El próximo Primer Ministro de Portugal acaba de anunciar su intención de crear una autoridad de control presupuestario que sea independiente del Gobierno y totalmente transparente ante los mercados. Esta nueva entidad, creada a partir del Banco de Portugal y del Tribunal de Cuentas estaría compuesta por expertos independientes (incluso extranjeros) y realizaría un control exhaustivo, tanto del Estado como de las regiones y municipios, del cumplimiento de las metas impuestas en la reducción del déficit público luso. Partiendo de un 8,6% al día de hoy, Portugal tiene que bajarlo al 5,9% este año, 4,5% en 2012 y 3% en 2013.
La polémica solución lusa parece la respuesta obligada para calmar las dudas de EUROSTAT sobre la realidad de las cuentas públicas y la inclusión de todos los gastos realizados. También es una conclusión inevitable a la ingeniería financiera propiciada por el SEC95, que ha puesto nuestras finanzas al límite., entre el peaje sombra, la enfiteusis o el abuso de las sociedades públicas con deuda no computable. Ahora nadie sabe lo que se debe realmente, pues la contabilidad clásica no lo recoge.
Los Tribunales de Cuentas, si aportan alguna garantía, lo hacen en el ámbito interno de los Estados y eso parece poco aval a los famosos mercados. Una de las consecuencias de la globalización financiera en que vivimos es la perdida de soberanía de los Estados. En el mismo viaje van muchas instituciones, cuya credibilidad -o sencillamente cuyo “ritmo”- parece no estar acorde con es los tiempos.
Hoy, aunque nos duela, las Agencias de Calificación parecen ser las estrellas del firmamento financiero y el diseño de las nuevas instituciones gira en torno a ellas. Que los Estados o las Comunidades Autónomas tengan su propios órganos de fiscalización de la gestión pública parece no aportar suficiente garantía exterior.
De todo esto y muchas cosas más hemos hablado hoy, en la Escuela de Posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno de la venerable Universidad de Salamanca, con ocasión de la mesa redonda titulada «de la ingeniería financiera a la corrupción» que sirve de clausura a los diversos máster que allí organizan, con títulos tan sugerentes como estos: Máster en Democracia y Buen Gobierno, Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas y Máster en Corrupción y Estado de Derecho. Un punto de referencia para muchos estudiantes latinoamericanos que participaron activamente de las exposiciones.
Compartí cartel con José Antonio Fernández Ajenjo, de la IGAE, con Emmanuel Jiménez Franco, profesor titular de derecho administrativo de la USAL y con el Conselheiro brasileño Salomao Ribas Junior, miembro del Tribunal de Contas de Santa Catarina y presidente de la ATRICON. Los oficios de presentación y moderación corrieron a cargo del Profesor de derecho procesal de la USAL, Nicolás Rodríguez.
Más madera ….
El último caso de desacreditación institucional lo encontramos en Cataluña, que acaba de resolver la adjudicación a Deloitte, por 885.000 euros (IVA incluido) del siguiente trabajo de consultoría:
“Analizar la situación económico-financiera de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de su sector público; realizar una identificación cualitativa del nivel de reconducción de gastos comprometidos a corto plazo, y realizar una identificación de los aspectos claves que pueden afectar a la preparación de Presupuestos de años futuros”.
El informe, que deberá entregarse en un par de meses, intentará identificar, entre otros aspectos, “la recurrencia de los ingresos, los gastos comprometidos, la deuda y el análisis de operaciones significativas relativas a inversiones u operaciones extraordinarias”. Seguro que muchos os preguntáis, como yo, por la razón de no encargar su realización a la Sindicatura de Comptes.
En Cataluña, la Generalitat usó con frecuencia del sistema alemán y de las sociedades públicas de construcción de infraestructuras, como GISA, que le permitieron aumentar los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros hasta los cuarenta mil millones de euros. Así se ha financiado gran parte de las infraestructuras viarias y penitenciarias, como podéis ver en el cuadro adjunto (pínchalo para ampliar) donde se indica el año del último pago.
Fiscalizacion.es 
¡A una contabilidad clásica le corresponde una auditoría clásica!
