El presidente del Tribunal de Cuentas de España Núñez estuvo el viernes pasado en la Universidad de Oviedo, donde pronunció una conferencia titulada ‘El comportamiento ético en la gestión pública‘, con motivo de la festividad del patrono de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort.
Núñez habló sin pelos en la lengua, sobre corrupción, sobre reformas legislativas necesarias, pero también sobre función pública.
Según su tesis, que pasó desapercibida para los medios de comunicación, el germen de la corrupción se encuentra en la generalización de los puestos de libre designación entre los funcionarios con altas responsabilidades en materia de control económico y financiero. Tuvo especiales referencias para los Habilitados estatales del mundo local.
Unos días antes, Sevach se había atrevido a publicar en la prensa asturiana, todo un decálogo contra la corrupción que incluía un apartado similar y que la semana pasada incluyó en su bitácora.
Cualquier directivo público aspira a tener la ayuda de un gestor que comparta sus objetivos, esté al día en las nuevas tecnologías, conozca la normativa que debe aplicar y esté al tanto de sus últimas reformas. A veces, la expectativa es más simple y sólo se trata de que le espere en la oficina para despachar cuando la sobremesa de la comida de trabajo se alarga en exceso.
Todos conocemos funcionarios que se quedaron en el temario de la oposición, cuando accedieron al correspondiente cuerpo o escala administrativa. Algunos fueron dejando en el camino habilidades como la iniciativa, la creatividad o la capacidad para la innovación o las relaciones humanas. Dicen que para evitar su anquilosamiento, surgió la libre designación.
Sin embargo, los órganos de control interno deberían estar fuera de ese juego. La Oficina Antiraude de Cataluña (OAC), que depende del Parlament, acaba de concretar en 34 medidas los compromisos que deberían asumir las principales instituciones catalanas. Elaborado en diciembre pasado, está pendiente de recibir confirmación y adhesiones. Pues bien, el citado pacto por la integridad pretende reforzar la independencia de los órganos de control interno de los ayuntamientos, garantizando la solvencia de los secretarios e interventores, asegurando, a través de la Conselleria de Governació y las diputaciones, que no queden vacantes estas plazas. La OAC apuesta por reformas legislativas para garantizar la transparencia en la concesión de subvenciones y suspender la entrega de ayudas a las administraciones que, como pasa ahora, no respondan ante la Oficina o la Sindicatura de Comptes.
El atajo de la Libre Designación
Para los funcionarios más jóvenes, que llegan empujando “fuerte”, la libre designación se convierte en su mejor arma para “saltarse el escalafón” y para ello, nada mejor que ser reclamados por un directivo político, incluso de otra Administración. Si además existe cierta afinidad con el partido en el Gobierno de esa Administración, parece que hay un atajo garantizado.
La extraordinaria serie británica, “Si, Ministro”, ha retratado, muy bien las patologías funcionariales y políticas. El asunto es simple: ¿Tiene derecho el político a tener colaboradores de su confianza? Si, pero ¿a qué nivel? Aquí debemos distinguir entre Administración y Gobierno. Para ello, nada mejor que recordar los anuncios o carteles que inauguran o señalizan las obras públicas: han pasado a encabezarse con el título de “Gobierno de Syldavia”, donde la Administración parece haber desaparecido como sujeto titular de esas actividades, a favor de los fines electorales del Gobierno de turno.
Una Administración de los funcionarios o de los políticos.
Es cierto que la jurisprudencia permite la libre designación cuando se da el requisito de la especial responsabilidad, si bien, con frecuencia se omite su justificación. Por ejemplo, el 16 de septiembre de 2009 se produjeron dos sentencias del Tribunal Supremo sobre la el asunto. Una primera anulo una plaza de libre designación por no haber sido motivada su inclusión en la RPT. Otra recordaba su carácter excepcional, en la medida que completa el método normal de provisión que es el concurso, se aplica a determinados puestos directivos y de confianza:
La objetivación de los puestos de esta última clase («especial responsabilidad») está incorporada a las relaciones de puestos de trabajo, que deberán incluir, «en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos», y serán públicas, con la consecuente facilitación del control. Se puede concluir este apartado, por tanto, que «la asignación del sistema de libre designación comporta, por parte de la Administración, el ejercicio de una potestad discrecional con elementos reglados»».
Al final, como quien tiene la llave para acabar con la generalización indiscriminada de la libre designación es precisamente personal de libre designación, el personal eventual o los políticos gobernantes, pues difícil resultará atajar el problema. De hecho, baste como ejemplo, el intento del Estatuto de aludir a esa «tercera vía» del directivo profesional, cuyo desarrollo pese a no estar sujeto a reserva de ley, sino a simple reglamento, no ha nacido ni se le espera. Otras ocasión perdida.
