Los grupos mayoritarios del Parlamento navarro han solicitado a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo. Se trata de una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria. El encargo busca rendir cuentas a la sociedad navarra sobre la “idoneidad de la gestión efectuada” desde el ejercicio 2000 hasta la actualidad, así como servir de «punto de partida para futuros cambios en la financiación por el Gobierno de Navarra o para la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior”.
Para ello deberá analizar el modelo de financiación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), comparándolo con otras universidades españolas y extranjeras, y su sistema de gobierno. Para ello, tendrá que informar sobre la posición de la UPNA en todos los estudios de rankings de universidades publicados y realizar una encuesta sobre la satisfacción del mercado laboral con la formación y la investigación de la UPNA.
El estudio solicitado intentará «valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA» y se compondrá de los siguientes apartados:
análisis del modelo de gestión económica del centro académico; análisis de los costes de las titulaciones en el curso 2008-2009; análisis de los gastos en 2008 de los grupos de investigación, el equipamiento docente de los departamentos, el gasto corriente de las unidades funcionales de gasto no afectas, el equipamiento informático, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios (se controlará las retribuciones, indemnizaciones y horas de actividad de ambos sectores, y se les comparará con el PDI y el PAS de otras universidades) y transferencia de conocimiento; y un análisis de evolución de los indicadores de asignación de recursos a departamentos y centros de 2002 a 2008, la oferta y demanda de titulaciones y matriculación de las mismas entre los cursos 2001-2002 y 2008-2009, y los gastos por capítulos económicos y su financiación de los años 2000 a 2008.
Un informe muy ambicioso.
Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2004, presentaba (diario ABC, 28 de abril de 2001) las tribulaciones de los equipos rectorales y su limitado margen de maniobra, en una organización descrita de la siguiente manera:
«Una estructura de toma de decisiones que es orgánicamente confusa y técnicamente ineficiente. Esa estructura hace inviable el rigor en la selección del profesorado, convierte en retórica bien intencionada la planificación estratégica, obliga a sacrificar lo importante por lo urgente, diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables”.
El Informe Bricall, en esos mismo años, realizaba un diagnóstico poco favorable de la organización universitaria, donde «prima sobre todo el debate y falta el rigor, la eficacia y la adecuada definición de órganos y funciones«.
Nuestra Universidad Pública está organizada en torno al concepto de Administración Pública y, como tal, con potestades y privilegios, pero también con enormes condicionantes, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento a los intereses generales, al procedimiento administrativo, al derecho presupuestario o al control judicial de su actuación y de los fines que la justifican.
Pudo haberse optado por caracterizar las universidades como sociedades públicas o fundaciones, según la legislación laboral, mercantil y civil, pero no se hizo. Por el contrario, se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático, es verdad, lo que hace muy difícil promover la responsabilidad personal, la toma de decisiones y en definitiva con enormes dificultades para la gestión del cambio.
Cuando los Órganos de Control Externo se acercan a la Universidad Pública el aspecto que más extrañeza les produce es esa intrincada organización, con un modelo de gestión participativo «que se convierte en cuasi asambleario, por la gran cantidad de órganos de dirección y por el escaso margen de maniobra», afirmaba la propia Cámara de Comptos en la década pasada, en que llegó a concluir:
«A nuestro entender, el marco que regula la institución no es el más adecuado para efectuar una moderna gestión de la actividad universitaria que tenga como guía los principios de eficacia, eficiencia y economía«. (Informe de Fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra del ejercicio 1996. Apartado 3.3.4.1.BOPN de 20.2.98)
Otra de las experiencias de la Cámara de Comptos, también por encargo de su Parlamento, fue la denominada Auditoría Docente Externa de la UPNA, de su personal universitario y recursos. El informe (BOPN de 15-1-1998) y se pronunciaba sobre criterios de plantillas y sus departamentos (estructura, alumnos por profesor, grupo y asignatura, dedicación docente, etc.), costes y ratios (profesor/alumno por titulación, departamento y sus costes), equipamiento (gastos por áreas, aprovechamiento de infraestructuras) y previsiones de desarrollo y nuevas titulaciones (costes de implantación). En el apartado de profesorado (cumplimiento de la dedicación, incompatibilidades) decía esto, en una época donde todavía seguía creciendo el alumnado:
“La carga media general se sitúa cercana al máximo, si bien hay diferencias notorias entre los departamentos. Existe un primer bloque de departamentos en los que incluso la carga docente supera la capacidad (…) Hay un segundo bloque cercano al máximo y un tercero en el que la carga se sitúa por debajo del 80% de la capacidad docente…” (apartado VII.II.D).