Un enunciado que podría configuar el nuevo horizonte teóriico y conceptual en la contabilidad y en la auditoría. Cuando se afirma «o el abuso de las sociedades públicas con deuda no computable. Ahora nadie sabe lo que se debe realmente, pues la contabilidad clásica no lo recoge». Una afirmación relevante que debiera remover las telarañas que todavía permanecen en la visión clásica de la contabilidad y de la auditoría. Y debo admitir que la conceptualización de «auditoría clásica» no solamente es atinada si no le dota al pensamiento de la auditoría y fiscalización un nuevo panorama que impulsa el conocimiento y la investigación. Todavía en mi reciente artículo publicado en el número 53, de la revista Auditoría Pública, hacía mención de la «auditoría tradicional» que concibe «a la realidad pública como una expresión concreta, que es de una determinada forma, sin considerar las complejidades, su carácter dinámico, con modalidades contingentes y subyacentes, que la contabilidad no logra aparhender. Y la tragedia de las cuentas, de las cuentas públicas, es que han sido limitadas y reducidas a una expresión de estados financieros. Cuando la gestión pública presenta múltiples facetas que trascienden lo cuantitativo, realidades que no son escudriñadas, y que representan un vacío donde transcurre la corrupción e impunidad» (Una auditoría pública convertida en ilusión, pp. 69-70). Me parece que en lo esencial coinciden las citas, antes referidas, y debieran ser una llamada de atención a los gobiernos, a las instituciones, y universidades, que afanosamente buscan la independencia y el conocimiento de la realidad pública, desde lo privado, ¡qué contradicción!
Y aunque muestren orgullosamente Órganos de Control que son auditados por despachos externos, que el próximo Primer Ministro de Portugal pida un Tribunal de Cuentas privado, y que la reflexión principal de una Supervisora de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, sea «Los órganos públicos de control externo tardamos más en hacer una fiscalización de lo que tarda una empresa privada en realizar una auditoría privada de una entidad de tamaño similar» (revista Auditoría Pública, número 53, Control externo: auditoría privada versus fiscalización pública, o de por qué tardamos tanto los funcionarios en «hacer una auditoría», Ana María González Romera, p.13). El problema de la realidad de las cuentas públicas no se resuelve desde lo privado sino desde lo público. Por ésto, repensar lo público es repensar la contabilidad y la auditoría pública.
Un saludo desde un México donde la violencia se ha convertido en noticia cotidiana, y aún así no se abren las puertas para un mejor entendimiento social, y deseando que Ustedes no cierren las ventanas para mirar un futuro mejor.
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No entiendo. ¿Está en entredicho la credibilidad de los auditores públicos? ¿No son auditores privados los que no vieron problemas en Enron o Leman Brothers poco antes de su quiebra? ¿Hay por tanto alguna razón objetiva para preferir a estos últimos?
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Eres malévolo Joaquín. Supongo que la respuesta que quieres oir es que para que el gobierno tenga ese informe en dos meses igual es la única opción …. Aunque no debería ser así. Te mando un abrazo.
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Olá! amigo Antonio,
Debe haber sido un debate muy interesante el que ocurrió en Portugal. Para discutir las bases de la democracia y del buen gobierno, no es la mejor propuesta un Tribunal privado para supervisar la deuda pública. No se puede negar que es una propuesta audaz, invirtiendo el sistema, en lugar del Estado para regular la actividad privada es el sector privado el que regula al estado. Voy a hablar con nuestro amigo Salomón Ribas para conocer su opinión.
Um abraço desde Porto Alegre, RS, Brasil.
Helio Saul Mileski
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Francamente, pienso que no es tanto un problema de «nuevas» auditorías sino de hacer realmente auditorías y de hacerlas oportunamente (es decir lo antes possible, cuando tienen todavía alguna utilidad). Creo que antes de pensar en cambiar la auditoría lo que hay que hacer es ejecutarla bien, como mandan las normas técnicas.
Todos los OCEX deberían (deberíamos) hacer un ejercicio de autocrítica, preguntándonos, entre otras muchas cosas, estas tres preguntas tan sencillas:
1. Cuánto tarda un OCEX (estatal o regional) en publicar un informe respecto de la fecha de las cuentas auditadas. Una año? Dos? Tres? Cuatro? Cinco ? Seis? Todo lo que sea ir más allá de un año es estar obsoleto (No está obsoleta la auditoría, sino el OCEX).
2. Abordan las auditorías los principales riesgos a los que se enfrentan las adminsitraciones actualmente? Tienen establecidos los OCEX algún sistema de identificación de riesgos y planean su actividad en consecuencia? Tampoco esta cuestión es novedosa en auditoría.
3. Qué normas técnicas de auditoría aplicamos? Esta pregunta aparentemente tan tonta, realmente no lo es. Cuántos OCEX se manifiestan explícitamente al respecto en sus informes, tal como requieren las normas técnicas?
No es cuestión de nuevas contabilidades y nuevas auditorías. es cuestión de hacer bien lo que tenemos ahora.
Si alguien tiene dudas sobre cuál es endeudamiento real de una administración, o de su defícit, no hay que inventar un nuevo marco conceptual.
