Hoy, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó en la Biblioteca Nacional (Madrid) el informe La Universidad española en cifras-2010, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Se trata de un macro-informe que agrega y compara los principales datos e indicadores de las Universidades presenciales (públicas y privadas) del Estado español. 

El estudio agrupa por Comunidades Autónomas (CCAA) la información financiera, relativa al ejercicio liquidado a 31 de diciembre de 2008, así como la información académica del curso 2008-2009 y viene siendo dirigido desde hace quince años por el profesor Dr. Juan Hernández Armenteros, que fue Gerente durante más de una década de la Universidad de Jaén y que siempre ha tenido acogida en esta bitácora (ver informe 2008 y también el informe 2006).

El libro contiene tres CD’s e incluye interesantes comparaciones entre universidades y CCAA,  a través de la evolución de sus magnitudes desde el año 2000, en una década que ha visto significativas mejoras de la información financiera de las instituciones de educación superior.

El abundante material ya está disponible en la web de los rectores (www.crue.org) así que podemos comentar dos interesantes cuadros, de los cientos que incluye el estudio. Veámoslos:

Crecimiento del Personal Docente e Investigador a fin de ejercicio 2000-2008 (V.I. 1A)

Crecimiento medio de plantillas académicas entre el 5% gallego y el 30% aragonés. Quienes se aproximan a la gestión universitaria y ven que, cayendo el número de alumnos el profesorado ha crecido, por termino medio más del 17%, tienen la impresión de que los recursos humanos no están bien organizados. Una idea muy frecuente entre los auditores (ver reseña sobre el informe del Tribunal de Cuentas sobre la universidad española-2003) y cuya realidad tiene mucho que ver con la ampliación de centros, campus y universidades llevada a cabo en esta década en toda España.

Un ejemplo de esta aproximación nos lo presenta el catedrático de la Universidad de Valencia, José A. de Azcárraga, que criticaba este crecimiento desordenado en el último número de la revista CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA nº 209, bajo el título “Universidades manifiestamente mejorables”. Para él, la supuesta ‘sana competencia’, que se aduce para justificar la duplicación de enseñanzas y centros no es, en realidad, mas que “marketing puramente falaz, pues al ser públicos no pueden ‘quebrar’ y desaparecer cuando su calidad es escasa o no atraen suficientes estudiantes (..) Paradójicamente, cuanto más se globaliza el mundo en que vivimos, más se cantonalizan nuestras universidades”.

El estudio de la CRUE no está exento de cierta autocrítica. Así, entiende que «el crecimiento de la oferta pública de titulaciones y plazas de los últimos años, junto al aumento vinculado de personal y la bajada de demanda de algunos estudios, ha llevado a situaciones de alta subactividad y/o ineficiencia en los costes». En lenguaje de Sancho Panza, que el propio Juan Hernández avanzó en las jornadas de Gerencia: una ruina.

Un año más, la Comunidad foral de Navarra sigue liderando la financiación pública por estudiante, con 7.736€, casi el doble que la extremeña (4.161€) seguido de las Universidades del País Vasco (7.331€) y de Cantabria (6.908€).

El libro incluye tres artículos que analizan los datos y aportan interesantes opiniones de expertos . Incorporamos a continuación el epígrafe final (pág. 94) de la Tribuna firmada por Juan Hernández Armenteros (director del estudio) y el Gerente de la Universidad Politécnica de Valencia, José Antonio Pérez García. En la foto, en una reciente visita a Asturias:

A modo de conclusiones (J.A. Pérez y J. H. Armenteros)

Resulta necesario y, hasta cierto punto, urgente que las universidades españolas en su reflexión estratégica se formulen la coexistencia y la intensidad de sus diferentes ámbitos funcionales: educación, investigación e innovación; dado que el hecho de que todas compartan determinados valores y tengan tareas comunes, no implica que todas deban presentarse con idénticos perfiles, ni tampoco tengan que garantizar actividad en todas estas facetas para que puedan ser referenciadas con calificativos de calidad y/o excelencia. Como se afirmaba en la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas (COM (2006), 208, de 10/05/2006)19: “La investigación, debe seguir siendo una tarea clave de los sistemas universitarios, pero no necesariamente de todas las instituciones”. Obviamente, con independencia de la visión y de la estrategia que cada universidad pueda formular para posicionarse en un mundo cada vez más global y competitivo, lo que no puede asumirse es que las necesidades financieras de una determinada actividad asfixien el desarrollo normal de las restantes actividades universitarias.

En la resolución de esta deficiencia las universidades públicas tienen que mejorar los sistemas de información para generar la documentación adecuada que les permita gestionar con eficacia las diferentes actividades productivas que son la razón de ser de la financiación universitaria. Al mismo tiempo, deben establecerse políticas diferenciadas de incentivos para las distintas unidades operativas (centros, departamentos, grupos de investigación, etc.) a las que van destinados los recursos financieros y, por último, deben, junto a la administración financiadora, mejorar y estrechar los mecanismos de coordinación universitaria para evitar las capacidades ociosas y establecer la senda de la especialización y la diferenciación institucional.

El corolario de las reflexiones que se han apuntado sobre el comportamiento y la evolución que viene manifestando la financiación de las universidades públicas presénciales en España es, en su conjunto, positivo en la medida que se han ido alumbrando espacios de actividad universitaria que, con mayor o menor intensidad, estaban en penumbra. Actualmente, los focos de referencia de la financiación universitaria deben dirigirse, en nuestra opinión, a garantizar que la suficiencia financiera del Sistema Universitario, en general, y del Sistema Universitario Público, en particular, avanza de manera sostenida para lograr las referencias financieras que identifican a los Sistemas Universitarios Europeos que vienen liderando el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Este objetivo debe ser compatible con mejorar los actuales niveles de eficacia que se vienen observando en el gasto universitario, mediante actuaciones que propicien la reducción, la racionalización y la especialización de la oferta institucional de enseñanzas oficiales, al tiempo que modifiquen los comportamientos académicos de los usuarios de los servicios educativos incidiendo, directa y progresivamente, en los importes de los precios universitarios aplicables según el grado de reiteración que cada estudiante manifieste al formalizar su matrícula.