En fin, que el más veterano Órgano de Control Externo de nuestro país tiene ante si un nuevo reto, que no dudo acometerá con el rigor y la independencia que le caracteriza. Por lo pronto, la decisión parlamentaria ha generado gran recelo entre los universitarios, como podéis ver en el magnífico blog de Joaquín Sevilla, cuya entrada os avanzo que se titula: Requiem por la autonomía universitaria«. Estaremos atentos.
Fiscalizacion.es 
Querido Antonio, lo primero agradecerte tu elogiosa cita, probablemente excesiva. Pero además tengo que disentir.
¿Se audita la eficiencia legislativa de los parlamentos? ¿Se hacen informes sobre qué comisiones realizan más propuestas de ley? Pues igual de poco natural me parece que se audite la carga docente de los Departamentos de la universidad. ¿Se audita la oferta pública de empleo de la Dirección General de Prisiones o la jornada laboral de la policía?
No se trata de tener zonas de sombra, sino de diferenciar entre lo que es el cumplimiento de la ley y lo que es el acierto en el ejercicio de un cargo público. La adecuación de las políticas puestas en marcha por un gobierno la juzgan los electores, si transparencia y legitimidad los tribunales de cuentas. De igual forma, la política universitaria que desarrolla un equipo rectoral la han de juzgar los votantes en las siguientes elecciones, y el tribunal de cuentas verificar que se hayan desarrollado conforme a derecho.
Por otro lado, la profesionalidad de la Cámara de Comptos está fuera de toda duda, pero no ha sido ajena a algunos juegos políticos. Hubo un tiempo en que las conclusiones de los informes anuales de auditoria los conocíamos antes por la prensa (más de una vez en primera página) que por el cauce oficial, y desde luego antes de la fase de alegaciones. Afortunadamente se pudo negociar un mayor cuidado de esa, si no irregularidad, cuando menos inconveniencia para la UPNA.
Por último, la cuestión de fondo es que los políticos de esta Comunidad nunca han asumido el carácter diferenciado de la Universidad respecto del resto de «Diputación». Cuando se usan las instalaciones de la UPNa por parte de Departamentos del Gobierno Foral (para realizar oposiciones, por ejemplo) no pagan alquiler, dan por supuesto que los espacios son suyos. Sin alargarme más en la descripción, es ese sentido de malentendida «propiedad» el que está detrás de la solicitud de un informe de «eficiencia». Igual que se exigió la instalación de un Campus injustificado o se está estudiando en el Parlamento la implantación o no de la titulación de Medicina.
Creo que hay demasiadas injerencias en la toma de decisiones ya de por sí compleja de esta universidad, y me temo que este informe no va a mejorar la situación.
Me gustaMe gusta
Yo aprovecho lo que me sugiere esa estupenda entrada para expresar públicamente unas preguntas que me hago a menudo…
¿Qué sentido tiene que las Universidades Públicas sean autónomas?…Ya sé lo que dice la Constitución y la normativa de desarrollo.
¿Entendéis que está bien fundamentada (más allá de lo que dicen las leyes) la legitimidad de quienes gobiernan las universidades públicas? ¿Tiene sentido que gobiernen una Administración Pública unos funcionarios públicos que forman parte de su plantilla?
