Hace unos días y coincidiendo con el inicio de la pasada campaña electoral, el Catedrático de la UB, Joaquín Solé Vilanova, calificaba la situación financiera de nuestros municipios así: “entre delicada y alarmante (o incluso catastrófica), pasando por las categorías de grave y muy grave”. En un esquemático pero contundente artículo publicado en La Vanguardia, concluía: “Para algunos ayuntamientos las medidas que adoptar van a ser muy duras. Por esta razón, lo primero que se requiere al gobierno municipal es estar convencido de que se desea solucionar el problema financiero, cualquiera que sea el coste”.
No es ninguna novedad que los informes del sector local de los OCEX, a partir del ejercicio 2006, van presentando un empeoramiento de la situación financiera municipal, con una caída de los ingresos relacionados con la actividad urbanística, una contracción del gasto de capital (no así del gasto corriente), un aumento de la deuda con la consecuente disminución de la capacidad de endeudamiento.
Una situación difícil. Por si fuera poco, hace un mes, el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias pactaron reducir el déficit de los municipal hasta el 0,3% del PIB en el 2012 y el 0% en el 2014. ¿Es un escenario realista?
El catedrático de Economía en la Universidad de Oviedo, Javier Suárez Pandiello, entendía que la fórmula para evitar la ruina pasa por combinar buenas dosis de racionalidad, eficiencia y un control exhaustivo del gasto: «Teniendo en cuenta las tensiones en el control del déficit público del Estado y el de las CCAA, esto sólo se arregla con ajustes fuertes en los gastos y con gestión, gestión y gestión«.
Sin embargo, queda pendiente aprobar una ley que defina las competencias y resuelva la financiación de los ayuntamientos. En una reciente entrevista, el Conselleiro Maior gallego, Luciano Fariña, reconocía que la sostenibilidad financiera está seriamente amenazada y su viabilidad futura depende del ajuste en el gasto.
Pero volvamos a los datos.
Sector local en Navarra
En el informe de la Cámara de Comptos sobre el sector local-2008, se advierte de un aumento de los gastos, disminuyendo los ingresos. Así, comparando la situación financiera del Sector Público Local entre los años 2008 y 2007 presentaba un cuadro sombrío:
- Disminución en un 23 por ciento del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Pese a este decremento, los ingresos corrientes aumentaron en un 5 por ciento.
- Aumento de los gastos de funcionamiento en un ocho por ciento, en mayor medida que los ingresos corrientes, por lo que el ahorro bruto generado en 2008 fue un 12 por ciento menos que en 2007. Esto, unido a que la carga financiera aumentó en un 11 por ciento, provocó que el ahorro neto de 2008 fuera un 23 por ciento menos que en 2007.
- Las inversiones de 2008 fueron un 22 por ciento menos que las realizadas en 2007. La disminución del excedente de recursos ordinarios supuso el aumento de otras fuentes de ingresos para financiarlas. Así, los ingresos por deuda financiera aumentaron en torno a un 30% y también se recurrió en mayor medida al remanente de tesorería para gastos generales; en 2007 se emplearon 33 millones frente a los 52,7 millones de euros en 2008.
La situación empieza a ser preocupante porque un aumento de la deuda (y por tanto de la carga financiera) con disminución de los ahorros de recursos ordinarios, limita la posibilidad de acometer inversiones no subvencionadas. Por otro lado, el mayor crecimiento del gasto corriente frente al ingreso corriente origina la disminución del ahorro bruto y neto desde el 2006 al 2008.
En definitiva: una disminución del remanente de tesorería para gastos generales dado que los ingresos de un ejercicio no son suficientes para atender los gastos del ejercicio y se recurre a ahorros generados en años anteriores
La puntilla
A esta escasez de recursos locales, la Directiva de Servicios había venido a dar al puntilla, al sustituir la exigencia de “autorización” por la Declaración Responsable/Control Posterior en muchas actividades que no comprometan intereses urbanísticos o medioambientales sustantivos, lo que trae consigo una merma en los ingresos tributarios derivados de las tasas locales.
Tras la reforma operada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que dispuso la Reforma del TRLHL, (RDLeg 2/2004, de 5 de marzo) en la letra i) del artículo 20.4 que legitima la exigencia de tasas por el:
“Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así como por la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo.”
