El Primer Ministro británico acaba de anunciar que privatizará todos los servicios públicos , salvo el poder judicial y la seguridad nacional. En un artículo publicado el domingo en el Daily Telegraph, Cameron anuncia un próximo Libro Blanco que concretará su programa para que la gestión de los servicios públicos se ofrezca al mercado y al sector no lucrativo, a través de concursos que resolverán las correspondientes licitaciones.

Ahora, el lema de campaña es “del Gran Gobierno a la Gran Sociedad” y el argumento la búsqueda de la eficiencia, la eficacia y la competencia en la gestión de los servicios públicos. “Ya se trate de las tasas de supervivencia al cáncer, de los resultados escolares o de la delincuencia, en los últimos tiempos nos estamos deslizando lejos de los países comparables”, afirmó Cameron.

El debate sobre la productividad y la eficiencia del sector público es necesario. Pero no se nos debe olvidar que la administración pública también comparte otros objetivos; además de prestar servicios públicos de calidad debe ser objetiva, transparente y honesta. Véase, como ejemplo, el artículo 103 de la Constitución Española.

Estos propósitos complementarios, que imponemos a las instituciones públicas, exigen normas específicas, que en muchos casos, por comparación con el más libre sector privado inciden negativamente en nuestra eficiencia. Sin embargo, esas normas y esos procesos que nos convierten en blanco de críticas permiten ofrecer más garantías a los ciudadanos. Descubrir con mayor facilidad cuestiones no menores, como la existencia de corrupción o la legalidad de una decisión política tiene un coste.

La Administración es un contrapeso necesario a las decisiones del poder ejecutivo. O como en el caso de Bélgica, es el único peso frente a un Gobierno bloqueado. El equilibrio de desconfianzas mutuas genera un sistema indudablemente menos ágil, pero más garantista y justo. Los países que gozan de una tradicional sociedad civil más activa pueden hacer descansar una gran parte de sus mecanismos de control en procedimientos informales, y confiar en que el propio funcionamiento colectivo ejerza esa necesaria supervisión. A todos nos viene a la cabeza los transparentes impuestos nórdicos. Quizás el Reino pueda permitirse esas aventuras, aunque no debemos olvidar que España tiene una breve tradición democrática, y nuestro funcionariado ha sido lo suficientemente responsable para dar incontables ejemplos de independencia, control interno y rigor en la defensa del interés general.

Con esto no quiero decir que la función pública sea una construcción angelical exenta de las clásicas tensiones entre principal y agente. Como reconocía Francisco Longo, no hemos tenido patronales públicas capacitadas y dispuestas a defender los intereses ciudadanos: “El amateurismo de los políticos y su aversión al conflicto han caracterizado habitualmente la negociación colectiva, del lado patronal. Enfrente, cuadros sindicales altamente profesionalizados han ejercido todo el instrumental de presión a su alcance”.

En fin, que el anuncio de Cameron promete influir en las campañas electorales del resto de esos países comparables, entre ellos el nuestro. Sin embargo, puesto en una balanza, el sector privado no está para tirar cohetes. La banca comercial, sin ir más lejos, levantó con los constructores una burbuja cuyos efectos estaremos pagando durante años todos los ciudadanos. Aunque la obsesión por la eficacia y el hacer más con menos ha generado toda una cultura gerencialista en el sector público. Pero, ojo con trasladar los modelos de manera automática, que las culturas corporativas no se cambian por decreto. El gran número de suicidios de empleados en France Télécom, tras su privatización y la evolución hacia una gestión más agresivo dejó en evidencia la degradación de la convivencia en la empresa.

Veamos algún principio de management privado. El joven economista asturiano Jorge Juan Fernández, , en su libro “Las reglas del juego” (Leqtor, 2010, 300 páginas y 19 euros) presenta algunos preceptos para el funcionamiento de las modernas organizaciones y, en general, de nuestra economía del conocimiento. En el texto encontramos el Principio de Randall que dice así: los jefes competentes valoran los resultados, mientras que los jefes incompetentes valoran el esfuerzo. Aplicar estas recomendaciones en la Administración Pública, donde lo importante parecen ser los procesos, supone la típica fuente de conflictos entre la legalidad y la eficacia que los interventores discuten cada día con los gestores. Puestos a ahorrar, es mucho más barato un seguro daños que un vigilante de seguridad y nadie entendería que se sustituyesen.

Lo cierto es que los controles de eficacia escasean en el sector público, sólo la legalidad manda. Eso no significa que la simplificación no esté en todas las agendas políticas. Como ejemplo, la tendencia en la política de I+D de la Unión Europea: ante los altos costes administrativos asociados a la gestión y el control de las subvenciones de los proyectos de investigación científica surge con fuerza una corriente para financiación a tanto alzado por logro de objetivos científicos. El propio Tribunal de Cuentas Europeo ha respaldado que, en lugar del sistema actual de «pagos según los recursos empleados», se pase a un sistema de «pagos por resultados”. La verdadera razón es que los mejores investigadores estaban empezando a desertar, hartos de la complejidad administrativa.

Quizás sea mejor que cada ciudadano valore en su fuero interno su grado de satisfacción con los servicios públicos y para ello le brindo un ejemplo universal. En España, Correos ha pasado del servicio público integrado por funcionarios con uniforme y derecho administrativo, a Sociedad de Capital público con mayoría de personal laboral y aplicación del derecho privado y donde se ofrecen todo tipo de promociones y servicios, en régimen de competencia. La clave no está en la forma jurídica de gestión sino en la capacitación de los empleados y en la existencia de una crítica ciudadanía vigilante. Ahí está el reto.

Publicado en La Nueva España.