Me gustaMe gusta
Antonio, enhorabuena por afrontar tan poliédrico como inagotable asunto, que, a mi modo de ver, tiene un problema de planteamiento, que no es otro que la falta de establecimiento de objetivos claros por la C.A., que permitan establecer si la universidad los cumple-eficacia- y, apartir de ahi, con que coste-eficiencia-.Partimos del problema que no se ha establecido cuales el coste medio del servicio público de la educación superior en el estado, a pesar de estar previsto como en los demás servicios públicos en la LOFCA desde los primeros 80, lo que plantea, además, el problema de las dos CC.AA forales, así como los distintos sistemas de cálculo de la subvención en las 15 CC. AA. restantes, por lo que creo que , a pesar de los denodados esfuerzos del Gerente de la U. de Jaén, poco hemos avanzado,lamentablemente, en el asunto, no obstante su capital importancia, ya que, como siemore recuerda Sevach, sin autonomía económica no la hay universitaria
Me gustaMe gusta
Las universidades necesitan un fuerte revulsivo, excesiva endogámia en todos los campos, no se valora el merito en ningun campo. Sólo hay que ver los informes de, p.e., la Sindicatura de Comptes de Catalunya, para ver los defectos, informe tras informe, en la gestión y que no se corrigen por que no hay mecanismos sancionadores por incumplimientos graves en procedimientos. Falta muchísima más transparencia para conseguir más participación. En las universidades se juega con la democracia sin que se ejerza. Se agota al que participa con reuniones vácuas y de trámite. Parece que no se desea la participación. Todas las universidades tienen suficiente autonomia para establecer mecanismos de participación que no hay interés en establecer. La universidad requiere de un fuerte correctivo para exigirle mas. Es un poder muy grande, con medios, trabajadores jovenes y con ganas, poco pagados, que espanta a los politicos. Y está al servicio de los Jefes de Departamento y Catedráticos, que a su vez lo estan del poder economico, no de la sociedad. Y tiene solución con acciones de incremento de la participación, que poco costaria implantar.
Me gustaMe gusta
No estoy de acuerdo en nada con Joaquín Sevilla y sí con Antonio Arias.
Hay que fiscalizar la universidad, igual que las prisiones, los parlamentos, la policía… y todo lo demás. Público debe ser sinónimo de transparente.
La siguiente afirmación de Joaquín Sevilla me parece, cuando menos, aventurada y falta de rigor: «la política universitaria que desarrolla un equipo rectoral la han de juzgar los votantes en las siguientes elecciones, y el tribunal de cuentas verificar que se hayan desarrollado conforme a derecho«.
Es decir, que las elecciones «lavan» cualquier gestión (buena o mala; limpia o corrupta) y que el Tribunal de Cuentas (o Comptos) sólo debe verificar la legalidad. PARA NADA. Sería como decir que un gestor público corrupto (en la universidad o en cualquier ámbito) queda perfectamente exonerado cuando vuelve a ganar las elecciones. ¡Si Montesquieu levantara la cabeza…! Y sería como negar que nuestra Constitución obliga a la eficacia, la eficiencia y la economía, además de la legalidad, por supuesto.
Por lo que respecta a las cuitas «caseras» de Navarra no opino porque no las conozco.
Me gustaMe gusta
Sin duda que la Universidad puede mejorar mucho en cuanto a sus procesos de toma de decisiones. Es cierto que hay una situación casi feudales con «señores» que tienen poder (tácito pero enorme) sobre unos cuantos súbditos y que se enfrentan entre sí. Pero también es verdad que es donde se produce el 70% de la investigación española. Es mejorable, pero no es una institución anquilosada e improductiva como se quiere hacer creer a veces. Y como es mejorable debería intentarse mejorar, pero eso es tarea del legislador, que deberá modificar la normativa vigente, no de del ejecutivo a través de estrecheces presupuestarias basadas en informes.