Sin embargo, el nuevo escenario comporta una actividad municipal de distinta naturaleza (comprobación) y distinto coste, por lo que habrá de tener en cuenta que las tasas no podrán exceder el coste global de tal labor, y el principio de proporcionalidad.
Fiscalizacion.es 
Antonio:
El problema de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria , y las locuras de la DGCF con CCAA y EELL en su intento de aplicarla, es que no se centra en el equilibrio financiero de la entidad, el Remanente de Tesorería para gastos generales (el Fondo de Maniobra, Fondos líquidos, más deudores menos acreedores, menos dinero afectado a gastos específicos, subvenciones finalistas, ingresos para inversiones, … lo que serían «derramas» en una Comunidad de Vecinos); y sus esfuerzos son inútiles. Si tienes un Remanente negativo y no puedes corregirlo en menos de 4 años con un préstamo de menos del 5% de los ingresos corrientes (límites del Art. 192 de la Ley de Haciendas Locales) … el Alcalde pasa y no quiere oír hablar de planes de saneamiento, porque su horizonte temporal es ese, así de corto.
Es ahí donde tendrían que insistir , en los planes para corregir el déficit y recuperar una posición de liquidez, de equilibrio financiero de la Entidad, y no en las incongruencias que llevan al Consejo de Ministros.
Veamos la incongruencia: Mira el Programa de estabilidad aprobado en Consejo el viernes 29 de abril, segundo párrafo de la pág. 17 del documento, la 18 del fichero pdf: las EELL cumplieron (el objetivo era -0,8 % PIB), ahora el cuadro de la pág. 23 (la 24 del pdf): objetivo 2011, otra vez el -0,8, el -0,3 para 2012 …; ahora vete a la pág. 44 (la 45 del pdf) y busca medidas para cubrir a los proveedores que han tenido la desgracia de pertenecer a los ayuntamientos que generan el déficit previsto del -0,8 % del PIB (como algunas EELL tiene superávit, las que generan el déficit es en cuantías que superarán con mucho la media) … ¿como cobran? … con confirming y factoring sin recurso (vendiendo el papel a un banco que le anticipa al proveedor), o como lo quieras llamar, porque la vía del crédito se la han capado …. ¿de verdad crees que cortar el endeudamiento reduce el déficit? El endeudamiento es consecuencia del déficit, la fiebre es consecuencia de la infección, y para la infección antibiótico, y para el cáncer quimioterapia, no aspirina y morfina …., pero el canceroso necesitará morfina mientras lo supera, y el infectado necesitará aspirina (o analgésicos más fuertes) mientras se cura la infección …. y si no, nada, que los proveedores no cobren.
Ahora piensa solo en términos agregados, macro, imagina que todo el sector local fuera una única administración y analiza los cuadros que te mandé … ¿no es raro que esa empresa llamada EELL necesite financiación y no se endeude? ¿acaso lo hace el Estado? Por cierto ¿como puedo subir un cuadro del déficit y deuda de CCAA y EELL al blog. Es mucho más «ilustrativo» que el que se ha publicado.
Sin embargo eso no es así; hay miles de ayuntamientos que, a pesar de la crisis, conservan su posición de equilibrio financiero (de liquidez a corto) y que, a pesar de pequeños altibajos, se mantienen en la senda de la estabilidad del Presupuesto; siendo preciso detectar los que tienen un Remanente de Tesorería Negativo y falta de capacidad de financiación para actuar sobre ellos con planes de saneamiento que acaben realmente con el déficit y les permita en 4 u 8 años recuperar la posición de equilibrio que requiere el art. 192 de la LHL (que antiguamente se llamaba superávit del presupuesto refundido y que ahora, con sus matices respecto a la magnitud anterior, lo denominamos Remanente de Tesorería). El déficit de los presupuestos locales, con un poco más de historia que el nuevo Leviathan de las CCAA, siempre ha estado prohibido por las leyes, desde los tiempos de la Instrucción para el Gobierno económico-político de las provincias de 22 de junio de 1813 y de la Ley de organización y atribuciones de los Ayuntamientos de 14 de julio de 1840.