Quizá bastara con consolidar, y hacer una auditoría pronto y bien.
Saludos
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Cuando se demanda hacer una «auditoría bien», es porque necesariamente se hacen «auditorías mal». Pero, ¿acaso no es reducir el trabajo de la auditoría a un juicio de valor, y por ende, a la subjetividad? Y ante una crisis que se profundiza, pareciera que el mundo de la auditoría ha resultado indemne, dado que sí la auditoría ha fallado es porque han fallado los auditores. Sin embargo, la incertidumbre y profundo temor sobre el futuro de la auditoría, ha rescatado la concepción maniquea, que súplica al auditor que haga su trabajo «pronto y bien». Posición voluntarista, es decir, que la auditoría depende de la voluntad del auditor (personal). Pero, cuando se reconoce que los Informes de auditoría no manifiestan explícitamente las normas técnicas que aplicaron, la deficiencia ¿es personal o institucional?
Si, es conveniente que se ejerza la autocrítica en los órganos de control y fiscalización. Pero, ¿cómo ejercerla? Si sus espacios han carecido de una cultura de crítica y reflexión. Al menos en México, no tengo información sobre alguna entidad de fiscalización que permita y brinde la oportunidad a los auditores de ejercer la crítica, todo lo contrario, se promueve a los auditores dóciles, imperando la máxima PROHIBIDO CRITICAR. Más, si en España existen órganos de control que lo permitan, Enhorabuena. Porque no se puede asumir la autocrítica cuando se carece de la capacidad de juzgar o sopesar.
Y la crisis en la auditoría no se origina por auditores ambiciosos o malévolos sino por la carencia de crítica y reflexión en el mundo de la auditoría, léase asociaciones y gremios de auditores, instituciones de auditoría y fiscalización, y lamentablemente, las universidades, que han sepultado el espíritu indagador, de generar conocimiento, y no dedicarse simplemente a repetir como pericos las Sagradas Normas de Auditoría. Sí, se requiere una inversión teórica, porque el pensamiento de la auditoría está al revés.
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Estoy de acuerdo con Antonio, los OCEX debemos hacer nuestro trabajo pronto y bien. Para ello es requisito imprescendible que las cuentas se aprueben por las Administraciones antes de lo que está ahora legalmente previsto (septiembre del año posterior). Si resulta posible fiscalizar la cuenta general en 6 meses, las cuentas de 2010 podrían estar auditadas para diciembre de este año, pero es más, trabajando sobre los estados financieros y analizando los expedientes antes del cierre, este plazo se podría reducir aun más y los informes de auditoria podrían estar finalizados y aprobados en octubre. Si así fuera, estos informes aportarían algo a la gestión pública, la inmediatez y el rigor son fundamentales para que el trabajo de las instituciones de control sea valorado y sea tenido en cuenta por los órganos parlamentarios y no, como ocurre ahora, simplemente utilizados como arma arrojadiza, o simplimente ignorados.
Respecto a que la deuda de las sociedades públicas no computa, si están incluidas en el sector de Administraciones Públicas sí computa: ver Manual del SEC . La información sobre la deuda pública (con criterios del SEC95) debería estar en las cuentas que se presentan, si no lo está, es tarea de los órganos de control proporcionar esa información y agregar los datos.
Por último, respecto a los peajes en sombra y otros procedimientos de ingieneria financiera, se deben cumplir las normas de EUROSTAT, y en caso de duda debe prevalecer la realidad económica sobre la jurídica.
El problema no es la utilización de figuras «novedosas» en la financiación de los servicios públicos, sino la falta de información o un tratamiento inadecuado en las cuentas que se rinden. Ahí está el trabajo de los órganos de control para ofrecer una información veraz y a tiempo (sus informes) sobre los estados económico-financieros de todo el sector público, sin olvidarnos del análisis de la legalidad en que se desenvuelve dicha actividad del sector público.
Por ejemplo, entiendo adecuada la información que se facilita en el informe de las Cuentas Generales de Navarra- 2009, enmitido por la Cámara de Comptos de Navarra publicado el 03/03/2011 (ver su Web). Si este tipo de informes se emitiera con una mayor antelación, sería de mayor utilidad para el Parlamento y para la sociedad.
Un saludo, y enhorabuena por el post.
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Brillante de nuevo Antonio, criticando el desprestigio que algunos políticos inoculan en la instituciones públicas. Existe una Sindicatura de Cuentas, pero se contrata una empresa privada para hacer lo mismo, previo pago de ¡885.000 euros! Y lo de la derecha en Portugal… eso ya parece de risa
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