Respecto de la autonomía universitaria, en mi opinión es un concepto fundamental dado que en la universidad fundamentalmente se hace ciencia, y la creación del conocimiento científico (tantas veces opuesto a los intereses políticos) debe estar razonablemente protegida de injerencias externas. Otra cosa es que la constitución apostilla «en los términos que la ley establezca», y las leyes (orgánicas) de universidades deben conciliar esa razonable protección con la también razonable dirección de la universidad hacia los intereses sociales. Seguramente el intento más interesante en esa línea de conciliación de dos intereses fue la introducción de los Consejos Sociales y los Gerentes profesionales. También la elección del Rector por sufragio universal (ponderado) de la comunidad universitaria en vez de los claustros fue una medida para limitar esos poderes tácitos. Creo que hay que mejorar en la gobernanza de las universidades y poner la autonomía universitaria en un marco razonable, pero no eliminarla.
Me gustaMe gusta
Nos aporta Antonio, en esta mañana de primavera, con sus luces y sombras, una de las cuestiones que mayor número de esas luces y sombras tiene: la autonomía universitaria en su vertiente más controvertida, la gestión económica y su control. Y en relación con ello sólo pretendo dar una pincelada, indicando que, desde mi experiencia directa en la gestión jurídica universitaria, entiendo que la consideración legal de la autonomía universitaria, desde el punto de vista institucional, salvaguarda a las Universidades Públicas de aquellas posibles presiones que, de forma conyuntural, pudieran desear ejercer los agentes externos, tanto públicos como privados, garantizando, al mismo tiempo, la neutralidad de estas Instituciones en el desempeño de sus actividades, incardinándolas en la búsqueda del progreso y el desarrollo de la sociedad en la que se ubican, y a la que deben servir, y para lo que habrán de utilizar, entre otras, de las posibilidades conferidas en la normativa sobre contratación del sector público, cumpliendo, en su caso, las previsiones específicas que les sean de aplicación, así como las que de carácter general también lo sean por su consideración de Administraciones Públicas.
Esto es, la autonomía universitaria es un instrumento, un vehículo para lograr esos fines que se le predican a las instituciones públicas universitarias, y en sí misma es adecuada, pertinente, y puede conseguir la eficacia y la eficiencia, pero las «fallas», consideradas como el movimiento causante de la «dislocación universitaria», deviene de los gestores públicos.
Me gustaMe gusta
Insisto en que -más allá de lo que establezcan las leyes y de lo que dice la Constitución- nunca he entendido ni la autonomía universitaria (considero que lo que tiene que proteger una sociedad democrática es la libertad de cátedra básicamente), ni el hecho de que unos funcionarios públicos se erijan en verdaderos gobernantes de Administraciones Públicas que realizan proyectos de inversión, que aprueban y gestionan una pamplilla y un presupuesto comparable en muchos casos a la de una gran Diputación Provincial, que realizan actividades dirigidas a los ciudadanos más allá de la propia comunidad estudiantil, y que tienen normas propias que regulan aspectos que nada tienen que ver con la actividad académica.
Yo echo en falta:
-Normas generales de las CCAA de aplicación general al ámbito de las Universidades Públicas de su ámbito,
-Un mayor control (desde normas obligatorias al conjunto de las Universidades Públicas) de la gestión económico presupuestaria, financiera y patrimonial, reforzando el control interno y externo,
-Una redefinición de la Autonomía Universitaria que comporte un reforzamiento del aspecto académico, pero una minoración de competencias y atribuciones propias de otro tipo de Administraciones Públicas cuyos gestores son elegidos de forma directa o indirecta por los ciudadanos en las urnas.
Me gustaMe gusta
La visión que transmite ‘ummj’, siendo absolutamente respetable, pasa por alto –en mi opinión- el papel de los Consejos Sociales de las universidades públicas españolas.
Debe observarse que la autorización de cualquier operación económica relevante –desde el presupuesto inicial, mayor parte de sus modificaciones, programación plurianual de inversiones, cuentas anuales, etc., tanto de la propia universidad como de sus entidades dependientes- compete a dicho órgano colegiado; sin olvidar que, de forma genérica, le compete también la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios, así como las funciones ordinarias de control interno de las cuentas de la institución, pudiendo recabar del resto de los órganos de la universidad, así como de los servicios, centros y departamentos, la información que considere precisa para el ejercicio de sus funciones.