Fiscalizacion.es 
Buenos días desde Colombia profesor Antonio. Considero el tema de mucha importancia el día. ¡Que! importante es focalizar estos aspectos relacionados con prácticas de corrupción.
La designación y la contratación son nichos de dicho fenómeno que se presenta en lo planetario, referenciando a Edgar Morin. ¡Que daño! se hace a las comunidades y ¡que implicaciones! dañinas genera para la confianza pública.
¡Felicitaciones,! un gran tema para enlazar en mi blog.
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En los foros de Expansión (http://foros.expansion.com/gestion-publica/99049-profesionalizacion-de-jefes.html) dejé escrito el siguiente artículo:
LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS «JEFES»
Es fundamental que aquellos cargos con responsabilidad, desde Jefaturas de Sección, Jefaturas de Servicio, Directores Generales, etc, sean ocupadas, no sólo por gente competente, sino que además, sirvan con objetividad los intereses generales y que sean imparciales en el ejercicio de sus funciones, como así exige el artículo 103 de nuestra Constitución.
Pero como sabemos, dichos cargos, se eligen por el sistema de LIBRE DESIGNACIÓN, que el político que manda en ese momento, concede los distintos puestos de jefaturas y direcciones, al que tenga carnet, a los amigos, etc. El “jefe”, en este caso, por muy eficiente que sea y por mucho que sepa de la materia que le ha tocado gestionar, debe hacer lo que le mande el poder político, le guste o no, pues su puesto se lo debe al político y se lo juega si no hace lo que le manda. Dichas jefaturas, se utilizan en la práctica como un enlace entre el poder político y la gestión administrativa. La batalla, la mayoría de las veces, la gana el político, y más cuanto más pequeña sea la administración (Ayuntamientos y Diputaciones)
¿No creen Vds. que el sistema de “Libre Designación” es completamente inconstitucional, que viola claramente el artículo 103?
Por otra parte, del nuevo personal directivo, el artículo 13.3 del EBEP dice que “El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.” En ningún caso habla de que deba servir con objetividad los intereses generales ni de que deban ser imparciales, sólo habla de eficacia, eficiencia y de que se evaluará objetivamente su gestión (¿Vds. creen que será así en la práctica?) Tampoco se exige que sean funcionarios. Puede ser personal contratado para ese fin, lo que me hace dudar mucho de su objetividad y su imparcialidad (o hace lo que le diga el político, o va a la calle. Lo veo así de claro). Han pretendido copiar el modelo que ya existe en muchos países de Europa desde hace años, pero, como digo, a mi no me convence nada. No tiene nada que ver con el personal directivo que existe en Francia, Alemania o Reino Unido, independientes del poder político a la vez que profesionales de su trabajo.
En mi opinión, cualquier puesto de responsabilidad en la Administración (Jefaturas de Sección, Servicio, Secretarias y Direcciones Generales y demás puestos similares) debería ser ocupado por personal que han superado una prueba objetiva para ello. Debería crearse un cuerpo especial de GESTORES ADMINISTRATIVOS, tomando como modelo el de los FUNCIONARIOS LOCALES CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, convocando pruebas a nivel nacional para ocupar estos puestos de responsabilidad. A imitación de estos “Cuerpos Nacionales”, se deberían de crear distintas categorías, dependiendo del grado de responsabilidad (Jefaturas de Sección y Servicio, por una parte, y Direcciones Generales y asimilados, por otra).
Así, los puestos de responsabilidad serían ocupados por personal, primero, que ha demostrado su capacidad mediante una prueba objetiva y segundo, que es totalmente independiente del poder político y que seguirá en su puesto, gobierne quién gobierne.
No es necesario que me digan Vds. que los primeros que se opondrían a este sistema serían los propios políticos. A éstos nos les gusta nada que los funcionarios se opongan a sus propósitos políticos argumentando criterios técnicos o legales. No les gusta que, si le dicen a un técnico, que hay que hacer esto o aquello, el funcionario le diga que eso no se puede hacer, no se debe hacer o que hay que hacerlo de tal modo.
Verían a este nuevo cuerpo de Gestores Administrativos como los que ponen palos en la rueda del carro de sus pretensiones políticas, por eso, esa rivalidad se traduciría en un beneficio para la sociedad.
¿Por qué? Pues porque los políticos, como una forma de atacarles, les exigiría rendimiento y eficacia en su trabajo. Sería su única arma contra ellos.
A estos nuevos gestores, para cumplir con ese objetivo y evitar que el político tuviera argumentos para expedientarlos con la ley en la mano, no les quedaría más remedio que rodearse del personal más competente, incentivando a los subordinados que trabajaran bien y penalizando a los vagos, ineptos y vividores. Como forma de incentivar a los buenos funcionarios, se aplicaría el sistema de niveles y la carrera profesional horizontal que se recoge en el nuevo EBEP.