SL 2
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Totalmente de acuerdo. Aunque yo añadiría más. Debería imponerse una fórmula matemática estricta para la provision de ingresos de dudoso cobro, que tienen su reflejo inmediato en el remanente de tesorería. Respecto del déficit, la normativa no es demasiado exigente. Y nadie vigila su aplicación. Los interventores interinos o cargos de confianza miran hacia otro lado. La inexistencia, en muchos ayuntamientos, de interventores habilitados da pábulo a estas triquiñuelas. Éstos, los interventores, deberían tener una retribución fijada por el estado, …. pero esto es otra historia. Y para finalizar, los OCEX deberían tener capacidad sancionadora, y verías cómo espabilan los ayuntamientos.
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Para mi la solución es sencilla. Drástica, pero sencilla: el alcalde que tenga remanente negativo de tesorería dos años seguidos ha demostrado su incapacidad por tanto procede su inhabilitación automática, «ex lege», y a perpetuidad para todo cargo público. Como los políticos son profesionales tomarán buena nota. Otra fórmula conveniente es que el acreedor de una corporación pueda reclamar sus deudas directamente contra el patrimonio personal del Alcalde ¿quién se atreve a adoptar estas decisiones? Nadie: los políticos no harán nada contra sus intereses porque son una casta que esta por encima de los problemas de los mortales. La crisis y putrefacción de la Constitución de 1978 es ya evidente.No hay salida. Los funcionarios de habilitación nacional hemos sido arrinconados en nuestras funciones para un estado que no tolera que le digan que sus políticos están desnudos.
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Totalmente de acuerdo con todo lo apuntado.
Me quedo, sin embargo, con lo que apunta Jesús Camps; es necesario establecer una fórmula matemática obligatoria para la determinación de la provisión de dudoso cobro.
…Y apunto una idea más; el tope máximo para presupuestar ingresos en cada capítulo debe ser igual a la recaudación líquida del ejercicio anterior (ejercicio corriente, no de cerrados)….En el caso de que se modifiquen ordenanzas fiscales al alza, se puede incrementar la cifra sólo en el % de aumento que suponga sobre la recaudación líquida del ejercicio anterior.
¿Más medidas? Apunto algunas más:
-En caso de impago de retenciones de IRPF o de cuotas de Seguridad Social, no se pueden recibir subvenciones.
-Si no se rinden cuentas en plazo no se pueden recibir subvenciones.
-Fijación por ley de criterios objetivos para la determinación de los sueldos de los Alcaldes y Concejales.
-Fijación por ley de criterios para determinar el número máximo de miembros de la corporación a los que se le puede establecer dedicación exclusiva o parcial,
-Fijación por ley de criterio para determinar el número máximo de personal eventual en las corporaciones locales, y para determinar sus retribuciones.
-Mantener la prohibición del endeudamiento a largo plazo para inversiones para los Aytos que mantengan un determinado porcentaje de endeudamiento.
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También, totalmente de acuerdo con lo apuntado. Solo añadir que resultaría aconsejable exigir responsabilidad real, es decir, de verdad, a las autoridades y los funcionarios responsables de falseamiento intencionado de la información contable pública … y también a las autoridades y a los funcionarios responsables de su verificación. Igual que le pasa a los administradores y/o a los auditores externos de una pequeña sociedad mercantil … y que no resulte que los acreedores de la misma resulten dignos de mayor protección que los ciudadanos en su conjunto.
Saludos.
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El artículo 46 de la Ley General Presupuestaria, en relación a Limitación de los compromisos de gasto, dice textualmente: «Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el título VII de esta Ley.»
Cabe colegir, por sentido común, que la limitación (y responsabilidad) del artículo anterior debiera operar también sobre las previsiones de ingresos; en el sentido de que las mismas deben ser realistas (como acertadamente señala UMMJ en su último comentario) y no marcianas.
¿Qué «boutade» es esa entonces de pretender implantar «a partir de ahora» un «techo de gasto» para las administraciones públicas? … ¿o esa otra de auditar las Comunidades Autónomas?, ¿que no lo están? o ¿es que el correspondiente trabajo no está bien hecho?
¿Y las CCLL …?
Un cordial saludo.