La mayor parte de sus miembros, de conformidad con la Ley orgánica de universidades, son externos o ajenos al mundo académico. Su Presidente, es nombrado directamente por la Comunidad Autónoma en la forma que determine la ley respectiva.
La mayor parte de las universidades públicas españolas, además de sus mecanismos de control interno, ‘pasan’ dos (o más, si se tienen en cuenta controles sobre subvenciones puntuales) auditorías externas con pleno alcance: una por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y otra por parte del OCEX autonómico.
En el sector público español, en mi opinión, difícilmente puede encontrarse un ejemplo de mayor supervisión económica externa que en las universidades públicas: desde luego no en las EELL … de las que pronto sabremos el ‘montante’ e impacto en el déficit público español –y deuda- que resulta del la aplicación del Real Decreto-Ley 5/2009.
Saludos cordiales.
Me gustaMe gusta
A Javier Grandío:
Conozco a grandes rasgos la normativa reguladora y las funciones de los Consejos Sociales y sigo opinando lo mismo.
Eso que dices que de «difícilmente puede encontrarse un ejemplo de mayor supervisión económica externa que en las universidades públicas….» no lo pongo en duda, pero sí te digo que no coincide con lo que conozco de varias universidades públicas españolas.
Muchas entidades locales no son modelo ni ejemplo en esa materia…otras es posible que sí lo sean. Depende de las decisiones acumuladas de sus gestores políticos, elegidos por los ciudadanos por sufragio directo o indirecto.
Dudo mucho que el RDL 5/2009 vaya a servir efectivamente para aflorar el déficit público local.
Un cordial saludo.
Me gustaMe gusta
Muchas gracias, Antonio. Como siempre, dando en el “clavo”.
La Universidad tiene mucho que aprender de la democracia, como se ve en la reacción del profesor universitario (joaquin Sevilla). Cuestionar a los representantes políticos es cuestionar la separación de poderes: la potestad del legislativo de controlar, a través de sus tribunales de cuentas (en este caso la cámara de comptos), los fondos públicos asignados a la Universidad. La autonomía académica, consagrada en la Constitución, se ha degradado hasta para justificar una autonomía total para hacer lo que me viene en gana.
Esta reacción es muy común en el profesorado universitario, ya que todos sabemos que en la Universidad no hay ninguna separación de poderes ni control independiente de los fondos públicos, por la sencilla razón de que el trabajador (profesor) es dueño de todo (contratación del personal, nombramiento de sus responsables políticos, de sus gestores y controladores) pero, curiosamente, con los fondos de todos los ciudadanos; seguro que Antonio nos puede ilustrar de la evolución en la independencia de los controles económicos en las Universidades y en el caso particular de la Universidad de Navarra.
Suena a chiste que solo pueda controlar al equipo rectoral sus mismos compañeros, a través de las votaciones, cuando debería ser controlado por el ciudadano (a través de sus representantes políticos) porque es el QUE PAGA y por el CLIENTE (EL ESTUDIANTE) que son los paganos de las Universidades. Los que conocemos las Universidades sabemos el sistema electoral: yo te voto si me das….y cuando sales elegido : ¿qué hay de lo mío…?.
Además, si no hay nada que ocultar (todo se hace con la máxima eficacia y control) porqué estas reacciones?.
Es injusto el ataque al tribunal de cuentas navarro (en cuanto a su falta de rigor en la publicidad) porque tiene, como todos, los protocolos para sus informes. borradores, alegaciones y definitivos.
Estoy muy de acuerdo con el segundo comentario de Joaquín (es de sabios rectificar) en cuanto a que hay que mejorar la gobernanza en las Universidades, pero los pasos dados (Consejos Sociales y Gerentes) no han dado sus frutos ya que se sigue decidiendo en función de personalismos, de los votos, y no del cliente que es el estudiante. L
La solución, como dicen mis hijos, cada oveja con su pareja: los profesores a impartir docencia e investigar; los profesionales de gestión (independientes de los profesores) a tomar decisiones y dirigir la Universidad.