Igualmente, es necesario que las universidades públicas establezcan sistemas de gestión e información que permitan conocer los recursos asignados y los resultados obtenidos para cada una de las funciones, enseñanza, investigación e innovación, que dan contenido a su misión institucional. La permanencia de los actuales sistemas de asignación de la financiación y de la materialización del gasto, además de resultar escasamente analíticos, favorece la presencia de bolsas de ineficiencias productivas en el seno de las instituciones y dificulta notablemente el establecimiento de modelos de financiación que diferencien entre universidades atendiendo a la presencia, a la actividad y a los resultados que en cada momento manifiesten en sus respectivas funciones productivas.

La incertidumbre, la discrecionalidad, la ausencia de criterios objetivos y la improvisación son actitudes que deben erradicarse de la financiación universitaria. Igualmente seria una política miope condicionar la evolución de la financiación universitaria a los vaivenes de la coyuntura económica, dado, de una parte, su carácter de política medioplacista y, de otra, porque como afirma el reciente premio Nobel de Economía, Paul Krugman, en momentos de crisis hay que aumentar el gasto para activar la economía y no mirar al déficit fiscal. La financiación universitaria en España debe, definitivamente, situarse en el umbral que nos corresponde como economía que ocupa el octavo/noveno lugar a nivel mundial para garantizar esta posición, y, en consecuencia, resulta prioritario iluminar las sombras que hoy por hoy están presentes en el Sistema Universitario Español.

Las actividades universitarias, enseñanza e investigación, han registrado en España en los últimos veinte y cinco años una extensión e intensificación como nunca se había producido desde la remota aparición de las universidades, permitiendo, en un corto período de tiempo, acercar nuestro Sistema a los parámetros de actividad universitaria que identifican a las sociedades más avanzadas del planeta.

La materialización de este esfuerzo ha sido posible por la decidida voluntad de los responsables de la administración educativa que han ido provisionando progresiva y continuamente a las instituciones universitarias de los recursos financieros necesarios, aunque no suficientes, para atender las demandas de servicios universitarios que la sociedad española ha venido solicitando. Sin embargo, el nuevo escenario competencial que promueve la Ley de Reforma Universitaria del año 1983, ha propiciado algunos desajustes productivos en el seno de las instituciones universitarias públicas, a la vez que ha generado comportamientos financieros dispares que, con frecuencia, resultan difícil de objetivar atendiendo a sus identidades funcionales.

Las universidades españolas, las públicas y las privadas, tienen que asumir en los próximos años unos compromisos que afectan al conjunto de sus actividades formativas e investigadoras por la materialización del Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación. Este nuevo contexto propicia nuevas oportunidades para nuestras instituciones y, a la vez, incorpora mayores niveles de competencia que pondrán en evidencia las calidades relativas de los servicios que venimos ofreciendo a nuestros clientes. La financiación, tanto la pública como la privada, aparece en este nuevo contexto como una variable estratégica para suavizar y dinamizar los diferentes efectos que este proceso de cambio traerá a la vida universitaria española.

No obstante, conviene no olvidar el carácter instrumental que tiene la financiación para el cumplimiento de los objetivos que conforman la misión de las universidades, siendo necesario abordar otros ámbitos de la realidad universitaria para poder garantizar la eficacia que se presume de la suficiencia financiera. En esta dirección, aspectos relacionados con la gobernanza institucional, la profesionalización de la gestión universitaria, la evaluación y acreditación institucional, la cooperación funcional entre las instituciones, la comunicación institucional y la coordinación interinstitucional son, entre otros, ámbitos que hoy por hoy se presentan manifiestamente mejorables.

Las universidades públicas están obligadas a conseguir un nivel de suficiencia financiera competitiva. La amplitud y la calidad de los servicios que deben ofrecer al país debe proporcionar una oferta formativa e investigadora de la misma amplitud y nivel de excelencia que la de aquellos países de referencia, que forman parte de nuestro entorno competitivo, y que resuelven mejor su papel en una sociedad globalizada.

La universidad española actual es la mejor que el país ha tenido nunca, tanto en términos de recursos disponibles y equilibrio territorial, como respecto a su contribución a la formación de capital humano, generación de conocimiento y traslación del mismo al sistema productivo. Pero dicho esto, hemos de concluir también que su comportamiento, y sobre todo sus resultados, están lejos de los de aquellos que representan hoy el horizonte de la excelencia.

El Gobierno, otros responsables gubernamentales regionales y dirigentes empresariales, han sostenido explícitamente en los últimos años la necesidad y la voluntad de ampliar la suficiencia financiera del sistema universitario español hasta alcanzar el 1,5% del PIB. Pero esto no es suficiente, son necesarias políticas de financiación universitaria diseñadas con inteligencia para promover los cambios que son necesarios para alcanzar dichas metas.

El desplazamiento del actual nivel de suficiencia hasta el horizonte del 1,5% del PIB, mediante la aportación de más recursos públicos y privados, tendrá que venir acompañado de un compromiso institucional efectivo (con resultados medibles), que remueva muchos obstáculos internos de nuestras universidades(algunos de ellos férreamente impuestos por la normativa legal: rigidez de manejo de recurso de personal o gobernanza, por ejemplo), que permitan mejorar su productividad social y su nivel de excelencia académica.