El Informe de la Sindicatura valenciana sobre las cuentas de las entidades locales correspondientes al ejercicio 2007 refleja que los municipios valencianos han pasado de una capacidad de 356,9 millones a una necesidad de financiación de 32,55 millones de euros. En palabras del órgano de control: «disminuye un 109% y se sitúa en negativo«.
El informe cobra especial interés por ser el primer agregado de cuentas locales que marca la frontera entre la situación pre y postcrisis. Si la opulencia del ladrillo terminó con estos datos financieros locales, no quiero ni pensar lo que nos podemos encontrar en el agregado correspondiente a los ejercicios 2008 o 2009, con el desplome de la recaudación haciendo estragos.
Las principales magnitudes locales habían empeorado durante 2007. Esa es la la principal conclusión del informe. Tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería agregado ha disminuido, mientras el gasto por habitante y el endeudamiento han aumentado. Los municipios de Castellón reflejan el mayor gasto por habitante (1.115 euros), mientras los de Alicante registran el menor ratio, con 933 euros. Del mismo modo, la presión fiscal es superior en Castellón (638 euros por habitante), frente a los 566 de Alicante y los 508 de Valencia
El informe, presentado la semana pasada en las Cortes valencianas, recoge la información económico-financiera de 584 entidades locales que han remitido sus estados contables antes del 8 de octubre de 2009, lo que supone el 90% del total, una vez deducidas las que no tienen actividad. Además, incluye una serie de ratios e indicadores utilizados para el análisis de la gestión pública.
De las 584 entidades que han presentado sus cuentas, 225 (el 38,5%) fueron requeridas por la Sindicatura de Comptes para que subsanaran las incidencias registradas, que ascendían, en conjunto, a 1.198. Sin embargo, el 68% de las entidades las subsanó.
En el caso de los municipios, el 91% de los 542 ayuntamientos han remitido sus cuentas. De los 48 ayuntamientos que no han presentado sus estados contables, 3 tienen más de 20.000 habitantes y dos de ellas entidades tampoco han presentado la cuenta de 2006, lo que constituye “una reincidencia en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas”, señala el informe.
Indicadores económicos y financieros
El análisis de los estados agregados del sector público local muestra un empeoramiento de algunas magnitudes. Por ejemplo, el resultado presupuestario agregado de los ayuntamientos experimentó una disminución del 22%, pasando de 391,39 millones de euros en 2006 a 306,5 millones en 2007. Los municipios que han tenido un resultado presupuestario negativo han sido 156, según se recoge en Informe.
El remanente de tesorería, que constituye una magnitud fundamental, ha disminuido un 6%, pasando de 1.264 millones en 2006 a 1.191 millones en 2007. Los municipios que liquidaron sus cuentas con remanente de tesorería negativo para gastos generales fueron 107.
El indicador de capacidad o necesidad de financiación ha disminuido en un 109% situándose en negativo. De hecho, ha pasado de 356,91 millones en 2006 a -32,55 millones.
El gasto público por habitante se ha incrementado en un 8%, desde los 899 euros de 2006 a los 973 euros de 2007. La mayor tasa de gasto la registran en Castellón, con 1.115 euros por habitante, seguida de Valencia (968) y Alicante (933). El endeudamiento por habitante se ha incrementado en un 4% pasando de 460 euros en 2006 a 478 en 2007.
Presentamos a continuación algunas de los principales indicadores de la salud financiera municipal.
Indicadores municipales(datos en euros) |
|||
| Indicador |
Alicante |
Castellón |
Valencia |
| Gasto por habitante |
933 |
1.115 |
968 |
| Inversión por habitante |
175 |
285 |
208 |
| Ingresos por habitante |
935 |
1.097 |
988 |
| Carga financiera por h. |
68 |
66 |
65 |
| Presión fiscal por hab. |
566 |
638 |
508 |
| Capacidad/necesidad de financiación |
(10.505.465) |
(23.049.290) |
996.454 |
| Periodo medio pago (día) |
96 |
61 |
88 |
| Periodo medio cobro (d.) |
50 |
33 |
52 |
Fiscalizacion.es 
Es preocupante la situación de las cuentas públicas en el ámbito local de nuestro país.
Felicitar a la Sindicatura Valenciana por un trabajo de agregación, seguro que muy laborioso, que permite que muchos ciudadanos abran los ojos a la realidad municipal.
Si estos son los datos de 2007…
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El diario Cinco Días publico hoy la siguiente noticia:
El Gobierno recortará la financiación a los municipios que no reduzcan el déficit.
Jaume Viñas – Madrid – 18/02/2010
El Gobierno ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de acuerdo para incorporar a los ayuntamientos en el objetivo de reducir el déficit. En el documento al que ha tenido acceso CincoDías aparece la posibilidad de que el Ejecutivo reduzca las transferencias a los ayuntamientos que no cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria.