Me gustaMe gusta
Estimado ‘ummj’ (disculpa, pero no sé cómo debo llamarte de otra manera):
Difícilmente puede encontrarse en el sector público un ejemplo de mayor supervisión económica externa que en las universidades públicas (que son, creo, algo más de 50) … como difícil también, insisto, resulta encontrar un ejemplo en el sector público de menor supervisión económica externa que en las entidades locales (que son, creo, algo más de 8.000).
De hecho, estoy convencido de que pueden encontrarse –me atrevería a decir que en términos absolutos y no relativos- más informes de auditoria y/o de fiscalización externa de universidades públicas que de entidades locales: desde luego, a igualdad de presupuesto y/o de personas en nómina, el déficit de control externo devenido en las entidades locales constituye -en mi opinión- el paradigma por excelencia de falta de transparencia del sector público español.
Respecto a que ni con el RDL 5/2009 –del que se dice que ‘limpia’ hoy y ‘ensucia’ mañana- pueda llegar a conocerse el auténtico desfase presupuestario acumulado por las entidades locales, pues qué decir (¡), más que corroborar que ese lecho marino, nadie sabe bien a cuántos metros de profundad, no lo conoce nadie … acaso los propios encargados internos de su fiscalización, que en su digna soledad profesional deberían tomar conciencia de que sus mejores aliados y proveedores de aire fresco deben ser los auditores externos: necesariamente.
Pero volviendo a las universidades públicas, decir que se conoce a grandes rasgos la normativa reguladora y las funciones de los Consejos Sociales, y decir que se sigue pensando lo mismo (que su gestión económico-financiera y presupuestaria, en manos de funcionarios no ‘elegidos’, discurre ajena a mecanismos internos/externos de control), es como decir, en mi opinión, que se conocen las normas reguladoras de las haciendas locales y, especialmente, las relativas a las funciones de fiscalización reservadas a determinados funcionarios y que se piensa que la combinación, en la práctica, sirve para poco. Aunque la segunda afirmación pueda tener más fundamento si se conoce que –probablemente por decisiones políticas- las entidades locales reciben pocas visitas de los auditores externos.
Un saludo afectuoso.
Me gustaMe gusta
Yo creo que los Consejos Sociales no estan haciendo el papel teoricamente asignado. Creo que no tienen la independencia que deberian tener. Les faltan mecanismos de advertencia y de sanción. Creo que son muy comparsas. La universidad es un engranaje muy potente, en sus virtudes y sus defectos, y desgraciadamente ahora los defectos la atenazan demasiado y pueden hipotecar su papel social.
Me gustaMe gusta
Antonio, este no sólo es un buen tema, sino que es el tema que hay que arreglar si queremos que las universidades públicas españolas asciendan un escalón. Me explico, pero antes un poquitín de historia.
La mayoría de los universitarios españoles piensan que autonomía y universidad van de la mano desde tiempos inmemoriales (las cadenas a la puerta del edificio, los grises que no entraban sin permiso, etc.). Lo cierto es que en la historia moderna de la Universidad la autonomía sólo aparece en la LRU de 1983, la misma ley que, por cierto, crea los Consejos Sociales. Por lo tanto creo que lo que sí debe ir unido es Autonomía con Consejo Social.
¿Qué ha pasado en estos 25 años? En mi opinión que el desarrollo de los Consejos Sociales ha sido lento comparado con el de la autonomía efectiva (25 años de edad frente a siglos de existencia de algunas universidades). Y creo que ha sido lento por tres motivos principales:
el universitario medio (no sólo los rectores) los ven como un cuerpo extraño, el ciudadano medio desconoce su existencia, y, los gobiernos y parlamentos autonómicos (con todas las excepciones que se quieran poner) prefieren tratar directamente con los rectores (es posible que también desconozcan sus funciones).