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Totalmente de acuerdo Javier
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Un caso mas: La Gerencia de Urbanismo de Sevilla, en 2001, con todas la bendiciones y aprobaciones del pleno del Ayuntamiento, firma con las organizaciones sindicales la exteriorización del compromiso por pensiones que tenían en su convenio colectivo, y se compromete al pago de cerca de 1.000 millones de la antiguas pesetas en concepto de servicios pasados en un Plan de Reequilibrio, (RD 1588/1999, Reglamento sobre instrumentación de los compromisos por pensiones) a abonar en 15 años. Desde el año 2009 no se están haciendo efectivos dichos abonos. ¿Podría haber incurrido en responsabilidad la administración firmante?
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MAYORÍA DE EDAD – EFICIENCIA – RACIONALIZACIÓN
Llevo ya muchos años ejerciendo en la administración local y como dice el refran la mayoría de las veces los árboles no nos dejan ver el bosque.
Mi opinión respecto a la situación de la administración pública local no ha canviado después de más de 30 años de democracia, seguimos siendo menores de edad, incapaces de adoptar nuestras propias decisiones y con un mínimo de 3 tutores legales que deciden que es lo mejor para el hermano pequeño.
El porqué de todo ello es largo de explicar pero solo quería apuntar una de las rémoras de nuestra administración pública que genera unos costes de ineficiencia en la gestión de los recursos públicos de los cuáles nunca oimos hablar ni a los políticos, ni en la prensa ni en los foros económicos de este país.
Esta rémora que nos acompaña permanentemente tiene un nombre, subvención finalista, y mi opinión es que su prohibición automáticamente reduciria el gasto público global del conjunto de administraciones entre un 10 y un 20 %.
Como ciudadano y no ya como interventor o funcionario de la administración me encantaría que se realizará un estudio, se racionalizara económicamente y se debatiera políticamente sobre cual es el coste real que soporta el conjunto del sector público de este país en la solucitud, gestión, financiación y justificación de la inmensidad de subvenciones finalistas que recibe el sector local de las comarcas, diputaciones, comunidades autónomas, administración central y fondos europeos.
Realmente sería interesante conocer los costes de personal, estructura, material, publicaciones y anuncios, etc, etc que nos generan las subvenciones finalistas y que porcentajes de gasto de cada nivel de administración se destina tanto a atorgarlas como a su control.
Seguramente nos sorprendería comprovar que si se atorgará la mayoría de edad a la administración local y se convirtieran todas las subvenciones finalistas en transferencias corrientes no condicionadas en base a criterios de población o el que sus señorías decidieran el déficit público de este país dejaría de existir de un plumazo.
No hace falta debatir si diputaciones si o no, sencillamente miremos que porcentaje de su gasto se destina a atorgar subvenciones finalistas a los ayuntamientos y que ese importe incremente la participación de los municipios en los ingresos del estado y hagamos lo mismo en la comunidad autónoma y en el estado y que cada administración se dedique a aquello que le pertoca y asuma sus competencies y deje de dirigir y tutelar el interés público local.
Si llegase ese día la administración local debería ponerse de largo y celebrar que por fín es mayor de edad !!!
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Estamos llegando al final del tunel, pero lo que se avista no es la luz, sinó mas bien un precipicio sin fondo.
Las EELL (y todas las AAPP) llevan años falseando las cuentas, haciendo ingenieria financiera, centrifugando deuda, despilarrando en inversiones inútiles y costosísimas, pero que como en toda estafa financiera, sea piramidal o ponzi, al final, lo que manda es la CAJA, en el momento en que no se pueda pagar, es cuando stodo se desmorona y se demuestra la tremenda realidad, ese batacazo que por desgracia nos vamos a dar como pais, porque no se puede sostener un pais con un déficit público cercano al 10% y un déficit de balanza de pagos crónico por otro 10% del PIB.
Somos un 10% mas pobres de lo que deberiamos ser, pero nos resistimos y nos endeudamso cada año un 10% de la riqueza nacional que generamos entre todos para mantener nuestro «bienestar», hasta que el que nos fia deje de confiar en nuestra capacidad de devolución y se produzca la quiebra del pais.
Un pais sin «comoditys», sin liderazgo, con el poco talento que hay huyendo com puede, un pais de funcionarios y camareros, con el turismo como última tabla a la que agarrarse, tiene poco futuro.
Lo siento Antonio por hacer un comentario tan pesimista, pero estoy viviendo vivo y en directo como nuestras queridas EELL están llegando a un punto de «no retorno» y el ajuste necesario es tan drástico, que nadie se va a atrever a dar el paso.
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