El recorte afectaría a aquellas partidas que «no vengan determinadas por normas vigentes o acuerdos exigibles.» El texto enviado a los ayuntamientos es muy parecido al que también recibieron las comunidades. El Gobierno pretende que las administraciones territoriales contribuyan con 10.000 millones de euros al recorte presupuestario de 50.000 millones hasta 2013 que el Consejo de Ministros aprobó hace quince días.
La FEMP y el Ministerio de Economía discutirán la propuesta en la Comisión Nacional de Administración Local. El Ejecutivo también insta a los ayuntamientos a informar trimestralmente de los pagos atrasados a sus proveedores. Esta obligación también rige para la Administración central y autonómica. El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible contempla que las administraciones reduzcan paulatinamente el plazo de pago de sus facturas. El objetivo es que en 2013, el sector público pague a 30 días como máximo. De todas las administraciones, los ayuntamientos son los que tienen más problemas para abonar a tiempo sus deudas.
Control de los salarios
Si se aprueba la propuesta con su redacción actual, los ayuntamientos deberán presentar en el plazo de tres meses un «plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos con el objetivo de reducir el gasto público». En 2009, las corporaciones locales registraron un déficit del 0,5% del PIB y el Gobierno quiere reducir esa cifra al 0,2% en 2013.
Además, Economía insta a los ayuntamientos a que todas las actuaciones en materia retributiva se instrumenten a través del «oportuno y necesario proceso de diálogo social». El Gobierno reclama «una política de contención de los gastos de personal».
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En realidad es muy sencillo resolver este problema: a todo aquel alcalde que presente una liquidación negativa de SU presupuesto le serán amputadas las manos: la izquiera en el primer año de déficit y la derecha en el segundo.
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Pero si la mayor parte de las entidades locales –aunque, formalmente, presenten sus cuentas ante el correspondiente órgano de control externo de su comunidad- no son auditadas … ¿qué tendrán que ver los datos ‘presentados’ con los reales? … la diferencia no será baladí.
Por presentar, yo podría –como decía el genial Coll, ya fallecido- presentar un certificado donde diga que mido 1,95 metros …
El problema, en mi opinión, es poner negro sobre blanco y dejar bien clarito si ‘presentar’ cuentas (magnitudes relevantes: especialmente, Resultado del ejercicio, Remanente de tesorería, Deuda, etc.) manifiestamente distintas de las reales (básicamente como consecuencia de gastos efectivamente realizados sin crédito presupuestario y/o de ingresos –inflados- registrados sin el debido soporte que los respalde) es delito o no lo es.
Y si lo es -que pienso que lo es- si se responde ante la justicia o se sigue igual que siempre, y, entonces … todo da igual … y contables públicos, interventores, auditores y/o órganos externos de control es mejor que se queden en su casa o se vayan al bar a jugar una partida de mus.
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El que piense desde su despacho ministerial que los ayuntamientos van a abonar sus facturas a 30 dias en 2013 es que no tiene ni idea de lo que es la administración local de hoy en día, un coto sin vallar de impunidad en el que campan a sus anchas vividores de la politica, estomagos agradecidos, plantillas que engordan por via digital a base de sobrenombres como «técnico de cultura y dinamización juvenil» o»tecnico responsable de comunicación» o «tecnico de la mujer etc etc etc…… en fin en mi casa de toda la vida el tecnico era el que venía y arreglaba el tv. pero ahora, lo llaman la politica del siglo XXI……LO DEL 2013 SE CONSIGUE METIENDO LA TIJERA POR AHÍ.¿QUIEN LE PONE EL CASQUABEL AL GATO?…….. QUE ME DEJEN DE MILONGAS
Y además hasta que deje de salir gratis arruinar un Ayuntamiento, SEGUIREMOS IGUAL, en otros paises esto sería impensable, pero esto es españa.
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Hoy, 1 de marzo de 2010, el Gobierno de España ha presentado un documento con sus propuestas para la RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO.
En su apartado II, denominado MEDIDAS PRIORITARIAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN DEL CRÉDITO, se puede leer la “MEDIDA 49”, que, respecto a los mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago de las Administraciones Públicas, dice:
“Mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago de las Administraciones Públicas: Estas obligaciones incluirán la información trimestral para la Administración General del Estado, las CC.AA. y las Corporaciones Locales. Se establecerá además un registro de facturas en las Administraciones locales que permitirá que los interventores requieran a los órganos gestores la tramitación en plazo de los expedientes. El Pleno de las Corporaciones Locales recibirá trimestralmente información sobre las facturas pendientes de pago.”
A mí, esto de establecer para todas las AAPP un REGISTRO DE FACTURAS (¡como lo oyen¡, ¡y eso que sólo estamos en 2010¡ ) me parece un inexplicable exceso de rigor. Cualquier día, con este nivel de pulcritud y exigencia, se las obligará a llevar todos los libros de contabilidad o, si se descuidan un poquitín, a aplicar los principios contables y normas de valoración previstos en el plan de contabilidad pública.
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