Volviendo al tema, no sería más lógico que fuera el Consejo Social de la UPNA el encargado de realizar ese estudio? Está legalmente capacitado para ello, es más, forma parte de sus obligaciones: «supervisar el funcionamiento de los servicios». Con eso desaparecerían todas las objeciones basadas en la autonomía universitaria, puesto que el Consejo Social no es externo sino que es universidad.
Sin entrar en el caso concreto de Navarra, que desconozco, creo que se ha perdido una buena oportunidad de potenciar la imagen de los Consejos Sociales. Aunque también es verdad que la noticia hubiera perdido morbo y seguro que no ocupaba una página, con foto, del periódico en cuestión.
Hasta que todas las partes interesadas no se convenzan de que no pueden alcanzar sus respectivos, y legítimos, intereses sin la complicidad de un órgano que es universitario, pero que tiene una visión más amplia y a más largo plazo que la que puede tener un rector (o un presidente de gobierno autonómico) el problema del gobierno en la universidad no tendrá solución. Hay que darle más peso a los Consejos Sociales en el Gobierno de las Universidades, que no en la gestión , exigirles en consecuencia y, probablemente repensarse su composición. Pero esto ya requiere modificar la LOU y no creo que esté el horno para bollos.
Me gustaMe gusta
Ya basta de lugares comunes. Que si la Universidad necesita autonomía. Que si la Universidad investiga mucho. Que si la Universidad está hipercontrolada. La Universidad es cosa de todos, que todos la pagamos (las tasas de los alumnos apenas cubren el 15% de su presupuesto), y por eso debe dar respuesta clara y supervisada a dos cuestiones:
a) En qué gasta nuestra Universidad. En si hay explicación del crecimiento exponencial de plantillas, y cómo crecen gastos de Servicios de Publicaciones, Asistenciales y prebendas, que harían enrojecer al Interventor con mas tragaderas de la Administración estatal.
b) Cómo produce o rinde nuestra Universidad. Si es por la docencia, ahí está el nivel de estímulo de la masa de alumnos (desencanto y decepción ante la regla general: docencia escasa y de poca calidad). Si es por la investigación:¿ En el último siglo ha recibido algún premio Nobel alguien que haya sido profesor de una Universidad española?. No. Se dice que se investiga mucho, pero se patenta poco, y cuando se patenta, no se rentabiliza nada. Y cuando se habla de ciencia básica, qué casualidad, se habla de la paradoja europea, que si Europa y EEUU aprovecha nuestra ciencia básica.
En fin, a ver si nos damos cuenta de que la otra cara de la autonomía es el control y la responsabilidad. Ya han pasado las vacas gordas. Y hace muy bien la Cámara Navarra.
Me gustaMe gusta
Una universidad, como cualquier otra administración pública, puede cumplir al cien por cien con toda la legalidad -no es poca la que le resulta de aplicación-, puede presentar una información contable absolutamente fiable, completa, veraz, oportuna, etc., y simultáneamente, sin embargo, no ser eficiente -out-puts (relevantes descartando los que no) en relación a su coste- en el desarrollo de las actividades que se le encomiendan, básicamente la docencia y la investigación.
También es verdad que, al menos teóricamente, la ineficiencia en el sector público iría en detrimento de la legalidad, pero eso ya es cultura muy fina que, en mi opinión -aunque se enuncie en algunas normas- todavía no está claramente asentada en España.
Creo que la noticia que da origen a este post, que me parece muy sensata e interesante, va encaminada en ese sentido: “análisis sobre costes y optimización de recursos en la UPNA”. Y pienso que la universidad, por razón del interés general al que sirve y para su propia supervivencia como organización, debe colaborar el máximo para identificar aquellos ámbitos/procesos/actividades en los que interviene de manera ineficiente, adoptando las medidas o soluciones que resulten más sensatas.
El resto del sector público igual: en todos sus niveles. Los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a conocer en qué y cómo se gasta su dinero y cuál es el coste real de los servicios públicos que reciben.