Eso traería un gran beneficio, tanto para los buenos funcionarios que estarían más motivados como para la sociedad en general, y acabaría con los “garbanzos negros” y con los típicos funcionarios de los chistes de Forges.
La Administración la deben de gestionar los funcionarios, no los políticos. Éstos están para hacer propuestas y aplicar un programa político. Los funcionarios están para decirle al político si se puede hacer, si se debe hacer, cómo hacerlo y cómo hacerlo al menor coste.
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No se coman demasiado el coco. Copien el modelo de como funcionaban los ayuntamientos en España hace 40 años. Rehabiliten las circunstancias de aquellos Secretarios, Interventores y Depositarios y tendrán el problema resuelto hasta donde la condición humana lo hace posible.
Buenas noches.
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¡Y seguimos girando en torno al problema de la independencia!
En principio, al Observador yá se le quemó el coco..¡copiar el modelo de hace cuarenta años! Parece que extraña los tiempos de Franco, pero las circunstancias en la historia son irrepetibles, Señor. Y en esto de los desvaríos se pintan solos, tal como el Presidente del Tribunal de Cuentas de España, que ha encontrado el hilo negro, al detectar el germen del complejo problema de la corrupción.
En lo cuerdo, sí se debe reforzar la independencia de los órganos de control, pero le dan vueltas y vueltas al problema, y encuentran como «perfectos culpables»…a los políticos, Claro está. No hay otra, tírenle a los políticos y acertarán. Pero no, en realidad los escándalos de corrupción están motivando que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones de control y fiscalización, porque los políticos han perdido desde hace mucho tiempo la credibilidad.
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La libre designación entre funcionarios es un canto al nepotismo, enchufismo y un buen abono para intercambio de puesto por cualquier otro tipo de favores.
No obstante, mucho peor es esa colección de «funcionarios» de empleo que se llaman, no de carrera, que no tienen que pasar por una oposición, no tienen que tener un título universitario para cobrar como titulados A más muchos complementos y que se dice son de «confianza» del político. ¿Los que muchas veces le hacen de coimero , comisionista?
El funcionario de confianza lo tiene que ser no del politico o del partido sino del ciudadano y no hay mayor confianza que la de cumplir y hacer cumplir la ley, entre otras la de acceso a la función pública.
¿Cómo es que ningún sindicato ha llevado todavía las leyes que permiten esos nombramientos ante el Tribunal Constitucional?
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Antonio, creo que el tema es mucho más profundo. No estoy de acuerdo para nada en que el «mal» esté en la libre designación, aunque efectivamente habría que matizar cuando utilizar este sistema de nombramientos.
Pero casos conozco yo flagrantes, de funcionarios, no personal de empleo, y no nombrados por libre designación cuyas decisiones rayan lo delictivo cuando no lo irregular de manera permanente.
Y en este sentido, y auqnue a mi no me beneficie porque me pone también como al resto en el punto de mira, sigo pensando lo mismo que escribí en uno de mis post http://ovetus.blogspot.com/2010/03/responsabilidad-politica-y.html
Creo que es hora de que cada cual asuma sus propias responsabilidades individuales, no te parece?
Porque al fin y al cabo, a los políticos los juzgan las urnas o la opinión pública, pero a los crápulas que les consienten que hagan chanchullos, quien los lleva al juzgado?
Yo recuerdo muchas veces, al Interventor de mi Ayuntamiento en los años 70, repitiendo como una muletilla «me vais a llevar a la cárcel» para protestar cuando alguien metía la pata, involuntariamente casi siempre, y él tenía luego que corregirlo. Menos mal que se ha muerto, que si llega a vivir estos tiempos, se muere antes.
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La Justicia anula 250 puestos de funcionarios nombrados a dedo.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias aprobada el viernes de la semana pasada ha resuelto anular más de 250 nombramientos de funcionarios aprobados por el sistema de libre designación en la Administración del Principado. El auto falla a favor de una denuncia interpuesta por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (Cofpa) y se suma a otras dos demandas interpuestas en la misma administración que juntas rescindieron 181 nombramientos. En total, ya son más de 430 cargos de funcionarios anulados por sentencia judicial en los últimos años tan sólo en esta autonomía.
Ver sentencia
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En los últimos IGNobel (Nóbel alternativo) destacó el Premio de Gestión al profesor Alessandro Pluchino de la Universidad de Catania por demostrar matemáticamente que cualquier organización funcionaría de forma más eficaz si los ascensos son realizados al azar.
El objetivo de esta ceremonia es hacer reír primero y después pensar. Con este galardón lo han conseguido.
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