la misma en universidades ya consolidadas.

La resultante de estas tres dinámicas es un panorama como el que representa el gráfico 5. En la actualidad más del 42% de las enseñanzas del SUPE tienen menos de 50 alumnos de nuevo ingreso, con las consecuencias de sobrecoste unitario medio que arrastra la impartición de este tipo de titulaciones y las implicaciones de calidad en la selección del alumnado que conlleva dicha estructura de la oferta.

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Los autores ponen de manifiesto que en las titulaciones de humanidades, experimentales y técnicas, hay un total de 369 enseñanzas que representan el 15,82 % del total de la oferta del curso 2008-2009, que registraron una demanda que no superó los 20 estudiantes de nuevo ingreso y que requieren para su impartición más de 4.000 profesores.

Además, creen que se están agudizando algunas de las actuaciones que propician ámbitos de ineficiencia, cuando observamos la implantación que se ha producido de las enseñanzas oficiales de postgrado que otorgan la acreditación de máster. En los datos correspondientes al curso académico 2008-2009 las universidades públicas presenciales ofertaron un total de 1.588 másteres que matricularon 40.961 estudiantes, lo que determina una demanda académica media por enseñanza de 26 alumnos. Una cifra notablemente inferior a la referencia tipo de demanda académica eficiente que se sitúa en 40 alumnos por enseñanza de máster.

Más adelante concluyen, en la Pág 127:

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La universidad española se ha centrado en este aspecto, en reclamar una reducción del tamaño medio de grupo, aún cuando resulta evidente que dicha reducción no se produce necesariamente en las mejores universidades del mundo, a través de la reducción del tamaño de los grupos de teoría, o de problemas. Demanda que, no obstante, resultaría factible cuando se hubiera procedido a la reducción de la dimensión de la docencia presencial, a cambio del trabajo del alumno en su proceso de aprendizaje y mediante la atención de las prácticas de laboratorio por personal técnico no docente (técnicos de laboratorio, estudiantes de postgrado, becarios, etc.).

Esta visión interesada del sistema universitario español de la adaptación al EEES (interesada por que era la que daba lugar a reclamar la necesidad de más recursos), y que no ha sido posible hacer realidad debido a que en el momento de su aplicación ya había hecho acto de presencia la crisis económica, nos hubiera llevado a construir una plantilla de profesorado todavía más sobredimensionada que la actual para el desempeño de las tareas docentes en determinadas ramas de enseñanza.

Si se hubiera abordado una correcta adaptación al EEES, la acción combinada de estos dos factores: reducción de los créditos impartidos que se derive de una menor presencialidad docente de los planes de estudio y una menor oferta de titulaciones con baja demanda, hubiera dado lugar a disponer de un margen de recursos superior al 30% del coste de la función educativa, es decir más de 2.100 millones de € para el conjunto de las universidades públicas. El disponer de estos fondos hubiera permitido, sin duda, financiar la esperada reducción de los tamaños medios de grupo de prácticas de laboratorio y la disponibilidad de una considerable cantidad de recursos docentes adicionales de equipamiento y asistencia técnica.

Es obvio, por otro lado, que de haberse producido este planteamiento en las universidades, la gestión del proceso hubiera chocado con rigideces normativas que les hubieran dificultado la transición hacia el nuevo modelo: específicamente plantillas de profesorado funcionariales o de contratación fija. En todo caso, dichas rigideces no hubieran impedido una estrategia a medio plazo de reducción de las plantillas en figuras de profesorado a tiempo parcial (que actualmente supone el 31,57% del profesorado y un 20,44 % de la capacidad docente total para el conjunto del SUPE) y/o derivada de la no reposición de jubilaciones que en los próximos cinco años alcanzarán una dimensión de 13.075 plazas, el 13,53 % de la plantilla de profesorado.

Seminario en la UNED

Hoy, fiesta local en mi ciudad de Oviedo (“martes de campo”) participo en un seminario de formación para los 16 funcionarios que acceden a las escalas A1 y A2 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la sede de Madrid. Hemos podido comentar algunas de estas cuestiones y otras muchas de la gestión económico financiera de las universidades públicas y su rendición de cuentas.

Dejamos constancia del productivo evento. En la foto, soy presentado por el Vicegerente de Recursos Humanos de la UNED, José Matías Hernández Sánchez.