Me gustaMe gusta
El ABC de hoy incluye un interesante artículo de Rafael Puyol, reiterando el pacto universitario:
…..
Pero quiero suscitar la reflexión en el ámbito que mejor conozco. Doy por supuesto que Bolonia es irrenunciable, que el funcionamiento de la Aneca es mejorable y que es preciso incrementar la financiación. Pero ni Bolonia, ni la Aneca, ni siquiera el dinero lo son todo para la universidad española. Hay otras cosas que convendría considerar en ese pacto posible. Sueño un escenario con menos universidades de las Comunidades Autónomas y más estatales que aseguren la política de Estado. Con un sistema con menos Centros y más fuertes lo que no es imposible. Si se fusionan las empresas y los bancos, ¿por qué no las universidades? El pacto debería acordar las formas de seleccionar el profesorado: con más exigencias en la entrada y más flexibilidad para la salida de quienes incumplan o no rindan. Las Comunidades deben establecer políticas que vayan más allá de los estrechos límites de sus territorios. En un mundo global resulta extemporáneo establecer «el mapa de titulaciones» de tal o cual región como si fueran espacios herméticos u opacos.
…….
Me gustaMe gusta
Excelente post sobre la Eficacia y Eficiencia de la Universidad, que sin duda mete el dedo en la llaga; no hay más que echar un vistazo al debate surgido en los comentarios.
En mi opinión, es totalmente oportuno el que se quiera (y se deba) conocer el grado de eficacia y eficiencia de una entidad, como la Universidad pública, que está sostenida por fondos públicos. Es más, creo que una de las debilidades del sistema universitario es el alto grado de opacidad percibida por la sociedad. Digo percibida porque quizás no sea tan opaca como la pintan; como se dice en algunos comentarios, dudo que haya otras entidades públicas q
Me gustaMe gusta
Continuo el comentario anterior, en el que, por error pulsé «enviar» antes de terminar.
Decía que opacidad percibida porque quizás la Universidad no sea tan opaca como la pintan; como se dice en algunos comentarios, dudo que haya otras entidades públicas que se sometan a más control externo. Pero lo que es incuestionable es que, por lo general, no faltan las críticas de la ciudadanía.
Quizás por ello, uno de los pilares a mejorar en nuestras Universidades públicas sea la Transparencia. Las nuevas tecnologías pueden suponer un apoyo importante para avanzar en este sentido.
Se ha aludido en los comentarios tanto a la conveniencia de uniformar las Universidades en el ámbito autonómico como de estatalizarlas. Mi opinión es totalmente opuesta: creo que precisamente una de las barreras para la mejora de la eficiencia puede ser el exceso de uniformidad.
Las Universidades son de las pocas, si no las únicas, instituciones públicas que deben competir por captar «clientes». No hay que olvidar que uno de los criterios de peso para el reparto de la financiación en las comunidades con más de una universidad es el número de alumnos (clientes). La uniformidad ¿no limita la capacidad de competir entre las universidades? ¿No se podría mejorar la eficiencia si las universidades tuvieran más margen de maniobra a la hora de establecer sus estrategias y su organización?
Quiero terminar haciendo una reflexión sobre la finalidad de estos estudios que, en teoría, buscan vislumbrar a la sociedad sobre el grado de (in)eficiencia y (in)eficacia de las universidades: ¿realmente la intención es aportar instrumentos para facilitar la mejora de las instituciones? Quizás, de forma complementaria, sería deseable que se acompañaran de estudios en los que se analice el grado de eficiencia y eficacia (y desarrollo, conocimiento, cultura, etc.) que las universidades aportan a la sociedad.
Me gustaMe gusta
La universidad no puede permitirse el lujo de discurrir sobre caminos trillados, aburrir al personal y marear la perdiz sobre argumentos de la década de los 60-70. Debe producir una gran movilización de ideas, coordinar a los alumnos emtre sí y servir a la sociedad. Si los profesores comienzan a sobrar será cuestión de que los alumnos den las clases por turnos entre ellos. El futuro es hoy decían en una película.
Me gustaMe gusta